El Gobierno se abre a compensar a las eléctricas por la exponencial subida del gas a cambio de bajar ya el recibo de la luz. Es la opción que el Ejecutivo ve más viable de cara a la cumbre europea que arranca este jueves: un mecanismo excepcional de compensación ex post –a pagar en el futuro– por el gas que se usa para producir electricidad, mediante la fijación de un precio tope de referencia, que estaría por debajo de los disparatados precios actuales de esta materia prima. Esto permitiría desvincular –o 'desacoplar'– la cotización del gas de los precios de la luz sin modificar el funcionamiento del mercado mayorista. La diferencia entre ese precio de referencia y el real se devolvería posteriormente a las eléctricas. Eso sí, el Gobierno no concreta si se hará con cargo a la futura factura de la luz o con fondos públicos, destinando una partida para ello en los Presupuestos.
Los 27 llegan divididos a esta cita, de la que España espera que salga una propuesta equilibrada entre la necesidad de garantizar la seguridad del suministro con unos precios razonables. Un Consejo Europeo “importantísimo”, como lo definió el martes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, al que el Ejecutivo ha condicionado el paquete de medidas que prevé aprobar el martes para paliar la crisis energética generada por la guerra de Ucrania, en un ambiente de creciente descontento social, inflación rampante y un paro de transportistas que está paralizando la industria –que plantea ya posibles ERTE– y provocando una grave crisis de desabastecimiento.
A la espera de la propuesta de reforma del mercado eléctrico europeo que se espera para mayo, España aspira a salir de este cónclave con margen para poner un tope al precio del gas, la clave de bóveda que explica por qué se han disparado los precios del mercado mayorista eléctrico en los últimos meses. El sistema marginalista en vigor hace que el precio se fije a partir del coste de la energía más cara empleada para producir la luz.
Al menos, y ante la dificultad de poner de acuerdo a los 27, el Ejecutivo confía en poder establecer este precio tope del gas en el mercado ibérico, dada su escasa interconexión con Francia, que España y Portugal llevan años pidiendo aumentar. Ambos países, cuyos sistemas eléctricos funcionan como uno solo, plantean adoptar esa medida de forma excepcional y acotada en el tiempo, y aunque los estados miembros del norte de Europa, encabezados por Alemania, rechacen aplicarla en sus respectivos mercados.
La Comisión Europea plantea la opción
La puesta en marcha de un mecanismo de esta naturaleza está contemplada en la comunicación presentada este miércoles por la Comisión Europea, junto a otras medidas por las que Bruselas no se decanta, porque ha dejado la decisión final de intervenir en manos de los Estados. No obstante, la comunicación apunta a que Bruselas prefiere ayudas directas que intervención en mercado, por los inconvenientes que le ve a las otras opciones.
Según la comisión, la “intervención mayorista en el precio del combustible de generadores de combustibles fósiles supondría introducir una compensación sobre el precio que pagan los generadores de electricidad fósil por su combustible (carbón, gas, petróleo, gasóleo). Como esto protegería a los generadores de combustibles fósiles del efecto de los picos de precios actuales en los mercados internacionales de productos básicos, les permitiría ofrecer su electricidad más barata. Esta opción se implementaría pagando a los generadores de electricidad la diferencia entre sus costes reales de abastecimiento de combustible (gas, carbón) y un precio de referencia preestablecido para estos productos básicos”.
Pero la comunicación de la Comisión Europea advierte de los riesgos de introducirla a escala nacional, porque “podría distorsionar el flujo de electricidad en los países vecinos (UE y fuera de la UE) y desencadenar flujos desde los países con el precio de referencia hacia los que no lo tienen, sin tener en cuenta la escasez, la seguridad del suministro o los costes relativos”. Esta opción también “podría obstaculizar los esfuerzos para disminuir el uso de combustibles fósiles”, advierte la comunicación.
España, que advierte de que el propósito de Bruselas de reforzar los aprovisionamientos de gas de cara al próximo invierno ante la guerra en Ucrania puede hacer que los precios de esta materia prima se disparen todavía más, considera que ese tope al gas en el mercado mayorista eléctrico, que se aplicaría de forma extraordinaria y temporal, tendría un efecto inmediato para intervenir el mercado eléctrico y abaratar los precios.
Fuentes gubernamentales explican que el ahorro final para los consumidores en la factura con ese mecanismo, que en ningún caso sería una ayuda o subvención a las eléctricas, sería sustancial e instantáneo. La bajada, defiende el Ejecutivo, afectaría radicalmente a la baja a los precios del mercado mayorista, con incidencia directa en los consumidores más expuestos: los domésticos con contratos en la tarifa semirregulada (PVPC) e industriales que compran directamente la energía en el pool. También a los nuevos contratos en el mercado liberalizado que se firmasen una vez se pusiera en marcha.
Fuentes gubernamentales explican que la diferencia entre ese tope al gas y el precio real que recibirían las centrales de ciclo combinado (que queman ese combustible) puede costearse por dos vías: cargándola al sistema eléctrico con un “pequeño ajuste” o a través de los Presupuestos Generales del Estado. “Nos sale a cuenta compensar a posteriori y en el tiempo el gas que pagar toda la electricidad a precio de gas”, señala una de las fuentes consultadas. La bajada de los precios de la luz, añaden, sería inmediata en todos los mercados eléctricos europeos. Pero sería especialmente importante en aquellos con menos dependencia del gas y más renovables, caso de España (donde los ciclos que emplean gas solo suponen un 15% de la generación) o Portugal, en los que además la compensación para esas centrales sería, según esas fuentes, de escasa cuantía.
“Lo más sencillo”
“Lo más sencillo es introducir una referencia máxima del precio al que pueden ofertar las centrales de ciclo combinado”, a lo que se uniría “una compensación en el caso de que esté por encima”, dijo el martes Ribera, tras reunirse junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los ejecutivos de las eléctricas, a los que pidió, dijo, un “esfuerzo adicional”.
También el martes, el primer ministro portugués, António Costa, apostaba por “la fijación de un precio de referencia, con el pago de un diferencial al precio de mercado” para esas centrales: “es una solución equilibrada que puede resolver el problema”, según el líder luso.
Esa compensación, explican fuentes gubernamentales, se haría ex post. Y ese pago por la diferencia a quienes producen electricidad con gas con respecto al precio tope de referencia que se fije se podría hacer cargar al sistema eléctrico a través de los consumidores. En este caso, existiría la posibilidad de recurrir al conocido como déficit de tarifa: diferir los pagos en el futuro (con intereses), con cargo a la factura, como ya se ha hecho en el sector del gas desde el pasado septiembre para limitar las subidas de la tarifa regulada.
Es una solución que en el mercado eléctrico ya se utilizó en el pasado en crisis mucho menos acuciantes que esta. Con consecuencias que todavía se están pagando: pasados los años, la bola del déficit creció hasta convertirse en una gigantesca deuda cercana a los 30.000 millones, de la que aún quedan por pagar unos 14.000 millones. Pero esta solución, a diferencia de en casos anteriores, sería temporal, mientras dure la actual crisis energética.
También existe la opción de que esa compensación a los ciclos se haga mediante fondos públicos. Las propias eléctricas la han defendido. La patronal Aelec, a la que pertenecen las dos mayores empresas del sector, Iberdrola y Endesa, han pedido que esa intervención del gas la costeen fondos europeos.
Fuentes del sector recuerdan que, en la reunión del martes entre Sánchez, Ribera y los primeros espadas del sector, estaba presente Manuel de la Rocha, secretario general de Asuntos Económicos y G20 en la Presidencia del Gobierno. De la Rocha está considerado una figura clave en el reparto de los fondos de la UE.
Tope a escala europea
Este miércoles, en vísperas de la cumbre, los consejeros delegados de Iberdrola, Enel (principal accionista de Endesa) y Électricité de France (EDF) pedían en una carta conjunta en el medio ‘Politico’ que se imponga un tope a los precios “en toda la Unión Europea para que los precios del gas vuelvan al menos a los niveles de precios anteriores a la crisis”.
Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Francesco Starace (Enel) y Jean-Bernard Lévy (EDF) consideran que los “cambios mal concebidos” en el diseño del mercado de la electricidad o la “captación de beneficios adicionales –afirman– inexistentes” no serán una verdadera solución a la crisis energética.
En el Gobierno sostienen que no está ultimada la decisión de que sea el sector público el que acuda al rescate para neutralizar la estratosférica subida del gas. Unidas Podemos no ve con buenos ojos las compensaciones a las grandes empresas. Reclama que financien vía subida de impuestos para las compañías por el incremento de los precios, una opción que el ala socialista ha descartado.
La formación morada defiende esta vía después de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la haya propuesto, tras advertir la Agencia Internacional de la Energía (AIE), adscrita a ese organismo, de multimillonarios beneficios caídos del cielo para las eléctricas europeas por la subida del gas de los últimos meses. España fue pionera en la aplicación, en septiembre, de un mecanismo de minoración de beneficios por el sobreprecio del gas a las tecnologías de generación de electricidad no emisoras, pero acabó corrigiéndolo, dejando fuera a los contratos bilaterales.
Ribera dejó claro el martes que, en esa reunión “constructiva” con los ejecutivos de las eléctricas la cuestión impositiva no se trató: “No hemos hablado de impuestos a las grandes compañías, sino de cómo conseguir una energía más barata y cómo pueden contribuir en mucha mayor medida al confort de los consumidores”.
Respecto al “esfuerzo” al que aludió la vicepresidenta, su departamento lleva meses negociando con el sector renovable adelantar la devolución de los ingresos extra de las plantas del régimen especial o RECORE (renovables, cogeneración y biomasa) que reciben una retribución específica para que reintegren ya el dinero que deben reembolsar en enero de 2023 porque los precios del mercado mayorista se han disparado. El importe que se recuperaría se estima, según Ribera, en más de 1.000 millones. Pero empresas como Acciona, presente en esa reunión de alto nivel del martes, rechazan esa medida.