El Gobierno cierra un acuerdo histórico con los sindicatos para acabar con la temporalidad de los interinos

Acuerdo histórico para acabar con el abuso de la temporalidad de los interinos en la Administración Pública. El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha conseguido cerrar este lunes un acuerdo con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF para acabar con la temporalidad abusiva que hoy sufren los trabajadores públicos que llevan años y años en sus puestos como temporales.

El Ejecutivo con este acuerdo pretende, por un lado, estabilizar las decenas de miles de plazas antes de que termine 2024 para acabar con las situaciones de temporalidad abusiva y, por otro, aprobar los cambios legales que eviten que los excesos se reproduzcan de nuevo con una serie de medidas disuasorias y sancionadoras.

El acuerdo era imprescindible para todas las partes ya que la reforma legal y los criterios de las oposiciones para estabilizar las plazas ocupadas por temporales de manera fraudulenta tenían que ir al Consejo de Ministros de mañana, 6 de julio. Fuentes del Ministerio explicaron a este medio que no pueden dilatar más la aprobación de la medida para poder cumplir con los plazos dados a la Comisión Europea al respecto.

“Con este acuerdo pretendemos atajar drásticamente la temporalidad que afecta desde hace ya mucho, demasiado, tiempo a muchos empleados y empleadas públicas”, ha expresado Iceta, tras asegurar que el Gobierno acomete esta reforma por razones de justicia, porque cree en la función pública y por respeto a las sentencias de los tribunales tanto españoles como europeos.

El acuerdo garantiza el principio de no discriminación ya que al personal temporal se le aplicará el régimen general de los funcionarios de carrera, según explican fuentes de CSIF, ya que se transpone también la directiva europea 1999/70 para que se cumpla dicha homologación. De la misma manera, se garantiza la prestación de servicio público ya que las plazas siempre contarán con provisión de personal en las diferentes circunstancias que puedan darse (finalización del contrato temporal o jubilación), para que no se vea mermada la atención a la ciudadanía.

El sector público tiene una tasa de temporalidad que supera el 28%, más alta que en el sector privado (25%), y hay muchos casos de personas que han ocupado puestos temporales durante años. El Gobierno cifra unas 300.000 plazas públicas ocupadas por interinos que en realidad son estructurales, aunque colectivos de interinos consideran que hay muchas más personas como temporales en la Administración de manera irregular. Con este acuerdo, estas plazas deberán ser fijas antes del 31 de diciembre de 2024 “como fecha límite improrrogable” y la tasa de temporalidad de la Administración Pública se debería situar en el 8%. 

El proceso afectará a todas las plazas de carácter estructural ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020 y que no se hayan visto incluidas en los procesos de estabilización previstos en los acuerdos para la mejora del empleo público de los años 2017 y 2018.

Indemnización de 20 días por año trabajado

Ya el viernes pasado se dio un gran paso adelante para cerrar un pacto, una vez que Función Pública incluyó en su última propuesta la reclamación de los sindicatos de que los interinos que hoy en día estén en abuso de temporalidad en sus puestos y que no saquen la plaza definitiva en los procesos de estabilización sean indemnizados económicamente. La cuantía que se ha acordado es de 20 días por año trabajado, en línea con la cantidad reconocida por el Supremo a los empleados públicos temporales (laborales) en fraude a los que reconoce el estatus de indefinidos no fijos. Según explican fuentes de CCOO tendrá derecho a dicha indemnización “todo el personal interino que esté en una plaza objeto de estabilización, aunque no supere el proceso, y la posibilidad de quedar nuevamente en bolsa”.

Además, todo acto administrativo que suponga el incumplimiento de estos plazos máximos será nulo de pleno derecho y se exigirán las responsabilidades que procedan a los gestores. UGT ha destacado que el acuerdo adopte medidas preventivas y sancionadoras “para evitar las irregularidades que convierten a España cíclicamente en un país que abusa de la temporalidad”.

Peso del 40% de la experiencia adquirida

El acuerdo ofrece seguridad jurídica, según explican desde el sindicato CSIF, respetando los principios constitucionales de acceso al empleo público, si bien se autoriza una tasa adicional para la estabilización del personal temporal y, por primera vez en la historia de las ofertas de empleo público, se valorará la experiencia adquirida en el puesto, hasta un 40% en el cómputo global.

“Se ha acabado encadenar contratos e interinidades indefinidas y sine die. Eso no es bueno para la administración ni justo para las personas”, ha recalcado el ministro. Iceta ha insistido en que se ha buscado una solución “práctica, justa y acorde con la legalidad” y ha recalcado que “todo el mundo debe saber que el acceso a la función pública ha de cumplir tres criterios: igualdad, mérito y capacidad. Todo ciudadano español tiene derecho a presentarse a pruebas de acceso a la Administración. Ese derecho no se le puede vedar a nadie, pero hemos encontrado una solución de justicia que pondera lo que han hecho unas personas durante tanto tiempo. No se cometerá ninguna injusticia con ninguno”.

Desde CCOO se explica que se ha conseguido eliminar del Acuerdo y del RDL la referencia a la Tasa de Reposición en dos sentidos: por un lado, se autoriza una tasa adicional para poder convocar todas las plazas, estén o no en las relaciones de puestos de trabajo o plantillas; y, por otro, se desvincula la contratación de nuevo personal de la tasa de reposición, a diferencia de la intención inicial del Gobierno. 

Con anterioridad se había avanzando en varios puntos, ya que la propuesta inicial de Iceta partía de limitar a un máximo de tres años las plazas que ocupan los interinos en la Administración Pública con una reforma de la normativa básica en materia de empleo público. Esas plazas tendrán que incorporarse a ofertas de empleo público, pero además el interino tendrá asimismo garantía de permanencia en su puesto de trabajo siempre y cuando esté en marcha el proceso selectivo.

Por otro lado, el Ministerio propone una mecanismo de sanción, a través de la exigencia de responsabilidades. “Los órganos competentes en materia de personal en cada una de las Administraciones Públicas serán responsables del cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 10”, que es el que regula estas condiciones sobre temporalidad.

El sindicato CSIF valora este acuerdo porque ofrece seguridad jurídica, define con claridad las situaciones en abuso y fraude de Ley e incorpora medidas disuasorias y sancionadoras para acabar de una vez por todas con el abuso en la temporalidad. En todo caso, CSIF condiciona “su participación en el acuerdo a la constitución de una comisión de seguimiento”.

“El Acuerdo marca que se establece a partir de septiembre un calendario de negociación y diálogo social con el objetivo de alcanzar un nuevo acuerdo global en la Función Pública, en especial todo lo relativo al impulso de la promoción interna y los traslados”, según destacan en CCOO.

Pese al acuerdo conseguido con los representantes de los trabajadores, Iceta no consiguió alcanzar un pacto en la Conferencia Sectorial de Administración Pública con las Comunidades Autónomas, donde las autonomías gobernadas por el PP o partidos nacionalistas se opusieron a la propuesta de Función Pública esgrimiendo que había que eliminar o redefinir las tasas de reposición, el tope que tiene una Administración Pública para renovar el número de empleados públicos, entre otros puntos confrontación.

Sin embargo, desde CCOO se hace un llamamiento a las Administraciones Públicas: “Las medidas son un buen marco general que deberá ser adaptado a los diferentes sectores y administraciones, incluyéndose en el acuerdo las medidas para que esto sea posible en la Administración general, la autonómica y la local”.