El Gobierno accede a derogar ya el factor de sostenibilidad e intentará cerrar el pacto de pensiones el lunes

Un paso más hacia el acuerdo de pensiones entre el Gobierno de coalición y los agentes sociales. El Ejecutivo ha accedido a la petición de los sindicatos de derogar ya el factor de sostenibilidad de la legislación de pensiones de Mariano Rajoy en el primer paquete de su reforma, como ha adelantado la Cadena Ser y han confirmado fuentes del diálogo social a elDiario.es. Se recuerda en el pacto que el factor será sustituido por un nuevo índice de equidad intergeneracional, que será diseñado para que esté listo cuando entre en vigor el primer bloque de la reforma de pensiones, en enero de 2022. Este supone un paso importante porque era el motivo que mantenía atascadas las negociaciones con la parte sindical en las últimas semanas.

Salvado este escollo, todavía queda afinar el texto normativo y acordar con los empresarios los últimos “flecos” sobre la jubilación forzosa. Las partes se reúnen el próximo lunes en una mesa técnica con la que confían poder cerrar el acuerdo. Estos son los planes y las intenciones, explican fuentes del diálogo social, pero habrá que esperar a la reunión del lunes para ver si el pacto que se anuncia como “inminente” desde hace meses se logra finalmente. El pacto ahora mismo “no está cerrado”, coinciden todas las partes.

La negociación sobre pensiones se le ha complicado más de lo esperado al ministro José Luis Escrivá, que ya lleva semanas advirtiendo de que los tiempos se agotaban para alcanzar un pacto. El Ejecutivo ha comprometido en Bruselas que la primera parte de su reforma de pensiones estará aprobada antes del 31 de diciembre de este año, a la que seguirán más bloques de cambios hasta finalizar 2022.

Adiós a los dos elementos clave de la reforma del PP

El primer bloque de la reforma de Escrivá incluye por tanto la derogación de los dos elementos clave de la legislación de pensiones del PP: el índice de revalorización de las pensiones que provocaba las subidas anuales del 0,25% y el factor de sostenibilidad, que no ha llegado a aplicarse, pero que pretendía ligar la cuantía de las pensiones futuras a la esperanza de vida. Ambos elementos suponían una rebaja de las pensiones futuras, según estimaron organismos nacionales y internacionales.

CCOO y UGT insistían en que el primer bloque de la reforma del Gobierno de coalición anulara definitivamente ambas cuestiones, que provocaron multitudinarias manifestaciones de jubilados en las calles. El Ministerio de la Seguridad Social quería incluir en este primer paquete solo el índice del 0,25%, mientras que pretendía que la derogación del factor de sostenbilidad se abordara más adelante, con la aprobación del nuevo índice de equidad intergeneracional que lo sustituirá. En todo momento, el Gobierno aseguró que derogaría el factor, pero la discusión se centraba en los tiempos.

Los sindicatos han insistido en estas últimas semanas en que no habría acuerdo sin la derogación del factor de sostenibilidad en este primer bloque. Tanto por el mensaje que consideran necesario mandar a la población de poner fin a esta reforma unilateral del Ejecutivo de Mariano Rajoy, como por la precaución ante posibles cambios en el Gobierno. El escenario político de los últimos años ha mostrado derivas inesperadas e impredecibles. Así que mejor pájaro en mano que ciento volando, como dice el refrán.

El Gobierno ha accedido finalmente a derogar el factor de sostenbilidad en este primer bloque de la reforma, que entrará en vigor en enero de 2022. Eso sí, se añadirá una disposición transitoria que prevé la negociación del nuevo índice de equidad intergeneracional que le sustituya, que estará diseñado antes de la entrada en vigor de la ley. Ya sea con acuerdo social, que es lo deseable y lo que procurarán todas las partes, o sin él si no se llega a un pacto, pero el Gobierno tendrá a punto el nuevo índice. El ministro José Luis Escrivá ha adelantado poco de sus planes sobre este futuro índice, pero ha indicado que serán “un gesto” de la generación de los baby boomers a los trabajadores jóvenes, que son menos en número.

La negociación sobre el factor de sostenibilidad ha avanzado desde planteamientos intermedios, en los que el Ejecutivo quería recoger en este bloque la derogación del factor de sostenibilidad aunque condicionada a la aprobación del nuevo índice de equidad. Eso tampoco valía a los sindicatos, que reclamaban la anulación no condicionada. Finalmente, la solución ha llegado con una derogación no condicionada, que tendrá lugar cuando entre en vigor el primer bloque de la reforma, aunque con el compromiso del Gobierno de que tendrá listo el índice de equidad intergeneracional que lo sustituya. En el camino, se han tenido que sortear los reparos no solo del ministro Escrivá, sino también de la vicepresidenta económica Nadia Calviño.

La postura del Gobierno se explica por varios motivos. Tanto por su intención de que toda medida que se anule vaya acompañada del elemento que opere en el futuro, como por el mensaje que se envía a Bruselas en este sentido. Es decir, que se deroga un elemento que reduce el gasto en pensiones sin ninguna alternativa, explican fuentes del diálogo social. El pacto alcanzado lleva la derogación de la mano de la alternativa de futuro, aunque no de manera condicionada, como exigían los sindicatos.

Posible acuerdo el lunes

Los agentes sociales y el Ministerio de la Seguridad Social están convocados a una reunión técnica el próximo lunes, en la que se espera que se puedan cerrar los últimos “flecos” pendientes. Tanto el texto final en el que se plasme el acuerdo sobre el factor de sostenbilidad como abordar las últimas diferencias que mantienen los empresarios con la limitación de la jubilación forzosa.

Tras esta reunión técnica, a la que no acude el ministro ni los líderes de las organizaciones patronales ni sindicales, la idea es que –en caso de acuerdo– el Gobierno y los agentes sociales oficialicen el pacto en pensiones la semana que viene. En la Seguridad Social advertían las últimas semanas de la necesidad de aprobar el proyecto de ley en el Consejo de Ministros lo antes posible para llegar a tiempo con la tramitación parlamentaria a la meta de diciembre de 2021.

Resueltos los últimos flecos, se pondrá fin a una larga negociación en la que el Gobierno ha pactado con los agentes sociales el nuevo mecanismo para revalorizar las pensiones según el IPC, algunas medidas para desincentivar a la jubilación anticipada, pero que se aliviaron respecto a la propuesta inicial del Ejecutivo, así como otros elementos para fomentar el retraso en la jubilación, como más restricciones a la jubilación forzosa por convenio y más “premios” a la prolongación de la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación.