El Gobierno aumenta un 60% los fondos para la protección a la familia y contra la pobreza infantil

El Gobierno ha ampliado la partida destinada a “protección a la familia y pobreza infantil” prácticamente un 60% en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, hasta alcanzar los 159 millones de euros. Así, se añaden 59 millones más en este capítulo dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y que sobre todo consiste en “transferencias a ayuntamientos y autonomías” para sus proyectos en este sentido, explican fuentes de la vicepresidencia dirigida por Pablo Iglesias. La pobreza entre los menores de edad aumentó en 2019 pese al crecimiento económico, hasta alcanzar al 27,4% de los menores de 18 años. Más de uno de cada cuatro menores en el país, que viven en hogares con ingresos por debajo del umbral de la pobreza en España. En las ONG especializadas en infancia, como Save the Children, temen que este año el incremento sea mucho mayor debido a la pandemia.

La partida presupuestaria en cuestión se titula 'Protección a la familia, pobreza infantil y plan concertado' y pasa de los 100 millones en 2020 a los 159 millones de euros en 2021. Aunque para combatir la pobreza infantil hay que tener en cuenta muchas más partidas presupuestarias, con una mirada amplia a la protección social de los hogares con dificultades económicas, es destacable el notable incremento de esta partida de “prestaciones básicas de servicios sociales”, que como explican en el Ministerio de Derechos Sociales sobre todo tendrá aplicación directa en los proyectos de los ayuntamientos que tienen competencias en servicios sociales y de atención a las familias vulnerables.

En este incremento de 59 millones destaca el aumento en “un millón de euros” del Plan de Desarrollo Gitano, que suponen “un empujón importante”, indican en la vicepresidencia segunda. Las cuentas públicas apuntan que, dentro de este mismo programa presupuestario “Atención a la Infancia y a las familias”, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones gestiona el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, creado para “garantizar, mediante un sistema de anticipos a cuenta, el pago de alimentos reconocidos a favor de los hijos menores de edad en convenios judicialmente aprobados o resolución judicial, en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, procesos de filiación o de alimentos”. La dotación del Fondo para 2021 asciende a 2,5 millones de euros.

Otra de las partidas que más afecta a la lucha contra la pobreza infantil es el Ingreso Mínimo Vital, creado este año y que por primera vez cuenta con dotación presupuestaria, de unos 3.000 millones de euros en 2021. Esta cantidad se corresponde con el coste estimado por el ministro José Luis Escrivá al poner en marcha esta nueva renta mínima a nivel estatal para cuando la prestación estuviera desplegada del todo. Según estos planes, la ayuda llegaría a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas. La prestación del IMV aumentará en 2021 en un 1,8%, al igual que las pensiones no contributivas.

Además, el Gobierno de coalición subirá un 5% el IPREM, un indicador clave para los subsidios y las ayudas sociales, que lleva prácticamente congelado una década. El alza de 2021 es la más abultada en la historia de este índice, creado en 2004, para sustituir al salario mínimo interprofesional (SMI) como referencia en diferentes ayudas sociales, subsidios, becas y prestaciones, tanto a nivel estatal, autonómico y local.

También destaca el incremento en otras partidas pensadas para la infancia de escasos recursos, como el aumento del programa de becas y ayudas a estudiantes, con una dotación de 2.090 millones de euros, 515 millones más que en 2020.

Las prestaciones por hijo a cargo se congelan

Sin embargo, hay una partida relevante en materia de infancia que se queda congelada en las cuentas públicas de 2021. Se trata de las prestaciones familiares por hijo a cargo para hogares de muy escasos recursos, antes del ingreso mínimo vital la única aportación del estado a estos hogares en pobreza. Muchas familias que venían percibiendo esta ayuda, un total de 74.000 hogares, pasaron a recibir la nueva renta mínima estatal tras la gestión de oficio de la Seguridad Social, pero hay otras familias vulnerables que no cumplen con los requisitos del ingreso mínimo vital y que pueden seguir percibiendo esta ayuda estatal.

Uno de los problemas de esta ayuda, que limita su efectividad contra la pobreza, es su escasísima cuantía, que aumentó el Gobierno de Sánchez en su primera legislatura. Aun así, las cantidades siguen siendo muy reducidas: en general, 341 euros anuales (28,41 euros mensuales) para las familias con menores a cargo sin discapacidad, que alcanzan los 588 euros al año cuando el hogar está en pobreza severa. Para las familias con menores a cargo con discapacidad, la prestación se incrementa: va de los 1.000 euros al año (83,33 euros mensuales) cuando el menor tenga una discapacidad del 33% a los 7.120,80 euros anuales cuando la discapacidad es superior al 75%.

Según la disposición adicional cuadragésima primera del proyecto de Presupuestos, estas cuantías se mantienen en 2021 sin ningún incremento. La previsión de gasto en esta partida es de 1.402 millones de euros, un 23,7% menos que el año pasado y que, según fuentes de la Seguridad Social, se debe al descenso de beneficiarios que ahora están percibiendo el ingreso mínimo vital.

Un reciente informe de Unicef sobre medidas para combatir la pobreza infantil en España, elaborado por Olga Cantó y Luis Ayala, recomienda impulsar una prestación por hijo a cargo universal, para todos los hogares con niños a cargo, como existe en otros países europeos. Es una de las medidas que aconsejan para que España combata este problema, que nos retrata como el segundo país con mayor pobreza infantil de la UE, tras Rumanía. Siendo la meta alcanzar una prestación universal, los expertos emplazan al menos a aumentar las ayudas por hijo a cargo existentes en la actualidad.

Cantó y Ayala recomiendan además revisar los apoyos a la infancia a través de las desgravaciones fiscales, que ahora son una parte importante del sistema de ayudas en España. “Dado que la gran parte de los hogares situados por debajo del umbral de la pobreza están exentos de tributar en el impuesto, estas desgravaciones no tienen prácticamente incidencia en la pobreza infantil”, recuerda el informe de Unicef, por lo que los especialistas llaman a “cambiar esto y complementar las prestaciones focalizadas como el IMV con pagos similares a las deducciones fiscales de los que tributan en el IRPF (deducciones fiscales reembolsables)”. Esta medida “sería un importante paso adelante que permitiría abordar de forma coherente la protección de las familias con hijos, aumentando su capacidad redistributiva”, recomiendan.