El anuncio de la dimisión por “razones personales” del presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, abre más incertidumbres sobre el futuro del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares, infraestructura multimillonaria que el Gobierno de Mariano Rajoy se empeñó en ubicar en Villar de Cañas (Cuenca) en una decisión política de María Dolores de Cospedal que el exalcalde de Ciudad Real recibió el encargo de ejecutar.
Gil-Ortega habría cumplido en junio tres años al frente de la empresa pública. Tres años perdidos, si de lo que se trataba era de sacar adelante esta infraestructura, fundamental para garantizar la seguridad de los residuos atómicos en España. Estas son algunas de las claves que explican su salida.
Pérdida de confianza
Pérdida de confianzaNi Moncloa, ni la vicepresidenta del Gobierno, ni el propio ministro de Industria confiaban ya en la capacidad de Gil-Ortega, con nula experiencia en el sector nuclear antes de su nombramiento, para sacar adelante el proyecto más importante de la historia de Enresa, que este año cumple treinta años de andadura. El manchego se empeñaba estos días en adjudicar la obra principal del ATC (217 millones, sin contar el IVA) –un caramelo que se disputaban constructoras como ACS y FCC– sin contar con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al proyecto.
En pleno año electoral, el ATC se está convirtiendo en una cuestión incómoda para el Ejecutivo. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ya tuvo que contestar hace unas semanas en el Congreso las preguntas de la oposición sobre la infraestructura y José Manuel Soria (de cuyo Ministerio depende la tutela de Enresa) también ha visto cómo se le acumulan las peticiones de explicaciones. Aunque se ha cuidado mucho en ofrecerlas, ha dejado caer a Gil-Ortega, cuya salida se venía fraguando desde la destitución, el mes pasado, del hasta entonces director de Administración, Álvaro Alejandre.
Adjudicaciones en entredicho
Adjudicaciones en entredichoA las prisas por adjudicar la gran obra del ATC se suman los contratos encomendados por Enresa a consorcios participados por Iberdrola Ingeniería, por un importe cercano a los 30 millones de euros. La filial de ingeniería de la eléctrica tiene como consejero y miembro de su comisión ejecutiva al empresario Ignacio López del Hierro, marido de la presidenta castellano-manchega.
Gil-Ortega, que está considerado cercano a Cospedal, se va pero de momento se queda, porque su salida de Enresa sólo se hará efectiva transcurrido el plazo de preaviso de quince días que establece su contrato. Entretanto, tiene vía libre para adjudicar, de manera unipersonal, contratos por un importe de hasta un millón de euros, frente al tope de 220.000 que tenía estipulado su antecesor.
Las dudas sobre la ubicación
Las dudas sobre la ubicaciónEs el principal impedimento que afrontaba Gil-Ortega y ha acabado por enterrarle. El propio presidente de Enresa reconoció, en una comparecencia a puerta cerrada en el Congreso en noviembre de 2012, que no sabía si los terrenos serían adecuados para albergar el ATC, un temor que no se ha disipado con el paso del tiempo. Al contrario.
Como adelantó eldiario.es en noviembre, el CSN trasladó a Enresa en septiembre sus “dudas” sobre la idoneidad de los terrenos en un durísimo informe en el que advertía de múltiples “deficiencias” en la documentación presentada por la empresa pública y solicitaba “aclaraciones e información adicional” sobre 124 aspectos; entre otras cosas, el regulador atómico decía que no hay “un conocimiento suficiente para garantizar el comportamiento seguro” de los edificios, reclamaba “parámetros más realistas” en las mediciones del potencial de inundación de la parcela y advertía de que el acuífero que la atraviesa es “muy relevante”.
El gran riesgo, explican fuentes del sector, no es que los terrenos del ATC no sean viables, sino que el presupuesto de la obra se dispare exponencialmente por la necesidad de reforzar las cimentaciones de tan sensible infraestructura.
El elevado coste de un retraso
El elevado coste de un retrasoA la espera del visto bueno del CSN y del Ministerio de Medio Ambiente (que tiene que emitir declaración de impacto medioambiental favorable al silo nuclear), en el calendario de Enresa hay una fecha marcada en rojo: junio de 2017, fecha a partir de la cual España empezará a pagar una penalización de 70.000 euros diarios (más de 2 millones de euros al mes) a la francesa Areva por los residuos que custodia, procedentes de la antigua central de Vandellòs I, por incumplimiento de contrato.
Con el ATC atascado desde hace tiempo, las eléctricas se han lanzado a promover almacenes temporales independientes en torno a sus centrales para no tener que pararlas ante la próxima saturación de sus piscinas de residuos, una solución más barata que el ATC pero también más insegura.
Colocaciones a dedo
Colocaciones a dedoEn septiembre, Gil-Ortega pedía por carta a Hacienda que agilizase los trámites para contratar a 28 personas, en un procedimiento que, según fuentes internas, abría la puerta a la colocación a dedo de esos candidatos, que se sumarían a otros 40 contratados que ya habían entrado en la empresa por una vía similar bajo su mandato. La excusa, su “extraordinaria preocupación” por un posible retraso en la construcción del ATC.
Unos meses antes, una auditoría interna destapó que Gil-Ortega, que en 2013 cobró 160.000 euros brutos, había cobrado gastos de viaje sin aportar las correspondientes facturas, como exigía su contrato, lo que fue calificado de posible “enriquecimiento injusto” por el entonces responsable jurídico de la empresa, Jesús Moreno, ante la “incompatibilidad” entre el cobro de dietas y el abono de esos gastos “de difícil justificación”. Moreno, firmante del informe, fue despedido tres días después.
Otro informe también referido al ejercicio 2013 daba cuenta de los 9.388,71 euros que Gil-Ortega cargó a la empresa pública en 65 “comidas de empresa” realizadas en ese ejercicio. Su director de Comunicación, el periodista Carlos Dávila (ilocalizable este martes), cargó otros 6.447,33 euros en otros 50 “eventos”.
Carrusel de ceses
Carrusel de cesesGil-Ortega, que se ha encargado de hipertrofiar la alta dirección (en 2013, sus miembros cobraron 681.000 euros, frente a 214.000 un año antes, tras pasar el número de miembros de su comité de dirección de tres a siete), ha fulminado luego a todo aquel que ha osado criticar su polémica gestión en la empresa estatal. En enero pasado cayó Alejandre, hasta entonces director de Administración, procedente del Banco de España, responsable de compras de la empresa y persona de confianza de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.
Obsesionado con la gestión del multimillonario fondo con el que Enresa financia su actividad (costeado por los consumidores durante años vía tarifa de la luz y, ahora, por las propias empresas eléctricas), Nadal no era partidario de continuar con las adjudicaciones sin saber qué condiciones impondrá el CSN dentro de unos meses.
A la salida de Alejandre se suman, entre otros, las del responsable jurídico, el de recursos humanos y, según algunas fuentes, otra de última hora: la del director de Auditoría Interna, Diego Valle, exconsejero del Gobierno de Cospedal en Castilla-La Mancha al que Gil-Ortega habría remitido este mismo martes, horas antes de presentar su dimisión al comité de dirección, un burofax comunicándole su despido. Además, Enresa podría quedarse en breve sin otra pieza clave, su director técnico, Álvaro Rodríguez-Beceiro, que lleva media vida en la empresa y, aseguran diversas fuentes, ha pedido la jubilación.