Hay varios asuntos en la agenda que el Gobierno quería dejar cerrados antes de agosto. Para entrar en la segunda parte del verano con algún cabo atado, diferentes ministerios habían apretado el acelerador en las negociaciones para dejar resuelta con los agentes sociales la reforma sobre la jubilación parcial, en el caso de Seguridad Social, o para desatascar la reducción de la jornada laboral, en el de Trabajo. Pero hay un asunto que ronda al Ejecutivo de coalición para el próximo curso: la indemnización por despido improcedente en España.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lleva tiempo avivando el debate sobre el coste de despedir de forma improcedente a un trabajador, que quedó fuera de la reforma laboral, y que es, a su juicio, “demasiado barato”. Su reivindicación viene en línea con la demanda que UGT planteó contra España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, al considerar que la legislación nacional no garantiza el derecho de las personas trabajadoras a “recibir una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”.
El resultado de esa reclamación es ya conocido por las partes, pero el Comité da un margen de cuatro meses al Gobierno para hacer público su fallo. A la espera de su publicación definitiva, desde UGT, que también conoce la resolución, se han mostrado convencidos de que será “plenamente favorable”. La demanda estaba avalada por tres pronunciamientos previos sobre Italia, Francia y Finlandia en la misma línea y, sobre todo, en el tope de la indemnización. En España, esta es de 33 días de sueldo por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades.
Más allá del fallo del Comité Europeo, una futura reforma puede enfrentar a los socios de la coalición. De hecho, el Gobierno, junto a la patronal, defendió en Europa el sistema de despido actual, contra el criterio de Díaz, que lleva meses apostando por un “despido restaurativo”. Las posturas, de hecho, están claramente enfrentadas. El grupo parlamentario de Vox presentó en abril una pregunta por escrito en la que instaba al Ejecutivo a aclarar si estaba considerando la “conveniencia de impulsar reformas que modifiquen la fórmula de cálculo de la indemnización por despido improcedente”.
La respuesta del Gobierno es clara: “El marco legal español ya es coherente con el artículo 24 de la Carta Social Europea, proporcionando una reparación adecuada a los trabajadores despedidos sin razón válida, por lo que no se prevé una modificación de la regulación al respecto”. Sin embargo, el escrito proviene de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, dependiente del Ministerio de la Presidencia y no de Trabajo, donde no ha gustado esta solución.
Fuentes del Ministerio que dirige Yolanda Díaz señalan que Trabajo “no comparte en absoluto” esas razones, que “no se corresponden con lo que expresa el acuerdo de Gobierno”. El pacto de coalición entre PSOE y Sumar señala que se establecerán “garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral”. Una Carta Social Europea que, pese a esa formulación firmada octubre de 2023, Presidencia dice ahora que ya se cumple. Esta redacción se ha puesto en contacto con el departamento que dirige Félix Bolaños, que ha declinado responder sobre este asunto.
“La contestación (por escrito en el Congreso) es coherente con la postura que ha mantenido el Gobierno de España durante todo el proceso, pero tal vez no sea muy coherente con lo que salga del proceso”, señala el vicesecretario general de política sindical de UGT, Fernando Luján, que recuerda que el país tiene “obligaciones jurídicas”. España tardó 25 años en suscribir la parte del tratado que permitía realizar reclamaciones colectivas, una puerta que abrió en 2021 y a través de la que organización sindical realizó esta demanda. “Uno puede suscribir o no un contrato, pero cuando lo suscribe, con un periodo de reflexión tan amplio, sabe a qué se tiene que atener”, indica Luján, que recuerda que el compromiso es también “con la ciudadanía”.
Actualmente, la indemnización por despido improcedente en España se sitúa en los 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. Esto no ha variado desde la reforma laboral de Mariano Rajoy, que abarató la sanción que suponía para un empresario dejar en la calle a un trabajadores sin motivo desde los 45 días con un máximo de 42 mensualidades. En el informe del servicio de estudios de UGT, España no es de los países donde despedir es más caro. “El mercado laboral presenta un índice relativamente bajo de protección del empleo indefinido global, inferior al de los vecinos del sur de Europa (Portugal, Italia, Francia y Grecia) y muy similar al de Alemania”, indica el texto, publicado en 2020.
La Carta Social Europea reconoce, en su artículo 24, “el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”. Pero, ¿es adecuada la misma indemnización en cualquier escenario?, ¿sirve la misma reparación para todos los trabajadores, sin tener en cuenta su situación concreta? Algunos jueces han interpretado ya que no. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya falló en enero de 2023 a favor de otorgar una indemnización adicional a una trabajadora despedida de manera improcedente. Hace unos meses, en mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi se pronunció en los mismos términos y ordenó al Ayuntamiento de Oñati a reincorporar a un trabajador despedido sin motivo justificado o a pagarle una indemnización extra de 30.000 euros por daños y perjuicios, al considerar “insuficiente” la compensación tasada por ley.
El “despido restaurativo” al que se ha referido en varias ocasiones Yolanda Díaz busca, precisamente, “reparar” o “restaurar” a aquellas personas a las que se despide de forma improcedente, sin respetar la ley y a sabiendas de la sanción que se deberá pagar por ello. Un despido que, según fuentes de Trabajo, “se basa en la existencia de una ilegalidad, fraude de ley o abuso de derecho”. Por eso, el objetivo de la reforma que pretende este ministerio es abrir la puerta a diferentes indemnizaciones en base a la situación del afectado. “Siguiendo el mandato de la Carta Social Europea, así como de la Organización Internacional del Trabajo, consideramos que la regulación por despido debe reformarse para corregir la notoria y evidente insuficiencia de la indemnización, lo que redundará en un impacto muy favorable y positivo para personas trabajadoras con poca antigüedad, como los jóvenes, personas próximas a la edad de jubilación o aquellas que han sido despedidas sin motivo alguno”, indican estas fuentes.
Según la estadística de despidos y su coste, del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2022, los últimos datos disponibles, se ejecutaron en España 528.413 despidos, un 18% más que el año anterior y el dato más alto de la serie, que se inició en 2015. Este incremento puede deberse al aumento de la contratación indefinida, en detrimento de la temporal, tras la reforma laboral aprobada a finales de 2021, o al incremento de las personas personas afiliadas a la seguridad social, que cerró el año tras la nueva legislación con 470.000 trabajadores más.
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