Los tres nuevos impuestos (banca, energéticas y grandes fortunas) han pasado este jueves su trámite definitivo en el Congreso y pasarán al Senado para su aprobación y entrada en vigor el próximo 1 de enero. El Gobierno se ha asegurado en sus socios parlamentarios tradicionales los apoyos necesarios para poder sacar adelante las nuevas figuras fiscales, aunque con alguna modificación respecto a lo inicialmente previsto que pueden menguar su recaudación
Los grupos parlamentarios socialista y confederal de Unidas Podemos, quienes registraron esta proposición de ley, han recibido el respaldo de sus socios al texto tras incluir las respectivas enmiendas. La medida ha sido así ampliamente secundada por la cámara, con 186 votos a favor. PSOE y Unidas Podemos han logrado el apoyo de ERC, EH Bildu, Más País, BNG, Compromís, Juntos, CUP, PRC, Teruel Existe y la CUP. Se han abstenido, por contra, PNV y PDeCat, que sí habían respaldado los Presupuestos Generales. Han rechazado la medida 152 diputados, incluyendo al PP, Vox, Ciudadanos, Navarra Suma o Foro Asturias.
Este es uno de los puntos que han levantado ciertas críticas desde algunos de los socios, como EH Bildu o ERC. Sin embargo, han incluido una enmienda en el texto que han permitido asegurar que cuando se acabe este periodo se hará un estudio para analizar si puede ser convertido en un gravamen permanente. Estos partidos, que han asegurado su voto favorable al texto, señalan sin embargo que se queda corto. “Queríamos llegar más lejos, pero damos hoy un paso importante”, ha asegurado Joan Margall, diputado de ERC.
Inicialmente, se esperaba que el impuesto a la banca recaudara 1.500 millones anuales y el de las energéticas, 2.000 millones. Sin embargo, esta segunda cifra será sensiblemente inferior, ya que una enmienda pactada entre el Gobierno y el PNV deja fuera los ingresos procedentes de actividades reguladas. “Nos parece correcto dejarlos fuera porque por su naturaleza no son susceptibles de tener beneficios extraordinarios”, ha asegurado Txema Guijarro, diputado de Unidas Podemos.
El texto arrastra sin embargo algunas críticas por parte de sus socios. Por ejemplo, Joan Baldoví, de Compromís, o Margall, de ERC, han defendido que al menos una parte de estos tributos deberían de ser recaudados por las propias comunidades autónomas. También el PNV ha puesto en duda la invasión sobre las competencias de las haciendas vascas, pese a que el Gobierno pactó con Bildu que cederá a Euskadi y Navarra la recaudación que corresponda a estos territorios.
Esta ley, cuando se registró, contenía únicamente los tributos de la banca y las energéticas. Sin embargo, en la tramitación parlamentaria se ha incluido un nuevo impuesto: el de las grandes fortunas. Este tributo se comenzará a recaudar en 2023 sobre el patrimonio de 2022 de aquellos contribuyentes que tengan un patrimonio de más de 3 millones de euros. Será efectivo en toda España, por lo que invalidará las bonificaciones que plantean comunidades como Madrid.
La norma pasará al Senado con el rechazo de la bancada de la derecha. PP, Vox y Ciudadanos han rechazado en bloque estas medidas y han advertido que es susceptible de ser recurridas y anuladas en los tribunales. “Vamos a pagar un precio muy alto por su voracidad de mantenerse en el poder”, ha asegurado Edmundo Bal, diputado de Ciudadanos. “No nos hacen ni caso y el impuesto va a suponer una doble tributación”, ha añadido. En la misma línea se ha posicionado Gabriel Elorriaga, representante del PP, quien ha defendido que el Gobierno “ha perdido completamente el rumbo” y que este impuesto “no es más que una irregularidad más de las muchas que han cometido en la tramitación de los Presupuestos”. “Es un modelo antieuropeo”, ha añadido. Rubén Manso, de Vox, ha criticado los objetivos redistributivos de la norma. “Distribuyendo riqueza no se vive mejor, se pasa menos envidia”, ha asegurado, para celebración de su bancada.
La norma ha incluido nuevas enmiendas sobre otras reglas fiscales. La más destacada es la que afecta a los incentivos fiscales para la producción audiovisual de películas y series. Entre otras cuestiones, el límite máximo se mantiene en los 10 millones de euros en el caso de las series, aunque antes era por temporada y ahora será por capítulo. Esto beneficiará, entre otros, a las grandes plataformas de streaming por sus producciones en España, como Netflix, HBO Max o Amazon. Tanto el ministro de Cultura, Miquel Iceta, como ERC han reivindicado esta medida. “Vivimos en competencia mundial y tenemos que ser competitivos. La atribución de beneficios fiscales a empresas extranjeras que trabajan en España es del todo necesario si queremos estar en la vanguardia del mundo”, ha asegurado Iceta.