El Gobierno pretende subir las ayudas por hijo a cargo para las familias más desfavorecidas antes de dejar la Moncloa. Así figura en un borrador que ha hecho llegar el Ejecutivo a los agentes sociales, al que ha tenido acceso eldiario.es y ha adelantado La Información, con varias medidas que quiere incluir en un real decreto de protección social. Se trata de varias de las iniciativas que cayeron tras la devolución de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 por parte del Congreso de los Diputados, como el incremento de la pensión mínima por incapacidad permanente total y la cotización a los cuidadores no profesionales.
El texto que ha podido consultar este medio –y del que también ha informado El Mundo– es todavía “un documento de trabajo”, precisan fuentes del Ministerio de Trabajo, que no confirman ni desmienten ninguna de las medidas recogidas por la prudencia de estar aún en elaboración y con una negociación abierta.
El documento fue enviado por el Ejecutivo a los agentes sociales para informar sobre algunas de las medidas de los Presupuestos que los socialistas quieren recuperar en el real decreto antes de dejar la Moncloa. Entre ellas, figuran el incremento de las ayudas por hijo a cargo para las familias desfavorecidas de un 17%, hasta los 341 euros al año. Además, esta prestación se elevaría un 102%, hasta los 588 euros al año, para las familias con peor situación económica. La Comisión Europea subraya la elevada pobreza infantil y el escaso gasto público en prestaciones familiares de España en un informe que se presentará este miércoles y ha adelantado El País.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había afirmado que estas medidas contra la pobreza infantil eran las que le hacían sentir “más orgulloso” dentro de sus Presupuestos para 2019, pero hasta el momento no había trascendido que fuera a incluirlas en un real decreto, como sí ha anunciado con otras materias, como el subsidio para desempleados mayores de 52 años.
Pensión mínima por incapacidad permanente
Otra de las iniciativas que recoge el documento de trabajo es el incremento de la pensión mínima por incapacidad permanente total que le arrancó Unidos Podemos al Ministerio de Trabajo en la negociación para convalidar el 'macrodecreto' de final de año con la revalorización de las pensiones.
Los de Iglesias denunciaron que el Gobierno había desligado del salario mínimo la pensión mínima por incapacidad permanente total derivada de una enfermedad común en los casos de trabajadores menores de 60 años con cónyuge, lo que suponía “un recorte”, ya que no se incrementaba un 22% como lo hacía el SMI.
El Ministerio de Trabajo se comprometió finalmente a elevar esta cuantía mínima en los Presupuestos, de los 417 euros mensuales (en 14 pagas) aprobados a los 495 euros al mes. Para los trabajadores con cónyuge a cargo y aquellos que viven en hogares unipersonales la cantidad mínima era algo mayor: 499,4 euros al mes, en lugar de los 421,4 euros aprobados. Ambas subidas quedan reflejadas en el borrador del real decreto.
Cotización para los cuidadores no profesionales
Del mismo modo, queda reflejada la cotización de los cuidadores no profesionales –en su mayoría mujeres– a la Seguridad Social a cargo del Imserso, cuya recuperación había ya anunciado Pedro Sánchez. Esta medida y la recuperación del subsidio para desempleados mayores de 52 años fueron anunciadas por el presidente del Gobierno en un mitin en Andalucía y son de las pocas que en el Ministerio de Trabajo dan por seguro que incluirán en un real decreto (o varios) de cara al final de su mandato.
Desde el ministerio que dirige Magdalena Valerio insisten en la última semana en que las medidas qué aprobará el Consejo de Ministros en materia laboral y de Seguridad Social antes de concluir el gobierno de los socialistas está aún por decidir. Y desde los agentes sociales confirman esa indefinición, que están tensionando las relaciones con los sindicatos y la patronal.
En el tintero están los cambios en la reforma laboral del PP y de la reforma de pensiones, y los intereses de los empresarios y las centrales sindicales chocan. UGT y CCOO piden al Gobierno de Sánchez que cumpla con su compromiso de derogar los aspectos más lesivos de ambas legislaciones y amenazan con movilizarse en caso contrario, mientras que CEOE y Cepyme reclaman al Ejecutivo que no legisle por la vía de urgencia en la recta final de su mandato.