El Gobierno de coalición se compromete a rebajar la deuda pública por debajo del 100% del PIB (Producto Interior Bruto) al final de la legislatura, desde el 105% actual. Según ha anunciado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ejecutivo de coalición envía este martes el nuevo Plan Fiscal y Estructural a la Comisión Europea con el objetivo de ir reduciendo el déficit (el desequilibrio entre los gastos y los ingresos públicos) hasta dejarlo por debajo del 2% en 2027 gracias al crecimiento económico, desde el 3% proyectado para este 2024, y a un límite al incremento del gasto por debajo del 3,4% en promedio en los próximos ejercicios.
El Gobierno ha confeccionado este Plan Fiscal y Estructural de cuatro años (de 2025 a 2028) en plenas negociaciones sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025, sin tener garantizados los apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados para sacarlos adelante. En este 2024, el Ejecutivo ya tuvo que prorrogar los Presupuestos de 2023.
“Este documento [el Plan Fiscal y Estructural] es un paraguas”, ha explicado Cuerpo. Después, cada año, el Gobierno tiene que enviar también el Plan Presupuestario, con medidas concretas, que para 2025 todavía sigue negociando con los socios del Ejecutivo de coalición.
Debilidad parlamentaria
De momento, el Gobierno no ha podido aprobar ni la senda de déficit de los PGE de 2025, tras romper Junts el bloque de la investidura en la Cámara Baja en julio. En este contexto de debilidad parlamentaria, el Ejecutivo ha cerrado el Plan de cuatro años que contemplan las reglas fiscales de la Unión Europea (UE), reactivadas este 2024, tras ser suspendidas en 2020 para permitir un aumento histórico del déficit y la deuda que permitieron apoyar con múltiples medidas la recuperación económica.
Según permiten las renovadas reglas fiscales de la UE, el Gobierno ha extendido “el periodo de ajuste” a siete años. Este nuevo 'corsé' se centra en los límites al gasto público como la manera de ir reduciendo los desequilibrios y recuperando “el espacio fiscal” por si es necesario reaccionar a otra crisis o shock. La gran ventaja de España es el ritmo de avance del PIB por encima del 2% en los próximos años (2,7% en 2024, 2,4% en 2025 y 2,2% en 2026).
Esa regla de gasto proyecta un tope a su aumento del 3% de media de 2025 a 2031. En 2025, este límite al gasto público se queda en el 3,7%. En 2026, en el 3,5%. Y en 2027, en el 3,2%. La Comisión Europea debe aprobar estos objetivos. Mientras, según el ministro Cuerpo, estas cifras concuerdan con la senda de déficit rechazada en julio por el Congreso, que contempla un déficit público del 2,5% del PIB en 2025.
El Plan Fiscal y Estructural va acompañado de un programa de reformas e inversiones, que incluye medidas fiscales, de transición ecológica, de transformación digital y de capital físico y humano, según ha avanzado Cuerpo. Entre estas medidas, Cuerpo ha confirmado la transformación en impuestos permanentes de los gravámenes temporales a la banca y a las energéticas, y ha aclarado que está negociando otras reformas con la Comisión Europea.
En teoría, la trayectoria fiscal comprometida por España y por el resto de socios debe garantizar que, al final del período de ajuste, la deuda pública se halle en una senda descendente plausible, o se mantenga en niveles prudentes por debajo del 60% del PIB a medio plazo, y que los déficits no superen el umbral del 3% del PIB y también mantengan ese comportamiento a medio plazo.
“No son recortes”
Cuerpo ha enfatizado que los nuevos límites no son “recortes”, sino que “el gasto público neto” [que excluye partidas como el gasto en intereses y tiene en cuenta medidas de ingresos] va a poder crecer en el periodo 2025-2028 del Plan Fiscal y Estructural más que en el periodo entre 2015 y 2018. Exactamente, “la evolución comparada de la misma variable, en estos dos periodos, muestra un promedio del 3,4% en los próximos cuatros años, frente a un 2,5%”.
Casi un punto menos, “que se traduce directamente en que con las nuevas reglas fiscales se puede gastar más al año 6.000 millones de euros respecto al incremento del gasto público neto en el periodo entre 2015 y 2018”, según ha incidido el ministro de Economía. “España tiene un nivel de credibilidad muy alto. Estamos en el grupo de buenos alumnos”, ha añadido en la rueda de prensa.