El Gobierno apenas detalla la reforma de pensiones que enviará a Bruselas y no menciona sus planes de aumentar el periodo de cálculo

La vicepresidenta económica Nadia Calviño ha explicado este viernes que el Ejecutivo está ultimando dos paquetes de reformas, en materia laboral y de pensiones, que pretende enviar a Bruselas “cuanto antes”, pero de los que apenas ha ofrecido detalles. Ni a los líderes de los agentes sociales, con los que ha celebrado una reunión de alto nivel esta mañana en la que han participado otros seis ministros, ni a la prensa en la rueda posterior al encuentro. El ministro Escrivá ha deslizado las líneas generales de su prometida reforma de pensiones, según fuentes de la reunión, pero no se ha referido a los planes de ampliar el periodo de cálculo de la pensión hasta los 35 años cotizados. Según explican fuentes del Ejecutivo a elDiario.es, esta extensión del plazo para calcular la pensión está incluida en el borrador que el Gobierno prepara para enviar a Bruselas.

Calviño ha comparecido ante los medios tras los líderes sindicales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y de la patronal Cepyme, Gerardo Cuerva. Los sindicatos han criticado que el Ejecutivo no les haya facilitado por escrito las propuestas que el Gobierno mandará a la Comisión, por lo que han insistido en pedir la documentación. Sordo y Álvarez han subrayado la necesidad de transparencia para conocer exactamente en qué términos se compromete España con la UE en este esquema de reformas ligadas a los fondos europeos para la recuperación. Ambos han reclamado que los textos no restrinjan el diálogo social, que no dejen “sin oxígeno a las mesas” de negociación, ha enfatizado Unai Sordo. “Si no hay margen de diálogo, que no cuenten con nosotros”, ha insistido Pepe Álvarez.

Los dirigentes sindicales, así como el presidente de la patronal de pequeñas y medianas empresas (Cepyme), han reconocido que los ministros apenas han concretado las reformas que el Gobierno va a llevar a Bruselas, más allá de enumerar algunas líneas temáticas generales. En el terreno laboral, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mencionado reformas para “modernizar la negociación colectiva”, para reducir las modalidades de contratos y la temporalidad en el mercado de trabajo, así como para transformar las políticas activas de empleo, entre otras. Díaz ya se había reunido esta semana con los líderes de los agentes sociales para presentarles su hoja de ruta.

Sobre pensiones, el ministro José Luis Escrivá ha expuesto ante los agentes sociales las líneas generales de su prometida reforma, con medidas como la restricción de las jubilaciones anticipadas y el impulso de la prolongación de la vida laboral más allá de la edad de retiro. Estas propuestas ya han sido difundidas por Escrivá en numerosas ocasiones y presentadas formalmente por la Seguridad Social en la mesa de diálogo sobre pensiones que existe con los sindicatos y los empresarios.

Sin embargo, el ministro no se ha referido a otra medida que centra todas las miradas: los planes de ampliar el periodo de cálculo de la pensión a los 35 años de cotización, ya publicados por numerosos medios desde mediados de diciembre y que confirman de nuevo este viernes fuentes del Ejecutivo a elDiario.es. En el borrador de reforma de pensiones que prepara el Gobierno para Bruselas está presente esta medida, explican estas fuentes. El cambio supone un salto de diez años en el periodo que se tiene en cuenta para el cómputo de la pensión y que, de media, supone una reducción de las pensiones futuras (con algunas excepciones). De aplicarse finalmente, habrá que ver si se complementa la posibilidad de los mejores años, como ha recomendado explorar el Pacto de Toledo en algunas situaciones.

Calviño: Las reformas “no están cerradas”

El ministro no se ha referido a esta medida ante los agentes sociales, aunque fuentes de la reunión apuntan que Escrivá ha mencionado que, tras las medidas ya anunciadas y más inmediatas, habrá “un segundo paquete de medidas que la Seguridad Social está valorando”, pero que no ha detallado. En la Seguridad Social recuerdan que toda reforma en el sistema de pensiones pasará por el diálogo social, que en estos momentos se encuentra evaluando varias propuestas legislativas que el Ministerio tiene avanzadas. Por ejemplo, la nueva fórmula de revalorización de las pensiones, aún objeto de debate.

La vicepresidenta económica por su parte no ha aclarado en la rueda de prensa posterior al encuentro si la ampliación del periodo de cálculo está presente en el borrador del Gobierno y ha repetido que el documento no está cerrado aún. “No estamos en una fase en la que se haya tomado una decisión final sobre los distintos elementos”, ha afirmado, aunque ha reconocido que el Ejecutivo ultima los trabajos para enviar las reformas “cuanto antes”.

Los documentos se enviarán a Bruselas en breve, puede que incluso la semana que viene indican desde el Ejecutivo y, por tanto, antes de que concluya el diálogo social sobre pensiones, pero Calviño ha insistido en que la primera línea de actuación no limita la segunda. La vicepresidenta ha explicado que lo que se mandará a la Comisión son los elementos que después se van a discutir con sindicatos y empresarios y ha reiterado la importancia del diálogo social en la legislación sobre pensiones, para que los cambios perduren en el tiempo. La reforma de pensiones de 2013, aprobada de manera unilateral por el PP, es un ejemplo de lo contrario: el propio Gobierno de Rajoy fue el que empezó a suspenderla y no se está aplicando en la práctica.

Nadia Calviño se ha limitado a afirmar que “lo que sí está claro” son “las prioridades de nuestro gobierno en el ámbito de las pensiones: garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y la sostenibilidad del sistema, tanto a corto, como medio y largo plazo”. Estas prioridades están “absolutamente alineados con las recomendaciones del pacto de Toledo”, ha precisado la vicepresidenta. Los sindicatos recuerdan que el Pacto de Toledo no contempla en sus recomendaciones la ampliación del periodo de cómputo de la pensión.

Tensión interna y externa en la reforma de pensiones

El Gobierno por tanto cerrará “cuanto antes” estos dos paquetes de reformas, aunque fuentes del Ejecutivo sitúan los principales conflictos en el que se refiere a las pensiones. Pese a los roces internos que ha habido en el Ejecutivo sobre el desmontaje de la reforma laboral, las diferentes “almas” de la coalición han alcanzado un acuerdo sobre el texto que mandarán a Bruselas sobre las reformas del mercado de trabajo.

El texto se expresa en términos bastante amplios con un enfoque hacia la “modernización” de la legislación laboral, por ejemplo en materias como la negociación colectiva y la reducción de la precariedad y temporalidad, en el que las partes entienden que se respeta el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos.

Pero la reforma de las pensiones es otro cantar. Fuentes gubernamentales confirman que la ampliación del periodo de cómputo está presente en el documento que maneja el Gobierno a día de hoy, pese al rechazo rotundo de los ministros de Unidas Podemos. La formación que dirige Pablo Iglesias ya ha anunciado que no apoyará la medida en el trámite parlamentario y la ministra Yolanda Díaz reiteró esta semana que los ministros 'morados' “no acompañarán” este cambio, que consideran “un recorte” en las pensiones.

Los sindicatos tampoco comparten la medida y aseguran que no la aceptarán en la mesa de diálogo, aunque aún no ha sido presentada. Como alternativa, proponen centrar las modificaciones en iniciativas que incrementen los ingresos de la Seguridad Social, que equilibren el aumento del gasto en pensiones de los próximos años en los que se jubila la generación del 'baby-boom' y se pretende recuperar la revalorización de las pensiones según el IPC. Los “recortes”, insisten CCOO y UGT, no son las únicas soluciones para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.