El Gobierno aplaza a junio la entrada en vigor de la nueva factura eléctrica, hasta ahora prevista para abril. El Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado el periodo de información pública de un proyecto de orden ministerial por la que se establecen los precios de los cargos del sistema eléctrico y de los pagos por capacidad. Estos “entrarán en vigor el 1 de junio de 2021”, explica el ministerio en una nota.
El objetivo es que “los distintos agentes del sistema eléctrico conozcan con suficiente antelación los precios aplicables a partir del 1 de junio para poder anticiparse y adaptarse al cambio en la estructura de la facturación eléctrica”.
El miércoles, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ya reclamó que la nueva estructura de la tarifa eléctrica, que acumula varios retrasos, “se implemente bien”, y pronosticó que su puesta en marcha volvería a aplazarse. “Creo que vamos a estar más cerca del verano que de abril”, dijo.
En junio, y como consecuencia de la crisis sanitaria, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya pospuso al 1 de abril de este año el periodo del que disponían las distribuidoras y comercializadoras para adaptar sus equipos, sistemas informáticos y contratos a la nueva estructura de peajes. El cambio más relevante para el usuario va a ser el de implantar tres periodos diarios de facturación (punta, llano y valle) que reducirán notablemente el coste de contratar potencia adicional en las horas valle para electrificar la demanda.
La nueva estructura tiene su origen en un Real Decreto-ley de 2019 que modificó la Ley del Sector Eléctrico de manera que se sustituían los actuales peajes de acceso del sector eléctrico (que incluyen todos los costes regulados del sistema) por dos conceptos distintos: los peajes de redes (transporte y distribución), que determina la CNMC, y los cargos, que fija el ministerio y que incluyen el coste del régimen especial de las energías renovables, de la cogeneración y de la generación con residuos (RECORE) o la financiación del 50% del extracoste de los sistemas eléctricos aislados (los dos archipiélagos, Ceuta y Melilla), una vez descontados los ingresos de las subastas de derechos de emisión y los impuestos de la Ley 15/2012.
La orden que el ministerio ha sacado a audiencia establece los precios para el año 2021 de los diferentes segmentos tarifarios de los cargos del sistema eléctrico, los precios aplicables a los puntos de recarga de vehículos eléctricos de acceso público y los precios unitarios de aplicación a la financiación de los pagos por capacidad. Esta orden se desarrolla en aplicación de un proyecto de Real Decreto que establece la metodología para calcular los cargos de la factura de electricidad y que se remitirá al Consejo de Ministros en las próximas semanas para su aprobación.
Con los precios de los cargos que se someten a este trámite de audiencia, “se asegura que los ingresos del sistema eléctrico en 2021 serán suficientes para cubrir el importe total de los costes regulados que financian los cargos en este ejercicio”, explica Transición Ecológica.
Para “dotar de coherencia y simplicidad al sistema”, el proyecto de Real Decreto escoge la misma estructura tarifaria que la fijada por CNMC en su metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad.
Parte fija y variable
La metodología que recoge el futuro Real Decreto establece que el cálculo de los cargos conste de una parte fija y una variable, que se determina en función de la energía consumida en la vivienda, empresa o industria. El efecto combinado de los nuevos cargos y peajes hará que la factura eléctrica tenga un mayor componente variable: dependerá más de la cantidad de energía consumida, “lo que permitirá que las medidas de ahorro y eficiencia energética tengan un impacto positivo para los consumidores”, señala el ministerio.
Los nuevos peajes y cargos también incentivan la instalación de sistemas de autoconsumo o el despliegue de infraestructuras de recarga rápida de vehículos eléctricos al favorecer la gestión de la demanda. Se habilitará una única tarifa para los clientes con menos del 15kW de potencia contratada –la mayoría de los usuarios domésticos y pymes–, para la que el 75% de los cargos se calcularán en base a su consumo energético y el 25% restante será de término fijo, en función de su potencia contratada. Para el resto de los consumidores, el 40% de los cargos procederá del término fijo y el 60% tendrá origen en el término variable.
En la práctica, supondrá que todos los usuarios domésticos tendrán una tarifa parecida a la actual discriminación horaria.
Para “mantener el equilibrio con otras prioridades de política energética”, se mantiene una parte fija de los cargos. De esta forma, permanece el incentivo para la electrificación de usos finales de energía, lo que fomenta, por ejemplo, el uso de bombas de calor, que pueden resultar más baratos y más limpias que otras opciones basadas en combustibles fósiles.
Adicionalmente, también se somete a audiencia, con los mismos plazos y las mismas vías de participación, la propuesta de resolución por la que se aprueba el nuevo formato de la factura eléctrica para los consumidores acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y el contenido mínimo de la factura de los consumidores con menos de 15 kW de potencia contratada.
Este nuevo formato es necesario para reflejar en la factura la división de los actuales peajes de acceso en los peajes de redes, que aprueba la CNMC, y los cargos, que aprueba el Gobierno, “aprovechando la ocasión para reducir la extensión y complejidad de la misma”.