El Gobierno y Bruselas ratifican la “extensión” del periodo de cálculo de las pensiones para los fondos europeos

Hubo muchos tiras y aflojas en la comisión del Pacto de Toledo, en el diálogo social y dentro del Gobierno de coalición. Hasta tal punto, que el Gobierno sopesó hasta el último minuto enviar a Bruselas una propuesta de reforma de las pensiones que recogiera expresamente un aumento de 25 a 35 del número de años cotizados para calcular la prestación a cobrar al llegar a la jubilación. Así consta en la penúltima versión de las fichas que el Ejecutivo ha remitido a la Comisión Europea, a la que tuvo acceso elDiario.es y que se distribuyó en las últimas semanas de 2020. La versión definitiva que envió a Bruselas ya no recogía esta precisión, aunque sí mantenía la intención de ampliar los años de cálculo.

En mayo se conoció el texto enviado a la Comisión Europea, el componente 30, que definía varias cuestiones de la reforma de pensiones, como el margen temporal en el que pretende aumentar lo que cotizan los salarios más altos de manera progresiva, durante las próximas tres décadas, y sobre el periodo de cómputo para calcular la pensión se usa el verbo “adecuar” a partir de 2023.

El componente 30 del Plan europeo de Recuperación tenía por título 'Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo'. “La reforma de las pensiones está orientada a asegurar la sostenibilidad financiera del sistema en el corto, medio y largo plazo, mantener el poder adquisitivo, preservando su adecuación y suficiencia en la protección frente a la pobreza, y garantizando la equidad intergeneracional”, recoge el documento, que enfatiza la voluntad de la que la reforma adquiera el consenso en el diálogo social después de alcanzar el acuerdo político en las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Un mes después, ya en junio, ese verbo “adecuar” da paso al verbo “extender”. El hito 408, llamado “adecuación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación”, se define como “entrada en vigor de la legislación relativa a la adecuación del período de cómputo, extendiendo el período de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación”.

Pues bien, en el contrato conocido este miércoles, las disposiciones operativas para la evaluación de los hitos y metas a los que se ha comprometido España para los fondos europeos, se vuelve a decir lo mismo, pero en inglés, a la espera del documento traducido.

Como confirma un portavoz de la Comisión Europea, “las disposiciones operativas acordadas con las autoridades españolas no establecen nuevos requisitos sobre el hito 408 correspondiente del anexo CID [Decisión de ejecución del Consejo por la que se aprobó el plan de recuperación español en junio] sobre la ampliación del plazo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación. El hito 408 establece que esta legislación entrará en vigor a finales de 2022. De manera más general, corresponde a los Estados miembros determinar qué reformas o medidas incluir en el plan. La Comisión Europea evaluará los planes de recuperación y resiliencia sobre la base de los 11 criterios establecidos en el reglamento de los fondos europeos, que ha sido acordado por todos los Estados miembros y el Parlamento Europeo”.

El documento, de 343 páginas, detalla el modo de evaluar el cumplimiento de los hitos y metas, es decir, de cada reforma o proyecto comprometido por el Gobierno en su plan de reformas entregado a la Comisión Europea el 30 de abril pasado y que fue aprobado por el Ejecutivo comunitario.

Las disposiciones operativas, que, como decía Bruselas la semana pasada, “no incluyen ningún requisito nuevo”, han sido firmadas el 4 de octubre por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de semanas de negociación con la Comisión Europea porque se trata de un documento que han de suscribir los 27 países, y España es el primero en firmarlo. Por parte de Bruselas la firma, de este martes, es del comisario de Finanzas, Paolo Gentiloni.

La ratificación de los arreglos operativos supone el paso previo para pedir los 10.000 millones de euros pendientes de 2021, después de que llegaran los 9.000 millones en concepto de prefinanciación. A partir de estos 10.000 millones, hay otros siete desembolsos, divididos en semestres, vinculados al cumplimiento de los hitos y metas preestablecidos.

Posibilidad de descartar algunos años

El ministro José Luis Escrivá siempre vincula en sus discursos públicos la ampliación de los años para calcular la pensión a la posibilidad de que los trabajadores pudieran descartar un determinado número de años, aquellos que les resulten menos beneficiosos. Aunque los cálculos del propio Ministerio resolvían que esta extensión, de media, reduce el gasto en pensiones, Escrivá ha negado en sus intervenciones que la medida suponga un futuro “recorte”.

Según el caso, la ampliación de los años de cómputo (sin medidas adicionales) puede beneficiar a algunas personas, como personas paradas al final de sus carreras profesionales, aunque se supone que de media supondría una reducción de la pensión.

Preguntado este miércoles por el documento de Bruselas, en el Ministerio de la Seguridad Social reiteran siempre se ha mencionado de la posibilidad de ampliar el periodo de cómputo, “en combinación con otras medidas como la integración de lagunas y la posibilidad de elegir años”.