Nuevo decreto con medidas laborales y sociales del Gobierno socialista antes de dejar la Moncloa. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto ley que recoge la recuperación del subsidio para desempleados mayores de 52 años y el aumento de las ayudas contra la pobreza infantil, entre otras medidas sociales, según adelantó El País y confirmó eldiario.es. El texto incluye también el registro obligatorio de la jornada laboral, que en principio iba a ir dentro de otro decreto con cambios en la reforma laboral de 2012.
La ministra de Trabajo, Magadalena Valerio, ha argumentado que las medidas aprobadas tendrán un coste de 1.310 millones de euros pero que se financiarán gracias al incremento de 3.300 millones de ingresos en cotizaciones sociales que han supuesto actuaciones aprobadas por el Ejecutivo el año pasado como el aumento del salario mínimo, el incremento de las bases máximas de cotización o el alza en la cotización de los autónomos, entre otros.
El decreto con la 'contrarreforma' laboral, ha admitido la ministra de Trabajo, no irá adelante. “El gobierno ha valorado la situación política. Con unas las elecciones convocadas, hemos considerado unas medidas de urgencia y necesidad pero hay otras a las que no es posible cerrar un acuerdo, relacionadas con aspectos de reforma laboral. No es el momento oportuno, es difícil convalidar un decreto ley para derogar la reforma laboral. No es un fracaso, es realismo.”, ha explicado.
La patronal y los sindicatos habían acudido este jueves por la tarde a una reunión con el Ministerio de Trabajo, en la que se ha notificado a los agentes sociales que el Consejo de Ministros sacará adelante este 8 de marzo, un decreto ley con estas medidas, pero “no hay nada de reforma laboral”. El Ejecutivo ha expresado que no cuenta mayoría en la Comisión Permanente para convalidar este decreto, añaden las mismas fuentes.
Así, las modificaciones en la legislación laboral del PP que el Gobierno pretendía aprobar también por decreto, según confirmó la ministra de Trabajo, –la recuperación de la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, de la ultraactividad de los convenios colectivos (su prórroga indefinida cuando no hay acuerdo para uno nuevo) y cambios en la subcontratación– se enfrían y parecen tener difícil recorrido.
Se salva el registro obligatorio de la jornada laboral por parte de las empresas, que la ministra Valerio ha justificado hasta ahora por la incapacidad de la Inspección de Trabajo de detectar abusos como las horas extra ilegales o las jornadas a tiempo parcial fraudulentas. El abogado del Tribunal de Justicia de la UE respaldó recientemente que las empresas tengan que implantar un sistema de cómputo de la jornada laboral efectiva.
Valerio ha admitido que el registro horario “no se establece en el régimen general sino que se hace vía reglamentos en los que el Ministerio regulará según las peculiaridades de sectores”. Para la puesta en marcha de este registro se da un periodo de dos meses a las empresas desde que se publique en el BOE, que se espera que sea el martes de la semana que viene. Las empresas deberán mantener los datos de entrada y salida de los trabajadores durante cuatro años y tendrán que ponerlo a disposición de la representación de los trabajadores y la Inspección de Trabajo, ya que en caso de que no cumplan con esta medida se enfrentarán a una sanción grave.
Subsidio para parados de 52 años
La recuperación del subsidio para desempleados mayores de 52 años ya había sido confirmada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como una de las medidas que el Ejecutivo sacaría adelante antes de las elecciones generales. La ayuda estaba plasmada en los Presupuestos Generales del Estado de 2019, que el Congreso tumbó y devolvió al Gobierno.
Este subsidio para parados de avanzada edad fue una de las prestaciones que endureció el Gobierno del PP durante la crisis: elevó la edad de acceso a los 55 años, obligó a sus beneficiarios a jubilarse en la primera oportunidad que tuvieran (y no a la edad ordinaria como estaba antes), y redujo la cotización de la Seguridad Social para la jubilación de estos trabajadores, entre otros recortes.
Según las previsiones de Trabajo, restablecer las condiciones previas del subsidio (con alguna variación más ventajosa) alcanzará a unos “114.000 parados” de entrada, lo que incrementará en un 43% su número de beneficiarios.
La ministra de Trabajo, Magadalena Valerio, ha explicado en la rueda de prensa tras el consejo de ministros que con esta medida se verán beneficiados “un conjunto de 380.000 personas”. La ministra ha desgranado que en además de los “114.00 personas mayores de 52 años que van a estar cubiertas por este subsidio, también afecta a las 266.000 personas que ya lo cobraban por ser mayores de 55 años, coo recogía la legislación anterior, porque en lugar de cotizar por el 100% del salario mínimo lo harán por el 125% de la base mínima de cotización del SMI”.
Además, la ministra ha añadido que la medida también “afectará a otras 12.000 personas que cobran el subsidio de forma parcial, de manera que aunque hayan tenido un contrato parcial recibirán el subsidio como su hubieran tenido un contrato a tiempo completo”. Valerío ha especificado que con la nueva media se “incrementa la duración máxima del subsidio, si no encuentran empleo, hasta que se llegue la edad legal de jubilación, de manera que no se les va a a obligar a estas personas a jubilarse anticipadamente con el coeficiente reductor que supone”.
Bonificación por contratar a parados de larga duración
Otra de las medidas que se ha aprobado es la bonificación por la contratación de desempleados de larga duración que tiene como objetivo incentivar la contratación indefinida de estos desempleados, según ha explicado la ministra, mediante la bonificación mensual de la cuota a la seguridad social cuando se mantenga el puesto de trabajo al menos durante 3 años.
Valerio ha explicado que la bonificación consiste en 1.300 euros al año, en caso de los hombres, y en 1.500 euros al año para la contratación de las mujeres. La ministra ha justificado este “plus de apoyo porque hay que adoptar medidas para eliminar la brecha de género de los salarios mediante un empuje en la contratación de las mujeres” cuando el 64% del 1,3 millones de desempleados de larga duración son mujeres.
Apoyo al empleo en el sector turístico
Otra medida va encaminada a impulsar el empleo en los sectores vinculados al turismo mediante el apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.
Las empresas podrán aplicar una bonificación del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes -así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional- de los trabajadores fijos discontinuos de estos sectores en los meses de febrero, marzo y noviembre. La medida contribuye al mantenimiento de más de 50.000 empleos durante los citados meses.
Subida de las ayudas contra la pobreza infantil
El decreto ley recoge también el incremento de las ayudas por hijo a cargo para las familias más desfavorecidas, según ha podido saber eldiario.es. De nuevo, esta partida fue una de las que se cayó por la devolución de los Presupuestos para 2019 y, según expresó Pedro Sánchez, era la iniciativa que hacía sentir “más orgulloso” al presidente del Gobierno.
En principio, según el último borrador del decreto de este jueves, las prestaciones quedarían en los 341 euros al año de manera general, lo que supone un aumento del 17% respecto a la cantidad que perciben a día de hoy las familias. Además, la ayuda se elevaría un 102%, hasta los 588 euros anuales, para los hogares con peor situación económica, en situación de pobreza severa (con ingresos por debajo del 25% de la renta mediana de la población en España).
Además, el decreto incluye más medidas, como el incremento de la pensión mínima por incapacidad permanente total que le arrancó Unidos Podemos al Ministerio de Trabajo en la negociación para convalidar el 'macrodecreto' de final de año con la revalorización de las pensiones.
Por otro lado, se reduce la cotización de los trabajadores agrarios por cuenta ajena con el objetivo de minimizar el impacto de la subida del salario mínimo a 900 euros, y que los artistas de espectáculos públicos puedan continuar incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social durante sus periodos de inactividad.
En materia de autónomos, la norma fija que se pagarán las cuotas por todas las contingencias a los trabajadores por cuenta propia que se encontrasen en situación de incapacidad temporal antes de la entrada en vigor del Real Decreto de revalorización de pensiones y otras medidas urgentes en materia social, que se aprobó el pasado mes de diciembre, una vez transcurridos 60 días de incapacidad temporal.