El Gobierno aprueba una oferta récord de empleo público: más de 40.000 plazas en 2024

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto de oferta de empleo público para 2024, con más de 40.000 plazas. Según ha indicado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, con esta oferta de puestos para la Administración General del Estado se pone “un énfasis especial tanto en la atención a la ciudadanía como a la administración de Justicia y la administración local”.

“Superamos por primera vez los 40.000 puestos nuevos en plantilla, con lo que se consolida una situación en la cual triplicamos en los últimos años el aumento anual respecto a lo que ocurrió entre 2012 y 2017”, ha señalado el ministro de la Función Pública, José Luis Escrivá, que ha indicado que en términos de empleo neto España ha pasado de una pérdida anual media de unos 5.000 trabajadores públicos en el periodo de 2012 a 2018 a un aumento neto de más de 9.000 para este año.

Como ya había anunciado Escrivá este mismo lunes, más de un 10% de plazas en la Administración General del Estado están reservadas para personas con discapacidad. Son un total de 3.147, de las que 629 irán destinadas a personas con discapacidad intelectual que, según ha indicado este martes en rueda de prensa, “siendo uno de los colectivos más vulnerables, es más difícil trabajar en su empleabilidad”.

Acceso libre y promoción interna

Del total de 40.146 plazas, 31.465 son para puestos en la Administración General del Estado. Estas dependen del Gobierno y sus diferente organismos, a través de lo que realiza las funciones o presta a la ciudadanía los servicios que dependen directamente del Ejecutivo. Esto incluye, por ejemplo, el Servicio Estatal Público de Empleo, la Seguridad Social o la Dirección General de Tráfico, donde el Gobierno busca un refuerzo. No incluye, por tanto, aquellos trabajadores públicos que dependen de las comunidades autónomas o las corporaciones municipales, como el grueso de sanitario o trabajadores en educación.

De estas más de 30.000 plazas, solo 20.840 son de acceso libre. Es decir, cualquier ciudadano puede optar a ellas. El resto, 10.625 serán de promoción interna, con las que el Ejecutivo pretende configurar un “modelo en el que la trayectoria y las carreras profesionales de los trabajadores públicos se impulsen por distintas vías”.

Policía, Guardia Civil y Fuerzas Armadas

El ministro Escrivá ha destacado “un porcentaje muy significativo tanto en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como en las Fuerzas Armadas”. Serán, en total, 8.681, el 21,6% del total de plazas ofertadas. La convocatoria va de las 3.158 plazas para guardias civiles a las 2.857 para policías y las 2.666 para militares.

Escrivá ha destacado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el “refuerzo en el ámbito local, con más de 500 plazas a los habilitados nacionales”. A falta de conocer los cuerpos específicos, según los datos del ministerio, 7.286 plazas irán destinadas al análisis y la gestión de políticas públicas; 2.879 están enfocadas a funciones destinadas a la cohesión social y el empleo público inclusivo; otras 2.525 se aprueban con el ánimo de una reforma integral y de modernización de la Justicia; 1.804 son para transformación digital; 1.386 para gestión de infraestructuras y ecosistemas resilientes; 923 para funcionarios de Instituciones Penitenciarias; 886 para funciones de I+D+i; 612 para trabajadores sanitarios dependientes del Gobierno; y 618 para otros sectores.

El ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública se había marcado como objetivo recuperar el empleo perdido durante la crisis de 2008, unos 80.000 puestos, y acercar los datos a la media de la OCDE, en torno al 18,63%, dos puntos más que en España. Dentro de las medidas para corregir este desajuste, el Gobierno había anunciado la eliminación de la tasa de reposición a partir de 2025, el límite que imponía el Gobierno central a las ofertas de empleo público.

Con el apoyo de UGT

El plan cuenta solo con la adscripción de UGT. Tanto Comisiones Obreras como el sindicato de funcionarios CSIF se había descolgado del acuerdo con Función Pública.

Desde CSIF señalan que esta oferta de empleo público supone un “freno a la renovación de las plantillas”, porque “reduce un 6,10% la creación de empleo neto en la Administración del Estado”. “Hay que tener en cuenta que en los próximos 8 años se jubilará previsiblemente el 60% de la plantilla”, advierten. Además, desde este sindicato recuerdan los “retrasos en los procesos”, que hacen que desde 2019 se acumulen “cerca de 50.000 plazas sin cubrir”, algunas de las cuales “han caducado por una mala gestión y no podrán volver a convocarse”.