El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al proyecto de ley que prevé recortar los denominados beneficios caídos del cielo de las tecnologías hidroeléctrica y nuclear por el encarecimiento del CO2. El Ejecutivo remite así al Congreso el texto, que en su redacción inicial preveía un abaratamiento de la factura final del 5%.
“Este no es un momento para maximizar beneficios” sino para “garantizar la equidad” de personas especialmente vulnerables y “los costes de la transición energética no deben cargar sobre las espaldas de los más vulnerables”, ha dicho en rueda de prensa la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras la prórroga del escudo social hasta el 31 de octubre. Finalmente, el Gobierno ha optado por la vía del proyecto de ley, que defendía Transición Ecológica, y no por el Real Decreto-Ley, como pedía Unidas Podemos.
El proyecto finalmente aprobado incluye “tres modificaciones importantes que garantizan la solvencia” del texto, según Ribera, tras las observaciones recibidas del sector, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Consejo de Estado.
Así, se establece un umbral mínimo de 20 euros en el precio del CO2 a partir del cual se activa la minoración por el que “aseguramos la rentabilidad” de las plantas y se hace “viable” su funcionamiento. También se modifica la fecha de referencia para las plantas hasta 2003, y no 2005, como señalaba el proyecto inicial. La reducción de ingresos será de 200 millones con la tonelada a 30 euros y de 1.700 millones con la tonelada a 100 euros. Con la situación actual, se obtendrían unos 625 millones que suponen alrededor del 16% de la facturación media de las instalaciones. Estos fondos irían directamente al sistema eléctrico para la cobertura de los mecanismos de capacidad. Además, se destinará un 10% de la recaudación a los consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social.
El proyecto, rechazado por las eléctricas, es una de las principales medidas planteadas por el Ejecutivo ante el espectacular encarecimiento de los precios del mercado mayorista de electricidad.
La otra gran propuesta es el proyecto de ley para sacar gradualmente el coste de las renovables de la tarifa. Ninguna de ellas será de aplicación inmediata, aunque cuando esté en vigor (el fondo tardará cinco años en estar plenamente operativo) abaratarán el recibo un 15%, según el Ejecutivo. El Gobierno, que ha pedido por carta a la Comisión Europea cambios en el diseño del mercado marginalista (por el que la última oferta que casa el precio marca lo que cobran todas las tecnologías), aprobó en junio una rebaja de urgencia del IVA de la luz al 10% y la suspensión del impuesto del 7% a las generadoras, pero la escalada del denominado pool se ha comido ya buena parte del efecto de esas rebajas fiscales.
Agosto ha comenzado con precios inusualmente altos para este mes. Este miércoles, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista va a superar los 104 euros por megavatio hora (MWh), según datos de OMIE, tras rozar el martes el récord histórico alcanzado el 21 de julio. Con media España de vacaciones, agosto sigue la senda de julio, que alcanzó un precio medio récord de 92,41 euros MWh. Sin visos de bajadas en lo que queda del año, el mes pasado disparó el precio medio del pool 2021 al nivel más elevado de la historia. El récord de este miércoles llega después de que el MWh marcase este martes, 3 de agosto, el segundo precio más alto de la historia, 106,27 euros/MW. El lunes marcó el cuarto más elevado hasta entonces en los registros de OMIE.
La espiral alcista del pool está espoleada por el espectacular encarecimiento del gas natural, que en el mercado ibérico (Mibgas) repunta ya por encima de 43 euros por MWh, un nuevo récord histórico y un 103% más que en enero, en una dinámica común al resto de Europa por la fuerte demanda de Asia y problemas de suministro desde Rusia; por su parte, los derechos de emisión de CO2, que la tecnología hidroeléctrica y nuclear no soportan, aunque se benefician de su efecto inflacionista en el mercado mayorista, se sitúan por encima de 54 euros por tonelada, cuando a principios de año rondaban los 33 euros.
El precio de la energía tiene un peso cercano en la factura de en torno al 24%. Alrededor del 50-55% corresponde a los peajes -el coste de las redes de transporte y distribución- y cargos -los costes asociados al fomento de las renovables, a las extrapeninsulares y las anualidades del déficit de tarifa- e impuestos.
“Proteger” al consumidor
Las oscilaciones en el precio diario afectan directamente a los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC), algo más de 10 millones, mientras que están exentos los que están en el mercado libre -unos 17 millones-, ya que cuentan con un precio pactado con su compañía. En los últimos días, Endesa a Iberdrola han pedido una reforma de la tarifa regulada (la menos rentable para las empresas y, a la larga, la menos cara para los hogares), para no dejar a los usuarios acogidos a ella expuestos a los vaivenes del mercado mayorista, al que está indexado directamente. Según Endesa, permitiría “proteger” a esos consumidores de dichos vaivenes.
En julio, y según las estimaciones de Facua, el recibo se encareció de media un 36,2 con respecto al mismo mes del año pasado, situándose en los 85,34 euros, la tercera más cara de la historia. Solo la bajada de urgencia del IVA aprobada en junio hizo que no fuera la más cara desde que hay registros.
Esta asociación de consumidores ha reclamado al Gobierno que cambie las reglas de la subasta por la que cada día se fijan los precios, sacando del denominado pool a las tecnologías nuclear e hidroeléctricas; que se mantenga el IVA al 10% “de forma permanente”, medidas contra “las ofertas fraudulentas de las eléctricas” y un “nuevo modelo” para los descuentos del bono social, en cuya reforma trabaja el Gobierno desde hace meses.