El Gobierno confía en salir del Consejo Europeo con margen para poner un tope al precio del gas al menos en España y Portugal

El Gobierno confía en salir del trascendental Consejo Europeo que comienza este jueves en Bruselas con margen para poner un tope al precio del gas al menos en España y en Portugal. Es la fórmula que defiende el Ejecutivo para lograr una rebaja instantánea del recibo de la luz, después de que la comunicación publicada este miércoles por la Comisión Europea haya confirmado que los Estados miembros podrán introducir límites de precios sobre la energía, aunque dejando la decisión final en manos de los líderes europeos.

A Pedro Sánchez le han comparado en Países Bajos con Don Quijote peleando contra los molinos ante su exigencia de desacoplar el gas del precio de la electricidad. Y el Gobierno envía el mensaje de que no cejará en su empeño de que Bruselas permita establecer un tope al precio que cobran las centrales de ciclo combinado (que queman gas natural) en el mercado mayorista ante el incremento desbocado de los últimos meses, aunque sea a través de una habilitación excepcional.

A esas plantas se les compensaría a posteriori, de forma que se mitigue el efecto en los precios mayoristas de la subida exponencial del gas, con un peso bajo en el mix eléctrico español. Pero, ante la reticencia de los países del norte, la medida podría aplicarse solo en España y Portugal. Eso es lo que reclamará el Gobierno en el caso de que no haya un consenso que aplique a los 27 y que se aventura complicado dadas las discrepancias entre los países del norte y el sur.

¿Cómo se haría frente a esa compensación? La propuesta que el Ejecutivo ve más viable, y que Portugal (que tiene su mercado eléctrico integrado con el español) comparte, es la de establecer un pago ex post para esos ciclos combinados. Como dijo el martes el primer ministro luso, António Costa, “la fijación de un precio de referencia, con el pago de un diferencial al precio de mercado” para esas centrales, “es una solución equilibrada que puede resolver el problema”.

¿Quién sufragaría ese diferencial? Una opción es que se cargue al sistema eléctrico, con la posibilidad de recurrir al conocido como déficit de tarifa, para diferir los pagos en el futuro (con intereses). Otra opción, explican fuentes gubernamentales, es hacerlo mediante fondos públicos. Las propias eléctricas han defendido esta opción. La patronal Aelec, a la que pertenecen la dos mayores empresas del sector, Iberdrola y Endesa, han pedido que lo costeen fondos europeos. Sin embargo, en el Ejecutivo sostienen que no está ultimada la decisión. Unidas Podemos no ve con buenos ojos las compensaciones a las grandes empresas y, de hecho, reclama que financien vía subida de impuestos el incremento de los precios, una opción que el ala socialista ha descartado.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez defiende que, dado el escaso nivel de interconexión de la Península Ibérica, España y Portugal podrían tomar esa decisión de forma extraordinaria y con una vigencia acotada en el tiempo, a la espera de la reforma más profunda del mercado eléctrico que se espera para el próximo mes de mayo, cuando el regulador europeo, ACER, presente sus conclusiones. Por ahora, y de cara a la cumbre que arranca este jueves, Bruselas ha presentado un abanico de opciones, con sus pros y sus contras, para intervenir el mercado eléctrico ante la crisis energética, agudizada por la invasión de Ucrania decidida por el presidente ruso, Vladímir Putin.

Por el momento hay grandes diferencias entre los países miembros sobre las medidas a aplicar. Fuentes diplomáticas explican en Bruselas que hay dos grupos de países: los del sur, liderados por España y a los que se ha sumado Bélgica, que presionan para poner un tope a los precios energéticos y desacoplar la luz del gas; y otros como Alemania, Países Bajos, Irlanda o Dinamarca, que prefieren “acelerar las medidas de eficiencia energética, la implantación de renovables y las interconexiones”. Los segundos creen que la propuesta del Gobierno español puede “poner en peligro la seguridad de la oferta y nuestra independencia de Rusia” y “bloquear el progreso en los objetivos del 'green deal'”. Estos países consideran que topar el precio de la luz puede hacer que los productores de energía se la lleven a otros sitios y “generar un enorme problema de seguridad de la oferta”.

El Gobierno sostiene que la fijación de topes al precio del gas tendría una duración acotada y estaría justificada en el momento extraordinario que atraviesa el mercado y que no tiene que ver con las leyes de la oferta y la demanda; pero sostiene que es una buena fórmula para que se produzca una bajada importante e inmediata de los precios que están absolutamente desbocados y que están conllevando paros en la producción de algunas industrias que no pueden asumir el alza de los costes. A partir de lo que se decida en el Consejo Europeo, el Gobierno determinará el paquete completo de medidas a poner en marcha para hacer frente al desafío energético que deja la invasión rusa de Ucrania y que se aprobará el martes 29 en el Consejo de Ministros, aunque la previsión de Moncloa es que Sánchez las comunique antes para aplacar cuanto antes las protestas que se van extendiendo.