El Gobierno confía en llevar los presupuestos al Congreso cuando tenga los apoyos amarrados

El Ministerio de Hacienda ha iniciado la confección de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020 con la publicación de una orden por la que se dictan las normas para la elaboración de las nuevas cuentas y en la que fija el 27 de febrero como fecha límite para que los ministerios remitan a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos las propuestas de normas de contenido presupuestario. La portavoz del Ejecutivo y ministra del área, María Jesús Montero, ha asegurado que supone el “pistoletazo de salida” para la tramitación de las cuentas de 2020, que Pedro Sánchez aseguró que quiere que estén en marcha antes de que acabe el verano.

La intención del Gobierno es presentar el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado cuando tenga garantizados los apoyos, pero Montero no ha querido poner una fecha concreta. Así, ha explicado que el proceso comienza este jueves con la petición al resto de ministerios de las prioridades, que después se tiene que renegociar la flexibilidad con Bruselas y, a continuación, se tendrá que aprobar el techo de gasto en el Congreso y el Senado. “En tercer lugar, la presentación. Intentaremos que contemos con la mayoría de los apoyos que nos aseguren su tramitación a lo largo de los siguientes meses”, ha afirmado Montero.

El Gobierno necesitará del apoyo de ERC para que las cuentas salgan adelante. Los presupuestos de 2019 fracasaron precisamente porque la formación independentista presentó una enmienda a la totalidad que los tumbó. Ahora dependerá de la marcha de la negociación de los gobiernos y también la posible convocatoria electoral en Catalunya es un hito que el Ejecutivo tiene en cuenta.

No obstante, el Gobierno espera que ERC facilite la gobernabilidad. “Un proyecto de presupuestos de un Gobierno progresista no puede dejar indiferente a un fuerza política que se autodefine como progresista”, ha señalado Montero, que ha recordado que las medidas que se pueden poner en marcha a través de las cuentas también afectan a los ciudadanos de Catalunya. “Lo que es bueno para España es bueno para Catalunya y lo que es bueno para Catalunya es bueno para España”, ha resumido.

Montero también ha subrayado que los diferentes departamentos ministeriales tendrán que hacer un informe de género para calibrar el impacto de las distintas medidas. En este sentido, se impulsarán las reformas estructurales necesarias en ámbitos como educación, empleo, innovación, salud, bienestar y justicia social, igualdad de género, integración de la diversidad y sostenibilidad de los modelos de producción y consumo. Además, sobre la igualdad de género subraya que es el momento de dar “un paso más” e introducir de manera integrada la perspectiva de género en los programas presupuestarios y en las políticas de gasto.

La orden establece que los ministerios deberán remitir a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, antes del 27 de febrero de 2020 y “exclusivamente por medios electrónicos”, las propuestas de normas de contenido presupuestario cuya inclusión en el articulado del anteproyecto de la Ley de Presupuestos consideren procedente.

Estas propuestas deberán ir acompañadas de una memoria explicativa de la conexión del articulado propuesto con las habilitaciones de gasto, las previsiones de ingreso o la política económica del Gobierno, cuantificando, en su caso, el efecto de la norma propuesta sobre las cifras de ingresos o gastos que se han de presupuestar.

Asimismo, en el marco del articulado del anteproyecto de ley de los Presupuestos, la orden fija que los distintos departamentos ministeriales deberán elaborar un informe de impacto de género a la Secretaría de Estado de Presupuestos antes del 20 de febrero, analizando el impacto de género de sus programas de gasto.

Para ello, se constituirá un grupo de trabajo integrado por representantes del Ministerio de Igualdad, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, de la Dirección General de Presupuestos y de la Dirección General de Costes de Personal para conformar la redacción final del informe del impacto de género, que acompañará al anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

A su vez, los departamentos remitirán a la Secretaría, también antes del 20 de febrero, un informe analizando el impacto de sus programas de gasto en la infancia, en la adolescencia y en la familia, y otro, con el mismo plazo, sobre la contribución de los programas de gasto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En todo caso, los centros gestores del Estado, organismos autónomos y resto de entidades del sector público administrativo con presupuesto limitativo deberán remitir sus propuestas a la Dirección General de Presupuestos antes del 20 de febrero, así como a la Dirección General de Fondos Europeos una relación de los proyectos de inversión y otras partidas de gasto susceptibles de ser financiados con fondos de la UE antes del 27 de febrero.

Con la entrada en vigor de la orden, queda derogada la orden por la que se dicta las normas para la elaboración de los Presupuestos de 2019, que finalmente no fueron aprobados por el Parlamento, y cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la nueva norma.

“Justicia social”

Entre los criterios generales de presupuestación se priorizarán los objetivos de alcanzar un sistema de “justicia social” que luche contra la desigualdad a través de mecanismos de redistribución de la riqueza, que garantice el acceso a una vivienda digna, el refuerzo de la sanidad pública y el sistema de atención a la dependencia, fortaleciendo la cohesión territorial mediante la inversión pública.

También se dará prioridad a la promoción de un sistema de protección social que garantice la sostenibilidad del sistema público de pensiones a través del “acuerdo político y el diálogo social”, y la creación de empleo “digno, estable y de calidad”, mediante la corrección de las “deficiencias estructurales”.

Otro criterio de asignación será la contribución a la consecución de un modelo de crecimiento “competitivo, sostenible e inclusivo”, sustentado en la revolución tecnológica y digital y en la transición ecológica justa, a través del impulso de la inversión en I+D+i, de la modernización del sistema productivo, de la transformación del tejido empresarial, de la industria y la cultura, del fortalecimiento de pymes y autónomos, la reindustrialización y el sector primario y de la digitalización del sector público.

También cita la rehabilitación energética, la protección de la biodiversidad y la lucha contra la contaminación y el cambio climático, junto al impulso de una educación con “vocación de excelencia”.

En materia fiscal, remarca el desarrollo y aplicación de una “política tributaria justa y progresiva estableciendo mecanismos de redistribución de la riqueza, reforzando la lucha contra el fraude fiscal y llevando a cabo procedimientos de evaluación y control del gasto público que permitan un uso eficiente de los recursos públicos”.

Otras prioridades son avanzar hacia un modelo de gobernanza “moderno” basado en “transparencia y diálogo”, y garantizar la seguridad, independencia y la libertad de las mujeres.