El aumento del gasto en defensa anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el mes de marzo y que provocó el rechazo por parte de sus socios de Ejecutivo y parlamentarios ya es un compromiso con Bruselas. El Ejecutivo ha incluido en el Plan de Estabilidad que ha enviado este viernes a la Comisión Europea su objetivo de incrementar a partir del próximo año el peso que tiene el gasto en Defensa en los presupuestos. Así, prevé que quede en el 1,2% del PIB en 2025, con la meta final de alcanzar el 2% en 2030, como reclama la OTAN.
Este viernes ha sido un día intenso para el área económica del Gobierno. A primera hora se ha anunciado el nuevo escenario macroeconómico para este año y los tres siguientes. En él, se ha confirmado el freno esperado de la economía y se ha fijado el nuevo objetivo para este año en el 4,3%, frente al 7% que estaba inicialmente marcado. Posteriormente, por la tarde, se ha hecho público el Plan de Estabilidad y el Plan Nacional de Reformas. Ambos documentos, junto con el escenario macro, son el primer paso que obligan las normativas europeas para comenzar a caminar hacia los Presupuestos Generales del año que viene.
En estas cuentas se encontrará —siempre y cuando se mantenga el calendario electoral y se formulen los nuevos Presupuestos— una partida mayor para el gasto en Defensa. Sánchez realizó el anuncio a mediados de marzo en una entrevista en LaSexta, en pleno contexto del arranque del ataque militar de Rusia a Ucrania. Allí, se comprometió a elevar al 2% el gasto en Defensa, en línea con las peticiones de la OTAN. Ahora, ese compromiso comienza a tomar forma con el Plan de Estabilidad, donde se trazan las previsiones de ingresos y gastos de las administraciones.
“Como elemento destacado se recoge en estas previsiones un incremento del presupuesto en defensa, que nace del compromiso del gobierno de alcanzar el 2% del PIB marcado por la OTAN en 2030”, reza el documento enviado a Bruselas. El Gobierno traza una senda “paulatina” que arrancará el próximo año. Esto irá destinado al refuerzo de personal de defensa, la remuneración de los asalariados e inversiones. Con ello, se pasará del 1% del PIB de este año al 1,2% al final del marco plurianual enviado a la Comisión Europea.
El anuncio del presidente fue respondido por los socios del Gobierno para mostrar su oposición. Especialmente en su propio gabinete, donde Unidas Podemos y la vicepresidenta Yolanda Díaz han mostrado su rechazo a aumentar el gasto militar. Tampoco Eh Bildu, Más País o Compromís, socios habituales del Ejecutivo en materia parlamentaria y más que probables apoyos necesarios para los futuros Presupuestos, han avalado este crecimiento del dinero destinado al ejército.
El aumento de esta partida se ha incluido en la 'Estrategia fiscal nacional 2022-2025' que, por lo general, contempla una reducción paulatina del peso del gasto público sobre el conjunto del PIB. Este descenso se produce tras un aumento brusco que tuvo durante la pandemia y que se tradujo en un aumento del déficit. Así, mientras aumenta el gasto dedicado a Defensa desciende el conjunto del gasto público, pasando del 50,6% del PIB fijado para este año al 44,3% del final del periodo, en 2025. La retirada de los desembolsos provocados por la pandemia y el aumento del PIB por la mejora de la actividad reducirán el peso del gasto sobre el conjunto de las cuentas. Pese al descenso, es un nivel de gasto superior al que había antes de la guerra.
Con ello, el Gobierno pretende reconducir el déficit. El desfase de las cuentas públicas fue el año pasado sensiblemente inferior al previsto inicialmente, con lo que el colchón y el aumento de la recaudación han permitido al Ejecutivo mantener el objetivo de déficit de este año en el 5%, fijando el 2025 como el año en el que se volverá a estar por debajo del 3%, listón sobre el cual se considera que un país se encuentra en déficit excesivo.
Estas cuentas son sobre las que se van a construir los Presupuestos Generales del Estado de los próximos años, si bien estas estimaciones se actualizan semestralmente, conforme se constata la evolución real de la economía. Hay una letra pequeña en estas cuentas. El Gobierno asegura que ha sido “prudente” en las estimaciones y ha hecho las previsiones en un contexto “inercial”. Es decir, sin tener en cuenta políticas que se puedan aplicar en el futuro tanto por la vía del gasto como por la de los ingresos.
Únicamente se han contemplado cuatro aumentos de gastos. El primero, de mayor importancia, es el aumento de las pensiones vinculadas al IPC, al que tendrán que aplicar una sensible subida este año por el alto nivel de subida de los precios. La segunda partida, es la subida del salario de los funcionarios. El Gobierno ha evitado cifrar qué prevé subir la remuneración a los trabajadores públicos, aunque ha asegurado que estará en línea con la subida de precios de los próximos años. En tercer lugar se encuentra la compensación a la Seguridad Social por los gastos no contributivos, como se acordó en el Pacto de Toledo. El cuarto, es el aumento del presupuesto de Defensa.
Por compararlo con otras partidas, Sanidad, Cultura, Educación, Orden Público o Vivienda pierden peso en el PIB.
Cae también el peso de los ingresos
La reducción paulatina del peso de los gastos en el PIB se produce también en la vía de los ingresos. Se prevé que pasen del 42% de este año al 41,3%. En este caso, según detalla el plan, no se prevé que haya un recorte de los recursos del sector público, ya que en valores absolutos pasarán de 549.438 millones de euros en el 2022 a 619.039 millones de euros en el 2025.
Al tratarse de unas previsiones “inerciales”, el Gobierno ha esquivado concretar a Bruselas medidas de la reforma fiscal pendiente, toda vez que ya se cuenta con el documento del comité de expertos. De este modo, no se asumen por el momento subidas de impuestos como marca el Programa de Recuperación con el que España accedió a los fondos europeos. En él se exponía el objetivo de caminar hacia la presión fiscal de la media de los países europeos. Sin embargo, al no contemplarse ninguna medida tributaria, la presión fiscal trazada en el Plan de Estabilidad hasta 2025 muestra, de hecho, un recorte en la presión fiscal, al pasar del 38,3% al 38,2%.
El Gobierno contempla que para este año el conjunto de las administraciones públicas tengan unos ingresos tributarios de más de 317.600 millones de euros. Esto corresponde a un aumento del 7,4% en la recaudación. El informe señala que el aumento de los ingresos “viene explicado por el rebote de la actividad económica”. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha incidido este viernes en este aspecto, en contraposición a la oposición que lo achaca a la subida de la inflación. Según la responsable de las cuentas públicas “el 80%” del aumento de recaudación se está produciendo por el aumento de asalariados y la mejora de la actividad.
El plan de estabilidad traza una senda de evolución de la recaudación de los impuestos, sin contemplar los cambios que puedan llegar si finalmente se produce una reforma fiscal. Así, los tributos sobre la renta o el patrimonio, entre otros, supondrán 163.722 millones en 2023 y aumentarán hasta los 181.310 millones en 2025. Los impuestos sobre producción e importaciones, donde se incluyen el IVA o los Especiales, el documento contempla que pasarán de 166.267millones el año que viene a 173.998 millones.