El Gobierno aprobará en febrero un préstamo de 4.000 millones para construir 40.000 viviendas en alquiler

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha comparecido en el Congreso de los Diputados para detallar la hoja de ruta de su Ministerio en esta legislatura y ha adelantado las medidas más inmediatas, que pasan por avanzar en la creación de un parque público en alquiler social y asequible y en avalar el acceso de familias y jóvenes a una vivienda en propiedad.

Rodríguez ha reconocido que la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas y que hay “personas que con el 100% de su salario no pueden acceder” a un piso. “Tenemos que hacer más porque esta realidad está ahí”, ha indicado. “Es un problema que amplía la brecha social, afectando a muy diversos estratos de la sociedad, pero especialmente a los jóvenes, a las familias vulnerables y a las clases medias”, ha enumerado.

En cuanto a las soluciones, Isabel Rodríguez ha asegurado que el Gobierno quiere “reforzar la oferta de vivienda asequible, a través de fórmulas de colaboración público-privada que permitan movilizar viviendas vacías para destinarlas a alquiler” a precios accesibles. Medidas que pasan por más oferta, más financiación y mejorar la gestión de los recursos públicos. Ya en la precampaña de las elecciones autonómicas y municipales de mayo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cifró en 183.000 viviendas el futuro parque público en alquiler social.

En ese contexto, la ministra de Vivienda ha adelantado que el Consejo de Ministros aprobará en febrero la puesta en marcha de dos líneas de financiación a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). “Son ayudas complementarias a las que tenemos en marcha”, ha aclarado.

Por un lado, una línea de préstamos para la “promoción de vivienda asequible” a través de “fórmulas de colaboración público-privadas”, ha indicado. “Una herramienta imprescindible para movilizar financiación a precio más reducido que el del mercado”. En total, 4.000 millones de euros para ampliar el parque de vivienda social. “Podemos llegar a más de 40.000 viviendas”, ha indicado. Cuantía que se enmarca en la adenda Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

Por otro, ha señalado, una “línea de avales del 20% dirigida a jóvenes y familias con menores a su cargo para la cobertura parcial por parte de los préstamos hipotecarios”, por un importe de hasta 2.500 millones de euros. “Entendemos que da respuesta a 50.000 personas, para paliar urgencias donde resulta más caro el alquiler que la hipoteca y no se accede a lo segundo por falta de ahorros”, justifica la ministra.

Índice de precios para zonas tensionadas, en febrero

En materia de alquiler, Isabel Rodríguez ha indicado, como ya ha hecho en otras ocasiones, que el Ejecutivo está desarrollando un sistema de índices de precios de referencia del alquiler, para la declaración de zonas de mercado tensionado. Un índice que está contemplado en la Ley de Vivienda que se aprobó el pasado mes de mayo.

Se trata de un sistema encaminado a asegurar la máxima transparencia, ha explicado, que tendrá en cuenta las metodologías desarrolladas por las distintas comunidades autónomas, asegurando en todo caso la coordinación técnica, ha resumido.

Y la fecha en la que se hará público, a lo largo de mes de febrero. “Catalunya es la primera comunidad que se ha comprometido a aplicar la Ley de Vivienda en lo que a contención de precios se refiere, y confío en que irán sumándose otras”. De hecho, la semana pasada Rodríguez ya indicó que había otras regiones interesadas -no dijo cuáles- pero entre ellas no estarán las gobernadas por las derechas, porque se oponen al control de precios. También, ha apuntado que hay ayuntamientos que lo están reclamando a sus comunidades autónomas.

Por otro lado, Rodríguez ha señalado la puesta en marcha de dos grupos de trabajo. Uno para regular el alquiler por temporada, al que se ha trasladado gran parte de la oferta en alquiler en grandes ciudades, como Barcelona y Madrid. El otro, para regular el alquiler turístico. “Sabemos de las limitaciones y de los márgenes competenciales, por eso quedó fuera de la Ley de Vivienda”, ha señalado. Unas competencias en Vivienda que son de las Comunidades Autónomas; y de Urbanismo, que son de los ayuntamientos.