El Gobierno ha adjudicado recientemente a través de los ministerios de Agricultura y Exteriores dos contratos a la empresa Incatema Consulting & Engineering, metida de lleno en las tramas de corrupción de Lezo y Mercasa. Los contratos suman 668.936 euros y el último de ellos se adjudicó hace dos semanas, días antes de que el cabecilla de Lezo, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, saliese de la cárcel de Soto del Real (Madrid) tras reunir en 24 horas los 400.000 euros de fianza impuestos por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.
Según consta en el portal de contratación del Estado, el pasado 30 de octubre el director de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) del Ministerio de Exteriores, el diplomático Luis Tejada, adjudicó a Incatema un “contrato de servicios de coordinación y asesoramiento en la gestión y ejecución del proyecto de refuerzo institucional en Mauritania hacia la resilicencia agropastoral”.
Incatema, dedicada a proyectos de ingeniería y consultoría en países en desarrollo, se adjudicó este contrato por 425.000 euros, impuestos incluidos, “por presentar el precio más bajo y obtener la mejor puntuación técnica”, por delante de Eptisa y Typsa y por el procedimiento negociado sin publicidad. La resolución del director de la AECID autoriza al coordinador general de la Cooperación General Española en Mauritania, Juan José Lavín Suárez, la firma del contrato en quince días hábiles desde la notificación de la resolución.
El segundo contrato corresponde a la organización de “Jornadas técnicas sobre maquinaria agrícola y forestal” para el Ministerio de Agricultura durante el periodo 2017-2020, por 243.936 euros, impuestos incluidos.
Incatema se lo adjudicó el 5 de abril, dos semanas antes del estallido de la Operación Lezo el 19 de abril, cuando la Audiencia Nacional ya investigaba las actividades en Angola de Mercasa Incatema, consorcio del que Incatema es el socio privado y del que en ese momento era consejero otro imputado en Lezo, Pablo González, hermano de Ignacio González y entonces directivo de Mercasa, el socio público del consorcio.
En el caso de este contrato adjudicado por el departamento de Isabel García Tejerina, se recibieron dos ofertas y la de Incatema fue la elegida, por delante de Fomento de Técnicas Extremeñas, S.L, “por ser la oferta económicamente más ventajosa para la Administración, al ser la de precio más bajo, siendo el precio el único criterio de adjudicación”.
El pliego contemplaba “la organización de dos jornadas técnicas al año, con el fin de promover el uso racional y la innovación en maquinaria agrícola y forestal”. El contrato tiene carácter plurianual y una duración de cuatro años con posibilidad de ampliarlo dos más. Todo ello, bajo la supervisión de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del ministerio. Para este año hay previstas dos jornadas de este tipo: una el próximo día 16 en Olite (Navarra) y otra en Monterrubio de la Serena (Badajoz) para el 30 de noviembre, según la web del ministerio.
A preguntas sobre este asunto, fuentes de Agricultura indican que la Junta de Contratación aprobó considerar la oferta “más ventajosa para la Administración” en una sesión celebrada el 30 de noviembre de 2016, aunque la adjudicación no se “acordó” hasta el pasado 5 de abril de 2017. “La fiscalización previa a la formalización del contrato y del compromiso de gasto se realizó el 30 de mayo y su autorización el 31 de mayo. Así, se firma el contrato el 6 de junio de 2017”.
El ministerio de Asuntos Exteriores especifica que la adjudicación se ha hecho ajustándose a los criterios recogidos tanto en la ley española como en la europea, en la que la empresa no figura como empresa con la que no se puede contratar. Asuntos Exteriores reitera que el precio es el elemento que ha decantado la adjudicación de este concurso público.
Por su parte, fuentes de Incatema Consulting aseguran que continúan “presentándose a los concursos públicos que abren las distintas administraciones, tanto a nivel nacional como internacional, en virtud de los derechos que le asisten como empresa al corriente de todas sus obligaciones legales”. La compañía recuerda que, Incatema Consulting “no ha sido inhabilitada para el ejercicio de sus derechos por resolución judicial alguna, ni está siendo investigada en sumario alguno. Sí están siendo investigados algunos de sus anteriores directivos, por su vinculación a la sociedad Consorcio Mercasa Incatema, nunca por la actividad de Incatema”.
Incatema Consulting es, según recoge el Registro Mercantil, titular desde el pasado 31 de octubre del 100% de las acciones de Consorcio Mercasa Incatema Consulting SL, el polémico consorcio investigado por la Audiencia Nacional en el que hasta entonces participaba con Mercasa al 50%.
Esa entidad acaba de cambiar su nombre por el de Consorcio para la Ejecución de Mercados Alimentarios y Estructuras Comerciales, SL. Y el 30 de octubre cesó al consejo de administración (en el que estaba todavía Mercasa) y se quedó como administrador único Javier Pérez de Santayana Dubois, uno de los hijos del fundador. Imputado desde abril en los casos Lezo y Mercasa, en junio Javier Pérez de Santayana dimitió como presidente de la empresa a la que ahora el Gobierno ha pagado cerca de 670.000 euros.
En ese cargo le sustituyó, según el registro mercantil, su hermano José Manuel Pardo de Santayana, que también está imputado, tal y como él mismo reconoce. Preguntado por este asunto, José Manuel Pardo de Santayana asegura que la presidencia de la empresa ya no recae en ningún miembro de la familia. Una decisión, asegura, adoptada recientemente para dotar de un mayor grado de “profesionalidad” a la empresa, “que ya tiene un importante tamaño”. El nombramiento no consta todavía en el Registro Mercantil. Pardo de Santayana añade, sin dar más detalles, que tanto él como su hermano Javier y su sobrina Marta (también consejera de Incatema) están imputados, pero niega que la empresa lo esté. Según fuentes de Incatema Consulting, el actual presidente es Jesús Pardo de Santayana, dato que este medio no ha podido contrastar con registros oficiales.
Corrupción en Haití
A la implicación de Incatema en el caso Mercasa se suma que esta empresa ha sido señalada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por el posible pago de comisiones en Haití a cambio de la adjudicación de contratos para la reconstrucción del país tras el terremoto de 2010 de la mano de Inassa, una filial de la colombiana Metroagua, a su vez participada por el Canal de Isabel II. “En consorcio con la empresa española Incatema”, esta empresa, según el juez Velasco, “habría pagado comisiones relacionadas con contratos públicos ejecutados por el consorcio en dicho país”.
Velasco también apuntó “indicios de que la sociedad española Incatema habría pagado algún tipo de comisión al ex Consejero de Canal Extensia José Javier Soler Gallego. Esta comisión podría estar relacionada con contratos de obra pública adjudica en Haití a Consorcios de empresas integrados por Incatema y sociedades de la órbita de Inassa”.
Incatema fue protagonista en el pelotazo del mercado de abastos de Angola. El juez Velasco dio cuenta de “indicios de que el consorcio de empresas Mercasa, integrado por la empresa pública Mercados Centrales de Abastecimientos SA y por Incatema, habría pagado en repetidas ocasiones comisiones a funcionarios/cargos públicos de determinados países a cambio de que el citado consorcio resultara adjudicatario de contratos públicos. La sociedad Incatema parece haber sido quien se encargaba de realizar los pagos de estas comisiones ilegales”.
Más conexiones ligan a Incatema con las mordidas y los mercados de abastos. El juez también describió cómo Inassa, filial del Canal, fue “conocedor y partícipe de prácticas corruptas en el extranjero, mediante las que se habrían pagado sobornos a cargos y funcionarios públicos de los países latinoamericanos en los que Inassa desarrolla su actividad, como contraprestación por la manipulación de los procesos de licitación de contratos públicos para asegurarse su adjudicación”.
En la relación de contratos que citaba, aseguraba que había encontrado indicios de “estas prácticas corruptas” en Panamá, donde “en el año 2012 el consorcio Inassa-CLEOP habría pagado una comisión ilegal a través de la sociedad EDUHOLDING, como contraprestación a resultar fraudulentamente adjudicatario de un contrato público”.
La constructora alicantina Cleop, envuelta en la Operación Taula, fue la adjudicataria de una parte de la construcción del Mercapanamá, también conocido como Cadena de Frío, en el país centroamericano. El proyecto para diseñar el mercado (que por ahora es un fiasco) lo diseñó también el consorcio Mercasa-Incatema.