El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado un nuevo impuesto para los beneficios extraordinarios obtenidos por las compañías eléctricas. Sin embargo, esta medida no ha entrado en el paquete para la respuesta a la crisis de inflación que vive la economía por la guerra de Ucrania, ya que se presentará un proyecto de ley en el Congreso por parte de PSOE y Unidas Podemos para que entre en vigor en 2023. El presidente del Gobierno ha justificado que esta medida “no está en el Real Decreto porque no puede estar”. Fuentes de Moncloa señalan que pese a entrar en vigor en 2023 gravará ya los beneficios de 2022.
El paquete de medidas incluye una ampliación de las que ya existían en el anterior Real Decreto, aprobado en marzo, y añade algunas nuevas. La ampliación, hasta el 31 de diciembre, está valorada en un coste de 9.000 millones de euros, según ha expresado Sánchez en rueda de prensa. De ellos, 5.500 millones corresponden a gasto y el resto a rebajas de impuestos. Sumados a los 6.000 millones del anterior paquete, el Ejecutivo cifra las medidas en 15.000 millones. “Es más de un punto del PIB de nuestro país”, ha asegurado Sánchez.
El presidente del Gobierno ha defendido que con el paquete de medidas contra la inflación se ha logrado amortiguar la subida de los precios “en 3,5 puntos”. “Sin todas estas medidas la inflación sería mucho mayor, llegaría a los 14 o 15 puntos”, ha asegurado Sánchez. En mayo el IPC llegó hasta el 8,7%.
Sánchez ha querido marcar un perfil frente a “los poderes económicos”. “Es evidente que son resultados incómodos para determinados poderes económicos que tienen sus terminales mediáticas y sus terminales políticas”, ha asegurado el presidente del Gobierno durante la rueda de prensa en repetidas ocasiones. “Este Gobierno tiene claro para quién gobierna y a quién sirve”, en referencia a las “clases medias y trabajadores”. “Quienes se están beneficiando de manera extraordinaria deben pagar más”, ha defendido. “Esto molesta a determinados poderes pero vamos a seguir con esta hoja de ruta”, ha zanjado.
Entre las nuevas medidas que se han planteado, el Gobierno ha anunciado una rebaja del 50% en los bonos mensuales de transporte de titularidad del Estado, como cercanías o Renfe. Además, añade una rebaja del 30% para los transportes que dependen de Comunidades y Ayuntamientos, dejando en manos de estas administraciones completar la subvención hasta el 50%. Esta medida, sin embargo, solo estará en vigor a partir del 1 de septiembre de este año y hasta el cierre del curso. “En Madrid, un bono de cercanías mensual pasaría de 29 a 14,5. En Catalunya pasaría de los 25,5 a 12,7. O en Sevilla de 34,70 a 17.5 euros. Queremos fomentar el transporte público”, ha expuesto Sánchez.
Ayuda de 200 euros para autónomos y desempleados
El cheque a los trabajadores con bajos ingresos que proponía el equipo de Yolanda Díaz ha sido la medida que más ha costado desencallar. Unidas Podemos había propuesto una ayuda de 300 euros a todos los trabajadores que cobrara el salario mínimo o menos de 1.000 euros. Finalmente se ha optado por una solución intermedia con una ayuda de 200 euros para las familias que ingresen menos de 14.000 euros anuales. Sánchez recordó que en este decreto también se incluye un incremento del 15% de las pensiones no contributivas, que se pactó con Bildu, y se mantiene la subida del 15% del Ingreso Mínimo Vital.
A preguntas de los periodistas el presidente ha señalado que los detalles de la ayuda de 200 euros se conocerán con la publicación de la medida en el Boletín Oficial del Estado, pero ha querido recalcar que esta medida junto a la subida del Ingreso Mínimo Vital y el incremento del 15% de las pensiones no contributivas se estaría beneficiando a cuatro millones de personas.
El plan anticrisis contempla además medidas que ya se habían ido avanzando en los últimos días. Una de ellas es la rebaja del IVA a la electricidad del 10% al 5%, una propuesta que había realizado el PP y que cuenta con el escepticismo de los expertos y el rechazo por parte de la Comisión Europea. Es la segunda rebaja que se hace en los impuestos de la factura de la luz, ya que el año pasado se rebajó del 21%, donde lo fijó en su día el Gobierno del PP, al 10%.
Se mantendrán el resto de medidas que afectaban a la factura de la luz como la ampliación del bono social, la minoración de la retribución de la energía eléctrica, la rebaja del impuesto especial de la electricidad o la suspensión al impuesto sobre la producción eléctrica. Sánchez ha defendido que en marzo se aprobó un recorte del 60% en los impuestos que se pagan por la factura de la luz y que con esta ampliación se llega al 80%.
Otra de las medidas conocidas es el aumento hasta final de año de un 15% en las pensiones no contributivas. Esta medida surge de un acuerdo entre el PSOE y EH Bildu para poder obtener la abstención del partido independentista vasco en la tramitación de los planes de pensiones de empleo públicos de José Luis Escrivá.
También se mantienen medidas que procedían del plan anterior, aprobado en marzo, como la subida del 15% en el Ingreso Mínimo Vital, que se amplía ahora hasta final de año, como el resto de propuestas del Gobierno para intentar hacer frente a la alta inflación. Se mantiene igualmente la bonificación de 20 céntimos a los combustibles.
El Gobierno también amplía hasta el 31 de diciembre el coto a la subida de los alquileres. Durante los últimos tres meses se limitó al 2% la subida de aquellos alquileres que tocara actualizar según los contratos y ahora se amplía la medida hasta el final del año. También se amplía la prohibición de los despidos colectivos justificados en la subida de precios para las empresas que han recibido ayudas públicas y se incluirá una limitación al precio de las bombonas de butano.
El Real Decreto incluye dos aspectos que no están directamente vinculados a la subida de los precios provocada por la guerra en Ucrania. Se amplían hasta el 31 de diciembre dos medidas que afectan a las ayudas a los afectados por la erupción del volcán de La Palma de hace un año y el IVA superreducido para las mascarillas. “La pandemia todavía no se ha acabado”, ha defendido Sánchez.
Díaz: “Las medidas son una herramienta sólida”
El Gobierno ha vivido unas semanas de desencuentros entre los dos socios del Gobierno sobre las medidas que se debían incluir en este plan económico frente a la inflación. La negociación apuró los plazos y seguía este viernes. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, había marcado su perfil durante esta negociación, haciendo bandera del cheque para las familias o el impuesto a las eléctricas. En un hilo de Twitter ha defendido que el nuevo paquete de medidas es “una herramienta sólida para frenar el efecto de la subida de precios en la economía de las familias”.
“La crisis exige un esfuerzo redistributivo que debe apelar también a las grandes empresas energéticas. Activaremos con celeridad un impuesto extraordinario que permitirá que los millonarios beneficios de estas empresas se puedan sumar a la recuperación colectiva”, ha defendido Díaz en su cuenta en la red social sobre el nuevo tributo.