El Gobierno admite “incertidumbre” sobre la esperada adjudicación de más contratos a la empresa estatal de astilleros Navantia por parte de Arabia Saudí como consecuencia de la crisis del coronavirus y la depreciación del crudo.
“Debido a la situación económica provocada por el COVID-19 y la bajada de precios del petróleo, hay cierta incertidumbre sobre los plazos y prioridades que va a establecer el Ministerio de Defensa Saudí para las futuras adquisiciones”, reconoce el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria fechada el 29 de septiembre.
Aunque oficialmente Navantia no comenta este asunto, fuentes cercanas al grupo estatal admiten que, dada la situación actual, “en concursos a futuro puede haber incertidumbre”, si bien recuerdan que los contratos de defensa tienen ciclos muy largos y sensibles, “con o sin coronavirus”.
En su respuesta parlamentaria, el Gobierno indica que “Navantia sigue desarrollando su actividad comercial” para lograr nuevos pedidos y garantizar carga de trabajo. “Entre las oportunidades que se están trabajando están los nuevos programas de adquisiciones del Ministerio de Defensa saudí, que permitan dar continuidad a las buenas relaciones entre ambos países y avanzar en el desarrollo de buques y sistemas conjuntos”. El Ejecutivo también recalca la evolución “satisfactoria” del macrocontrato adjudicado por Arabia Saudí a Navantia en 2018.
Desde que se firmó esa polémica adjudicación se ha especulado con la posibilidad de nuevos encargos del régimen saudí, en el marco de la Joint Venture que, en paralelo a la firma de ese megacontrato, los astilleros públicos españoles suscribieron con la estatal Saudi Arabian Military Industries (SAMI). En 2019 esta empresa fichó a Esteban García Vilasánchez, el ejecutivo que presidía Navantia cuando se firmó esa adjudicación, para encargarse de su división naval.
Hace unas semanas, la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, alimentó esa esperanza y se mostró optimista en una visita a San Fernando (Cádiz) respecto a las posibilidades de que Navantia pudiera lograr un nuevo contrato para construir dos buques anfibios y ocho lanchas de desembarco para la armada saudí. Pero poco después, la entonces todavía presidenta de Navantia, Susana de Sarriá, enfrió esas expectativas y dibujó un panorama sombrío para el sector naval a causa de la crisis del coronavirus.
En una comparecencia en el Congreso el 23 septiembre, Sarriá señaló que las consecuencias de la pandemia en la industria naval “van más allá de la paralización temporal de la actividad y de la movilidad, dados los múltiples efectos e interacciones de esta crisis”. En el sector defensa se va a producir “una caída del mercado de exportación en países de Oriente Medio motivado por el desplome de los precios del petróleo, y una tendencia global a proteger y desarrollar cada país sus respectivas bases industriales, con el objetivo de asegurar la soberanía en la cadena de suministro”, dijo Sarriá, que acaba de ser sustituida por Belén Gualda tras dos años en el cargo.
Arabia Saudí, que carece de industria militar propia y que en los últimos meses ha estado en el foco por las sospechas de millonarias comisiones ilegales para el rey emérito Juan Carlos I por el macrocontrato del AVE a La Meca, es el primer comprador mundial de armamento y el país que más porcentaje de su PIB destina a gasto militar: un 8% en 2019, unos 61.900 millones de dólares, según las últimas estimaciones del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).
Pero eso fue antes de la pandemia, que en abril llevó a los precios del crudo a cotizar en negativo puntualmente por primera vez en su historia. Aunque los precios se han recuperado desde entonces y el crudo Brent (de referencia en Europa) cotiza actualmente en unos 42 dólares (un 28% por debajo de hace un año), esta crisis va a provocar un desplome del consumo global de petróleo del 8% este año, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), y muchos expertos creen que va a acelerar el proceso de la transición energético.
La AIE, que anticipa un escenario de “presión” sobre los precios del crudo y el gas respecto a los niveles previos a la crisis, “aunque las fuertes caídas de la inversión en 2020 también incrementan la posibilidad de futura volatilidad” en las cotizaciones, AIE calcula que la demanda global de energía no recuperará los niveles previos al coronavirus hasta 2023, en caso de una superación rápida de la crisis sanitaria, o incluso 2025.
En su última comparecencia en el Congreso, la anterior expresidenta de Navantia explicó que la caída de la demanda del transporte marítimo de mercancías y pasaje está teniendo efectos negativos sobre la contratación y reparación naval civil en este año, mientras que, en el mercado naval de defensa, los efectos y dificultades presupuestarias y fiscales aún no se han visto totalmente reflejados en este ejercicio. Sarriá recordó que el Plan Estratégico de Navantia, firmado en 2018 y que prevé que la empresa abandone las pérdidas en el año 2022, recogía una previsión de contratación de 11.000 millones. “Ya tenemos el 70 %, por lo que gran parte del plan ya está en marcha. Por supuesto, la cartera es fundamental y, si no hay carga de trabajo, lo demás no tiene sentido”, advirtió.
Diversificación
El grupo, que en los últimos años ha diversificado su actividad a la fabricación de soportes (conocidos como “jackets”) para la energía eólica marina (una fuente por la que quiere apostar el Plan de Recuperación del Gobierno), reconoce que, más allá de la actividad militar, el impacto sobre la actividad de Reparaciones “en general ha sido muy importante, y en especial en el segmento de buques ligados al Ocio, cruceros y yates”.
Así, la previsión de negocio de este año en estos mercados se ha visto reducida en un 45% y 57% en cruceros y yates respectivamente, con respecto a 2019, aunque el impacto real “es superior, toda vez que las reservas de diques en este 2020 eran superiores a las de 2019”.
Navantia recalca que, tras el parón obligado durante el estado de alarma, se están desarrollando “con total normalidad” los trabajos del megacontrato con los saudíes y “los retrasos que haya podido haber se han mitigado”. La primera unidad se botó en San Fernando (Cádiz) el pasado 22 de julio y su entrega está prevista para finales de 2021 porque hay equipos que se instalan con la unidad ya en el agua. La segunda botadura debe realizarse el 14 de noviembre.
Ese contrato, la construcción de cinco corbetas Avante 2200, fue el mayor de la historia de los astilleros españoles con un cliente extranjero, por un importe de 1.813 millones. Comprende el desarrollo del programa principal de las corbetas y los demás programas asociados de training, infraestructuras y apoyo al ciclo de vida e implica una carga de trabajo de más de 7 millones de horas para el conjunto de las factorías de Navantia y cerca de 6.000 empleos anuales durante los cinco años de ejecución (1.100 directos, 2.200 para la industria auxiliar y otros 3.300 para la cadena de suministradores).
El contrato, que entró en vigor el 6 de noviembre de 2018, estuvo a punto de frustrarse cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció su intención de revisar la entrega de 400 bombas de precisión del Ejército del Aire vendidas por el Gobierno de Rajoy para su uso en la guerra de Yemen. Las bombas fueron finalmente entregadas y la amenaza de una crisis diplomática no se materializó.