El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley que prohíbe las amnistías fiscales

La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este martes que el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley contra el fraude fiscal que entre otras medidas prohíbe el software para la doble contabilidad, se incrementa el control sobre las criptomonedas, se limita el pago en efectivo de 2.500 euros a 1.000 euros entre profesionales, se amplia la lista de deudores tributarios a los morosos de más de 600.000 euros y se prohíben las amnistías fiscales. Según Montero, estas medidas conseguirán que suba la recaudación fiscal en 800 millones de euros anuales.

La ministra de Hacienda ha insistido en que la nueva norma “pone el foco en el fraude más complejo” con un mayor control sobre los patrimonios elevados y los grandes conglomerados empresariales, con especial atención en las compañías digitales. Montero ha recordado que la Agencia tributaria recuperó 15.715 millones de euros en su lucha contra el fraude fiscal en 2019, un 4,1% más que el año anterior. En los últimos años, las actuaciones efectuadas por el fisco en grandes multinacionales tecnológicas han permitido, además del ingreso de 400 millones de euros, un aumento de sus bases imponibles para próximos años, de más de 650 millones de euros.

Entre las medidas desgranadas por la responsable de la cartera de Hacienda está la prohibición de las amnistías fiscales, una promesa electoral del Gobierno de coalición. Montero ha señalado que con esta medida se acaba con un privilegio que beneficiaba a los grandes patrimonios frente al resto de ciudadanos que cumple con sus obligaciones fiscales.

El Tribunal Constitucional sentenció en 2017 por unanimidad la inconstitucionalidad de la “amnistía fiscal” que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, la última que puso en marcha un Ejecutivo en democracia. La decisión judicial no tuvo efecto sobre los expedientes de aquellos contribuyentes que habían regularizado su situación con Hacienda para preservar la “seguridad jurídica”. El Gobierno de coalición ha admitido que no tienen capacidad normativa para hacer pública la lista de las personas que se acogieron a la medida de gracia que planteó el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, una promesa electoral que hizo Pedro Sánchez en reiteradas ocasiones desde 2015.  

También se amplía la lista de deudores tributarios. Hasta este año solo se incluían los morosos con Hacienda hasta un millón de euros. Con la nueva Ley se reduce el umbral a 600.000 euros y se incorporan como deudores principales a responsables solidarios, que son los que tienen realmente la deuda con la Agencia Tributaria, según ha explicado Montero. El Gobierno publicó la lista de morosos con Hacienda de 2019 hace dos semanas.

La nueva norma también recoge una ampliación de la limitación del pago en efectivo de 2.500 a 1.000 euros, pero para operaciones entre profesionales o empresas. Sin embargo, el pago entre particulares se mantiene en la cifra máxima de 2.500 euros. Además se reduce de 15.000 euros a 10.000 euros el pago en efectivo para particulares con domicilio fiscal fuera de España, ya que estas operaciones son más difícilmente rastreables y pueden facilitar el fraude. La ministra ha subrayado que el objetivo del Gobierno es ir reduciendo estas cantidades progresivamente durante la legislatura para acabar con la economía sumergida.

Más control sobre las criptomonedas

Habrá un mayor control de criptomonedas con la obligación de informar sobre su tenencia, tanto en territorio español como en el extranjero. Los tenedores de criptomonedas no solo tendrán que comunicar sobre el dinero digital que poseen sino también su adquisición, transmisión o pago con dicha moneda. También se añade la obligación de informar en el modelo 720 de declaraciones de bienes y derechos en el exterior sobre la tenencia de monedas virtuales en el extranjero.

Además se prohíben la utilización del software para doble contabilidad que permite la manipulación de cantidades y genera una bolsa importante de fraude. La ministra ha asegurado que la Agencia Tributaria ha recuperado 1.500 millones de euros en los últimos años de empresas que habían utilizado este sistema. No solo hay una prohibición de su uso, sino que se aprobará un régimen de sanción específico para los fabricantes de estos tipos de programas informáticos y a los empresarios que los tengan.

Respecto a los paraísos fiscales, se actualiza el concepto de paraíso fiscal para añadir a los territorios que sean jurisdicciones no cooperantes, es decir aquellos países que no faciliten el intercambio de información fiscal. Con esta nueva propuesta, España podrá pedir a la Unión Europea para que coloque en la lista negra de paraísos fiscales, aunque Bruselas mantiene una política laxa ante estos centros mundiales de lavado de dinero. Además, se incluirán los regímenes fiscales preferenciales que resulten perjudiciales, establecidos en territorios que facilitan el fraude, por ejemplo, regímenes que dan un trato de favor a los no residentes respecto a los residentes.

Finalmente, la ministra ha añadido que la nueva ley incluirá la trasposición de la directiva europea de lucha contra el fraude fiscal que además de recoger elementos de transparencia, también obliga a la tributación de plusvalías generadas o latentes en el traslado de activos desde España a otro país.

Conocida como “Exit Tax”, con esta medida se busca garantizar que, cuando una empresa traslade sus activos o su residencia fiscal fuera del Estado, dicho Estado grave el valor económico de cualquier plusvalía creada en su territorio, aun cuando la plusvalía en cuestión todavía no se haya realizado en el momento del traslado de activos. De este modo, se consigue que tributen en España las plusvalías generadas cuando una sociedad traslada su residencia fiscal al extranjero.

Cambio en la valoración de los bienes inmuebles

Hacienda también ha señalado que dada la elevada litigiosidad existente en la valoración de los bienes y derechos afectados por estos impuestos, se lleva cabo una reforma para dar seguridad jurídica a contribuyentes y administraciones tributarias, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo.

En el caso de bienes inmuebles, el valor de referencia del Catastro se convierte en la base imponible de los tributos patrimoniales, de forma objetiva. Ese valor de referencia de cada inmueble se basa en todas las compraventas de inmuebles efectivamente realizadas y formalizadas ante fedatario. Se calcula con unas reglas técnicas justas y transparentes y se fijará por Catastro mediante un garantista procedimiento administrativo.

Este nuevo uso del valor de referencia cuenta con el apoyo de las Comunidades Autónomas de forma unánime, según el Ministerio, y la norma que se presenta es fruto del consenso alcanzado en el Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, órgano interadministrativo en el que estás representadas las CCAA, junto con el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria.

Hacienda recuerda que “el valor de referencia es distinto del valor catastral y por ello, esta norma no afecta en modo alguno a los impuestos que usan el valor catastral como base imponible: IRPF, IBI o el Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana).

Por otra parte, el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, contiene actuaciones para aligerar el volumen de litigiosidad con los contribuyentes y fomentar el pago voluntario. Se contemplan cambios en el régimen de reducciones aplicables a las sanciones tributarias y en el régimen de recargos para conseguir una mayor simplificación y favorecer el pago voluntario.

Asimismo, este proyecto de Ley incluye medidas para reforzar el control de los operadores del juego, que deberán colaborar en la lucha contra el fraude en esta actividad. Se habilitan mecanismos para luchar contra la manipulación de las competiciones deportivas y combatir el fraude que puede producirse en las apuestas deportivas.