El Gobierno ha rectificado el polémico Real Decreto de Organización, funciones y provisión de puestos de trabajo de las Consejerías de Turismo en las Misiones Diplomáticas de España. Un texto que, en sus borradores previos, eliminaba la experiencia previa en el sector turístico como mérito “preferente” para acceder a estos puestos, lo que, según los críticos con el texto, podía abrir la puerta a la colocación discrecional, en pleno año electoral, de altos cargos vinculados al PP en destinos tan apetecibles como Nueva York, Singapur y Londres, por citar tres ejemplos. Hay 33 consejerías de este tipo repartidas por todo el mundo.
En la referencia del Consejo de Ministros del pasado viernes, que dio luz verde al decreto, podía leerse que el Real Decreto “establece como mérito la formación y la experiencia en las materias objetivo de la competencia de la Secretaría de Estado de Turismo”. Y el texto publicado en el BOE el pasado sábado incluye entre los criterios para ser designado consejero la “formación y experiencia acreditada en las materias objeto de la competencia de la secretaría de Estado de Turismo”. Supone una marcha atrás del Gobierno y se asemeja a la redacción del decreto vigente hasta ahora, del año 2006, que establecía entre los “mérito preferentes” para acceder a estos puestos el de “haber prestado servicios en la Administración turística del Estado”.
En los borradores previos, se había sustituido este punto por méritos tan difusos como la “idoneidad, preparación técnica y profesional para el adecuado desempeño del puesto”. Con esa redacción, cualquier funcionario del máximo rango (nivel 30) podía optar a esos puestos, que en algunos casos implican una retribución que ronda los 300.000 euros brutos anuales. Un caramelo en pleno año electoral.
Fuentes de la Administración explican que, con esta precisión, se ha ampliado el abanico de posibles candidatos a ocupar puestos en las Consejerías de Turespaña, hasta ahora reservados prácticamente en exclusiva a los miembros del cuerpo de técnicos de Información y Turismo, un reducido colectivo en extinción al que pertenecen, entre otros, la candidata del PP a la alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre. Pero siempre manteniendo el requisito de la experiencia previa en la materia.
El decreto, según el Gobierno, persigue “adaptar la regulación de las Consejerías de Turismo a la Ley de Acción y del Servicio Exterior, así como a la vigente estructura del Ministerio de Industria”. Como novedades, reduce de ocho a cinco años el plazo máximo de permanencia de los funcionarios en las Consejerías de Turismo y amplía de dos a tres años el plazo mínimo de estancia en España entre destinos en el extranjero. El Gobierno ya intentó aprobar el texto la semana del puente de San José, pero se enfrentó con la oposición de varios miembros de la Comisión de Subsecretarios, entre ellos los de Justicia y Educación.
La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, confirmó el mes pasado por carta que los “méritos de asignación de puestos” serán “los servicios prestados, es decir, la experiencia adquirida y naturaleza y nivel de los puestos o cargos desempeñados”, junto a otros requisitos como “la idoneidad profesional, el conocimiento de los idiomas que, en su caso, se establezcan” y “los informes de una Comisión Técnica de Valoración, que se crea a tal efecto”.
“Calidad y eficacia”
La secretaria de Estado de Turismo, que aseguraba que “esta norma establece los mecanismos que dotan de mayor racionalidad, exigencia y objetividad al procedimiento de provisión de los puestos” y “fortalece la calidad y eficacia” en la cobertura de esas vacantes, también decía que en las convocatorias “podrán” exigirse los requisitos de preparación técnica y profesional en el ámbito del turismo. Finalmente, este requisito se ha convertido en imprescindible.
Los argumentos de Borrego estaban recogidos en una misiva remitida el mes pasado a Elena Vicente, presidenta de la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), interesándose por este borrador de real decreto, que había puesto en guardia a los altos funcionarios. La Asociación del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado (ACSACE), integrada en Fedeca, lamentó que el borrador no satisfacía “los requisitos de idoneidad, mérito y capacidad, básicos en una función pública profesional”.
El borrador de real decreto estaba en stand-by después de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, encargase a su número dos, el subsecretario de Presidencia del Gobierno, Jaime Pérez Renovales, que analizara a fondo esta cuestión y elaborase un dictamen sobre una norma que la oposición había criticado con dureza.