El Gobierno da nueve meses más a los permisos de las renovables para evitar que caduquen
El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, un Real Decreto-ley que, entre otras medidas, va a dar un plazo adicional de nueve meses para evitar la caducidad, a partir de este viernes, de miles de megavatios (MW) de proyectos de renovables que tienen concedidos los permisos de acceso y conexión a la red y que no han logrado todavía cumplir los hitos que marca la Administración, que sufre un enorme atasco por la avalancha de parques planteados.
Según ha podido saber elDiario.es de fuentes gubernamentales, el texto prevé fijar un plazo adicional de nueve meses para poder alcanzar los hitos intermedios relativos a la obtención de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y las autorizaciones administrativas previa y de construcción.
El decreto, según las fuentes consultadas, mantiene la fecha de caducidad de cinco años desde la obtención del permiso de acceso para obtener la autorización administrativa de explotación definitiva, que implica la puesta en marcha de la instalación. Y también da un plazo de un mes para que los promotores renuncien voluntariamente a sus proyectos sin perder las garantías presentadas como avales.
La semana pasada, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, confirmó que trabajaba para dar “una respuesta que mantenga las garantías a los desarrolladores de proyectos”, buscando al mismo tiempo un adecuado equilibrio para salvaguardar los intereses de municipios que “ven con preocupación un despliegue teórico” de proyectos “que ocupan prácticamente su término municipal al completo y que son difícilmente viables, desde el punto de vista ambiental, de suelo, o incluso desde el punto de vista económico y técnico”.
El monumental atasco de peticiones ha llevado a la patronal eólica, AEE, a plantear hace unos días que la Administración subcontrate trámites para agilizar los permisos, ante la posibilidad de que los proyectos empezasen a caducar, con la consiguiente pérdida de los puntos de acceso, de los avales depositados y el posible efecto arrastre sobre la industria eólica local.
La caducidad de los permisos que ahora va a retocar el Ejecutivo estaba recogida en otro Real Decreto-ley aprobado en junio de 2020 para intentar frenar la enorme bolsa de especulación generada en los últimos años en torno a los permisos de acceso a la red de las renovables.
Entonces (mediados de 2020) había más de 430 gigavatios (GW) solicitados frente a los 60 GW que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé instalar para toda esta década, los 35 GW previstos hasta 2035 y los 110 GW que tiene todo el sistema eléctrico.
En ese momento había 150 GW de potencia renovable con permisos de acceso y conexión “que estaban copando prácticamente toda la capacidad disponible”, recordó la semana pasada Ribera, que negó que los hitos impuestos en ese texto supusieran un “cuello de botella” y aludió a las “dificultades” para saber cuáles “son proyectos reales o no”.
El decreto de junio de 2020 permitió a muchos promotores renunciar a proyectos que eran poco más que un papel a cambio de recuperar los avales depositados, lo que permitió cribar inicialmente unos 40 gigavatios.
Para los que siguieron adelante y habían recibido esos permisos de conexión antes del 31 de diciembre de 2017, se estableció que debían tener la aprobación ambiental en 18 meses a contar desde junio de 2020, por lo que el plazo expira el próximo viernes. Y para los que recibieron el permiso a partir del 1 de enero de 2018, se fijó un plazo de 22 meses que vencía en abril del año que viene. Estos son los plazos que se amplían ahora en nueve meses más.
Funcionarios “desbordados”
Ribera reconoció la semana pasada que los funcionarios de las administraciones públicas, central y autonómica, están “ciertamente desbordados” por la avalancha de proyectos y “una gran mayoría, por no decir la unanimidad de las comunidades autónomas, sienten una gran preocupación al respecto” y así se ha trasladado en la Conferencia Sectorial de Energía.
La patronal eólica había pedido una prórroga de ocho meses que permitiría, según explicaba hace unos días su director general, Juan Virgilio Márquez, “que los proyectos realmente avanzados y serios, que ya están en trámite de información pública, tengan capacidad para ser informados” y no queden en un limbo.
La asociación calcula que hasta noviembre había 40 GW eólicos en tramitación con permiso de acceso concedido, de los que solo 1,4 GW habían obtenido la DIA y otros 3,4 tenían ese permiso y la autorización de construcción. Pero 15 GW ni siquiera habían salido a información pública. “Habrá muchos que estén en esa situación porque el promotor no haya podido configurar el expediente”, pero en otros casos la causa sería imputable a la Administración. Y “es muy difícil que lleguen a cumplir los hitos, tanto en diciembre como en abril”.
“Tenemos que ir a un ritmo de 2,2 GW al año para cumplir el PNIEC”, recordaba Márquez. Ahora, los promotores ganan un tiempo extra, en un momento en el que, pese a los precios récord del mercado mayorista de electricidad, la penetración de las renovables (la fuente de generación más barata) está permitiendo a España registrar precios inferiores a los de otros países europeos como Francia o Alemania.
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