La Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, autorizó a siete ex altos cargos del Ministerio de Defensa para trabajar en empresas de armas entre 2007 y 2015 en calidad de asesores, consultores o administradores, según datos obtenidos de una petición de información enviada por eldiario.es a través del Portal de Transparencia.
Cinco de esas autorizaciones se concedieron con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno y otras dos con Mariano Rajoy en La Moncloa. Un secretario general de Política de Defensa y seis altos cargos del Ejército nombrados entre 2001 y 2013 recibieron el permiso del Gobierno para trabajar en Indra, Santa Bárbara Sistemas, Airbus, Explosivos Alaveses, Lockheed Martin o TRC, habituales contratistas de la cartera dirigida actualmente por Pedro Morenés.
La ley de regulación de altos cargos aprobada en 2006 establece que cuando estos últimos quieran prestar “servicios en entidades privadas afectadas por decisiones relacionadas con el cargo desempeñado” durante el periodo de dos años tras el cese “deben solicitar y obtener la autorización” del Gobierno. De las 17 autorizaciones firmadas por la Oficina de Conflicto de Intereses sobre altos cargos del Ministerio de Defensa desde la aprobación de esa ley, ocho estuvieron relacionadas con empresas de armas.
La Oficina no halló incompatibilidad en ninguno de los casos por trabajar para una empresa dedicada a la producción de armamento justo después de haber desempeñado un puesto de alta responsabilidad en el Ministerio. La Oficina de Conflicto de Intereses sentenció que “no existen objeciones que formular al inicio de dicha actividad” en las autorizaciones firmadas para que siete ex altos cargos de Defensa pudieran incorporarse a distintas empresas de armas.
Las compañías para las que pidieron autorización recibieron, al menos, 3.680 millones de euros en adjudicaciones de Defensa durante el periodo en el que desempeñaron sus funciones como altos cargos, según datos del BOE recopilados por eldiario.es.
Entre ellas, se encuentran dos de las cuatro empresas (Airbus y Santa Bárbara Sistemas) que se llevaron el 97% de los programas de armamento, tal y como publicó este diario. Por estos programas, el Gobierno todavía debe abonar 21.389 millones de euros a la industria armamentística por compromisos de compra que se empezaron a firmar en 1997.
La gran mayoría de adjudicaciones realizadas por el Ministerio de Defensa a estas cinco empresas (Airbus, Santa Bárbara, Indra, Expal y Lockheed Martin) se hicieron a través del procedimiento más opaco posible: negociado sin publicidad, por el que se pueden hacer adjudicaciones sin concurso y negociando directamente con las empresas.
De los 3.680 millones de euros adjudicados mientras desempeñaban sus funciones de altos cargos, el 98% se hicieron por el procedimiento negociado sin publicidad. Esa regla se ha convertido en habitual en los contratos del Ministerio, según desveló una investigación de Quién Cobra la Obra de la Fundación Civio: el 70% de las adjudicaciones de Defensa en 2014 se hicieron a través de esa regla.
Del Ministerio a vender tanques y aviones de combate
Carlos Gómez Arruche, Jefe del Mando Aéreo General entre 2006 y 2009, y José Manuel García Sieiro, que ocupó los cargos de director general de Armamento y Material y director general del INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) entre 2008 y 2013, fueron autorizados a trabajar para Airbus y su filial española EADS CASA. La compañía dice que “es una práctica común emplear asesores que tengan buenos conocimientos del sector, así como clientes”, siempre respetando los requisitos legales de cada país.
Fundada en 1923 con la inauguración de dos fábricas de aviones, Construcciones Aeronáuticas (ahora Airbus) estrechó lazos con la dictadura franquista tras el final de la Guerra Civil. En 1943, el Estado adquiere el 33% de la empresa y prosigue ampliando su participación hasta ser propiedad casi estatal en décadas posteriores. En 1999 fue privatizada por el Gobierno de Aznar, al ser vendida al consorcio europeo Airbus y pasar a denominarse EADS CASA.
La compañía aeronáutica, principal contratista del Ejército del Aire, percibió 1.885 millones de euros en adjudicaciones de Defensa entre 2006 y 2013. Entre ellos se encuentra un contrato enmarcado en los programas especiales de armamento para la adquisición de 45 helicópteros de transporte medio NH-90, adjudicado en diciembre de 2006 por 1.260 millones de euros.
Carlos Villar Turrau, militar de carrera, fue director general de Armamento y Material de Defensa entre 2001 y 2006 y Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra entre 2006 y 2008. Sin que se cumpliera un año desde que dejó su último cargo, solicitó su incorporación como vicepresidente en Santa Bárbara Sistemas. La Oficina de Conflicto de Intereses autorizó el nuevo cargo tras no encontrar “objeciones al inicio de la nueva actividad”.
Especializada en vehículos blindados, Santa Bárbara Sistemas es la rama industrial y principal contratista del Ejército de Tierra. Nació como empresa en 1960 al reagruparse varias fábricas industriales del ejército franquista. Fue de propiedad pública hasta que fue privatizada por el Gobierno de Aznar en 2001 y vendida al grupo mundial de venta de material de defensa General Dynamics.
Santa Bárbara Sistemas percibió 1.207 millones de euros en adjudicaciones del Ministerio entre 2001 y 2008, mientras Villar era alto responsable de la cartera de Defensa. La empresa ha declinado hacer declaraciones a eldiario.es.
Indra, misiles y explosivos
Aunque Airbus y Santa Bárbara son los grupos empresariales que más contratos recibieron de Defensa, otros ex altos cargos también solicitaron la autorización para trabajar para compañías de armamento que recibieron adjudicaciones del Ministerio. Francisco Boyero, inspector general del Ejército de Tierra entre 2003 y 2006, y Manuel García Berrio, Jefe del Mando Aéreo de Combate entre 2004 y 2007, recibieron el permiso de la Oficina de Conflicto de Intereses para asesorar a Indra.
En el Ibex35 desde 1999, Indra es la principal empresa tecnológica española con una facturación anual cercana a los 3.000 millones de euros. “Con más de 20 años desarrollando soluciones tecnológicas en el sector de la defensa”, la compañía es uno de los principales contratistas del Ministerio. Entre 2003 y 2007 recibió, al menos, 535 millones en adjudicaciones durante el periodo en el que esos dos ex altos cargos desempeñaron sus puestos de responsabilidad.
Fuentes de Indra confirman que ambos ocuparon puestos de “asesoría operativa” en la compañía “hace muchos años”, aunque no comentan las razones de sus incorporaciones y sus cometidos.
De dirigir la política de defensa del Ministerio a trabajar como consejero y asesor personal del presidente de una de las mayores empresas de explosivos españolas. Este es el camino del almirante general Francisco José Torrente Sánchez, secretario general de Política de Defensa entre 2004 y 2007, que fue autorizado a trabajar para Expal (Explosivos Alaveses) apenas 13 días después de dejar el cargo.
Su escalada dentro del grupo empresarial Maxamcorp (matriz de Expal), especializado en la producción de municiones y granadas, le convirtió en presidente de la filial Explosivos Alaveses, cargo que ocupa desde 2012. Las compras del Ministerio de Defensa a Expal suman casi 34 millones de euros entre 2004 y 2007. La empresa de explosivos ha declinado hacer declaraciones a eldiario.es.
Este no fue el único camino de lo público a lo privado que autorizó el Gobierno a Torrente Sánchez. Apenas 100 días después de cesar en su cargo en el Ministerio, “manifestó su intención” de ocupar un puesto de consultor senior en Lockheed Martin, una multinacional estadounidense dedicada a la industria aeroespacial y la producción de misiles.
Aunque su principal nicho de negocio está en las adjudicaciones del Gobierno de Estados Unidos, Lockheed Martin percibió contratos del Ministerio de Defensa por 2,8 millones mientras Torrente Sánchez fue secretario general de Política de Defensa.