El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de presupuestos para el próximo año. Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 conllevan un récord de gasto social de 266.719 millones de euros. Supone un incremento respecto a los 248.000 millones presupuestados para este año. Buena parte de este incremento nace en la subida de las pensiones, que el Gobierno cifra en un 8,5%. Además, también se anota un registro récord de inversiones de 11.800 millones de euros.
El Ejecutivo ha presentado así sus terceras cuentas anuales con acuerdo en la coalición. Se trata de un primer trámite al que tendrá que seguir la negociación parlamentaria una vez se registre el proyecto de ley en el Congreso.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantiene que se trata un año más de presupuestos expansivos, al tiempo que se espera una reducción del déficit y la deuda para el próximo ejercicio. “Seis de cada diez euros del presupuesto de gasto es gasto social”, ha defendido Montero durante su presentación tras el consejo de ministros. Montero ha explicado que los ingresos no financieros se incrementarán en un 6% en 2023 respecto a la previsión de cierre del año 2022, incluyendo el incremento por la última reforma fiscal, aunque la ministra de Hacienda justificó esta subida de los ingresos por la buena evolución de la situación económica.
En lo que respecta al resto de partidas de gasto, Montero ha reivindicado el aumento en cuestiones como sanidad, educación o vivienda. El gasto sanitario se incrementa un 6,7%, con 173 millones para atención primaria o 500 millones para infraestructuras y salud mental. En dependencia se refuerza con 620 millones de euros. El gasto educativo mantiene un crecimiento del 6,6%, hasta los 5.347 millones.
Se consolidan medidas aprobadas para este año y a lo largo de este ejercicio. Es el caso del bono alquiler, con un presupuesto de 200 millones de euros más. También las bonificaciones en el transporte, con 660 millones de transferencia para Renfe para que se mantengan las bonificaciones y la gratuidad de los abonos el próximo año en Cercanías y media distancia.
El Ministerio de Educación ha anunciado un aumento de 400 millones de euros en la partida de becas de los presupuestos para 2023. Esta cantidad es la que el Gobierno calcula que se va a invertir en ayudas para el curso 2023-2024, por lo que no será definitiva hasta que no se resuelva esa convocatoria, lo que sucederá aproximadamente a estas alturas del año que viene. La convocatoria del año que viene empezó con 2,134 millones de euros y acabó por encima de los 2.500 cuando el Gobierno añadió 400 euros por becario a mitad de curso.
Como el curso académico y no coincide con el año natural por el que se rigen los presupuestos, la partida de becas –que supone la mitad de todo el presupuesto del Ministerio de Educación– tiene sus peculiaridades. El montante incluido en las cuentas de 2023 cubre el final de la convocatoria del curso 2022-2023 (entre enero y junio) y el principio del siguiente, 2023-2024 (la parte de septiembre a diciembre). Con esta salvedad, explican fuentes del Ministerio de Educación, la cifra que aparece en los presupuestos se estipula en base a lo que se cree que va a ser la convocatoria del segundo curso que se solapa en los presupuestos de cada año.
Subida de las pensiones
En cuanto a las pensiones públicas, la partida que más dinero supone cada año en los Presupuestos, la ministra de Hacienda ha cifrado el aumento del gasto en “un 11,4%”. El alza se explica por el incremento del número de pensiones, así como por la subida anual de las prestaciones según la inflación media del año anterior.
Montero ha estimado esta revalorización de las pensiones alrededor “del 8,5%”. El dato se cerrará cuando se conozca la inflación de noviembre, ya que se calcula con la media de los IPC interanuales de diciembre de 2021 a noviembre de 2022, según estableció la reforma de pensiones.
La titular de Hacienda ha destacado que un país se mide por “cómo trata a sus personas mayores” y a las personas más vulnerables, por lo que ha celebrado el compromiso del Ejecutivo con la garantía del poder adquisitivo de los pensionistas, como recomendó el Pacto de Toledo.
“Volvemos a llenar la hucha de las pensiones”, ha anunciado además María Jesús Montero, que ha recordado que es “la primera vez en 13 años que el Gobierno realiza una aportación al Fondo de Reserva”, que vació casi en su totalidad el anterior mandato de Mariano Rajoy. La responsable de Hacienda ha cifrado en “2.957 millones” de euros con destino a la llamada hucha de las pensiones “procedentes del MEI”, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional que se aprobó en la reforma de pensiones.
La ministra de Hacienda ha apuntado que solo dos partidas de gasto se reducen el próximo año, que son los servicios de carácter general, por una menor aportación al fondo de liquidez autonómica, el FLA, y la partida de desempleo, que se verá reducida por la mejora del mercado de trabajo. En lo que se respecta a la financiación autonómica y local, Montero ha apuntado que se espera una partida de entregas a cuenta de 125.000 millones de euros, lo que crece un 24% los recursos para las comunidades y un 5% los fondos para los ayuntamientos.
Además de la subida de las pensiones, el Gobierno ha incluido en estos presupuestos un incremento del 6,6% en los gastos de personal. Esto incluye el acuerdo de subida salarial para los funcionarios del 2,5% —con una posible extra del 1%— y la revalorización del 1,5% para este año. También se incluye la oferta pública de empleo que acordó con los sindicatos en mayo.
Menor crecimiento del PIB en 2023
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, detalló el cuadro macroeconómico en el que se asientan los nuevos Presupuestos. Y reiteró que “todos los indicadores muestran que la economía española se encuentra en una senda de crecimiento fuerte y sostenido”, gracias a la fortaleza del mercado de trabajo por la reforma laboral y a las inversiones que favorece el Plan de Recuperación.
La previsión para el incremento del PIB (Producto interior bruto) en 2022 aumenta una décima, hasta el 4,4%, como adelantó la propia vicepresidenta este lunes antes la reunión del Eurogrupo, y se reduce al 2,1% en 2023. Unas estimaciones en línea con instituciones internacionales como la OCDE y que superan el crecimiento medio esperado en el conjunto de la UE, y también el resto de grandes economías del club comunitario.
Incluso, Calviño destacó que las previsiones que acompañan a los Presupuestos son prudentes por la incertidumbre que supone la invasión rusa de Ucrania y la crisis energética, pero afirmó que los datos conocidos hasta septiembre “están apuntando a un crecimiento todavía mayor”.
Por ejemplo, señaló que en el mercado de trabajo “no hay síntomas de desaceleración económica”, y adelantó que en 2023 alcanzarán “casi 21 millones de afiliados” y se reducirá la tasa de desempleo por debajo del 12%, “tras bajar ya del umbral de 3 millones de parados”. También incidió en que, pese al daño de la inflación y la complicada situación internacional, el sector turístico se acercará en 2022 al récord de 2019.
De cara al próximo año, también confía en “un fuerte crecimiento de inversión en bienes de equipo y construcción” por el despliegue del Plan de Recuperación, que calcula que aportará 2,6 puntos porcentuales de media al PIB al año hasta 2031. De hecho, Calviño admitió que sin los fondos europeos “habría una caída de la inversión”.
Según estas premisas y teniendo en cuenta que continuará las subidas de los tipos de interés de referencias en la eurozona -como parte de la estrategia del BCE para luchar contra la inflación-, que la economía global seguirá soportando unas precios anormalmente elevados del petróleo y del gas y asumiendo una ralentización del crecimiento en el conjunto de la eurozona -la OCDE prevé que la actividad en Alemania se contraerá un 0,7%-, la vicepresidenta económica podrá cumplir con el objetivo de reducir el déficit por debajo del 3% y del 110% la ratio de deuda frente al PIB hacia 2025.
Respecto a la inflación, es la prioridad del Gobierno a corto plazo. Y Calviño defendió que es “una inflación importada”, con origen en los precios energéticos y exacerbada por la depreciación del euro, que en España se ha conseguido moderar con los tres paquetes de medidas aprobados hasta el momento.
Según su tesis, tras la relajación del 9% del IPC general en septiembre, la curva seguirá en tendencia descendente en próximos meses porque en nuestro país, aunque la escalada de la electricidad, el gas y los carburantes se ha trasladado a los alimentos, no lo ha hecho a los costes al resto de las empresas (los salarios principalmente), por lo que no existe la temida inflación de segunda ronda.
Podemos acusa al PSOE de ocultarle la subida del gasto militar
El acuerdo de Presupuestos, sin embargo, no ha servido para mantener la paz en el seno de la coalición ni 24 horas. El portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, ha acusado esta tarde a su socio de Gobierno de ocultarles el incremento de hasta un 26% en el gasto militar, una de las líneas rojas de los morados que habían exigido no aumentar “ni un céntimo de euro” en esa partida.
“Nosotros no vamos a romper el gobierno por una deslealtad del PSOE, porque sería muy irresponsable cuando tenemos a Feijóo y Abascal afilando los cuchillos. Pero quiero decir claramente que nos han ocultado el aumento unilateral en el gasto en defensa y que es una vergüenza”, ha escrito Echenique en su perfil de Twitter.
Desde la formación de Ione Belarra niegan que ese incremento se haya tratado en la mesa de negociación entre los equipos del PSOE y Unidas Podemos. Fuentes de la vicepresidencia segunda precisan que, en realidad, el incremento del departamento de Margarita Robles es de apenas el 6,5%, la mitad por ejemplo de lo que crece el presupuesto de Derechos Sociales, y que el resto del incremento “está fuera de presupuesto y no lo compartimos, pero es una propuesta socialista”. Niegan, en cualquier caso, que el PSOE haya ocultado nada asegurando que todos los asuntos fueron tratados en las conversaciones y que, por tanto, también estaba al tanto de ellos el secretario de Estado de Ione Belarra, Nacho Álvarez, uno de los negociadores.
Información realizada por Diego Larrouy, Daniel Yebra y Laura Olías.