172 altos cargos de la Administración General del Estado tienen un patrimonio conjunto (inmuebles y otro tipo de bienes, incluyendo los heredados) de 151,3 millones de euros. En esa cifra global, que equivale a una media de 880.173 euros por cada una de esas 172 personas, hay enormes diferencias: de los 19.427.150 euros de Alfonso Sanz Portolés (60 años, jefe de la Secretaría de Juan Carlos de Borbón y consejero diplomático de la Casa Real) a los 47.632,28 euros declarados por César Augusto Miralles Cabrera cuando en agosto del año pasado fue colocado por el ministro de Industria, José Manuel Soria, como director general de Red.es.
El cómputo, que tiene en cuenta las declaraciones de bienes presentadas ante la Oficina de Conflictos de Intereses por los miembros del Gobierno y altos cargos que se han hecho públicas hasta ahora, no incluye a todos los altos cargos de la Administración General del Estado que están en activo. Hasta el año pasado, sólo se publicaban las declaraciones de los ministros y secretarios de Estado del Gobierno, pero tras la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, anualmente y antes del 30 de septiembre, esa exigencia se extiende al resto de altos cargos de la Administración General del Estado que tomen posesión o cesen en el periodo comprendido entre el 1 de julio del año anterior y el 30 de junio de cada ejercicio.
La primera tanda de nuevas declaraciones, publicadas entre septiembre y octubre, revela que el presidente, Mariano Rajoy, registrador de la propiedad en Santa Pola que no ha ejercido como tal en sus más de veinte años de carrera política, se mantiene como uno de los miembros del Ejecutivo con mayor patrimonio, con 1.261.230,67 euros, herencias incluidas, que, con los datos disponibles, le colocan en el decimoséptimo lugar en el ranking de los más ricos de la Administración.
Los cuatro del Gobierno más ricos que Rajoy
Por encima de Rajoy hay cuatro compañeros de Gobierno (un director general, una ministra y dos secretarios de Estado) y otras trece personas que no están adscritas al Ejecutivo: ocho embajadores, dos miembros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (incluido el presidente del organismo, el exdirectivo de Cepsa José María Marín Quemada), y el presidente de la nueva Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el exdirectivo de BBVA José Luis Escrivá.
En cuanto a sus compañeros de Gabinete, son más ricos que Rajoy el director general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Exteriores, Cristóbal Valdés (1.303.601,84 euros); la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina (2.775.989,92 euros); la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio Kindelan (14.588.581 euros), y el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles.
Este último, exvicepresidente de Boeing Internacional y expresidente de Boeing España y Portugal, es el único de esos cuatro que no vincula su patrimonio a ninguna herencia y el número dos en el ranking absoluto de los más ricos de la Administración, con un patrimonio declarado de 18.100.911,4 euros.
13 tienen más deudas que activos
De esas 172 personas, hay 67 que no declaran ningún tipo de deuda, incluyendo al propio Rajoy. Las 105 restantes reconocen un pasivo conjunto de 15,49 millones de euros, a una media de 147.601 euros por cabeza. El que menos deudas declara es el embajador en el Sultanato de Omán, Juan José Urtasun, con poco más de 209 euros; la que más, la directora general de Turespaña, Marta Blanco Quesada, con 750.619,37 euros.
Blanco es uno de los trece altos cargos que declaran más deudas que activos, y la que presenta mayor patrimonio negativo, 333.000 euros. En ese grupo (en el que figura la vicepresidenta económica, Soraya Sáenz de Santamaría, con deudas que superan en 95.104 euros sus activos), siete tienen un patrimonio negativo superior a los 100.000 euros.
En cuanto a los que ya han dejado el cargo, la tardía entrada en vigor de la Ley de Transparencia y la escasa querencia de Rajoy por modificar la estructura de su Gabinete hacen que sólo haya datos comparables de cuatro antiguos miembros del Gobierno que han pasado a otras responsabilidades.
Empobrecidos tras dejar el cargo
El caso más llamativo es el del actual presidente del Consejo Seguridad Nuclear, Fernando Marti, que en apenas un año como secretario de Estado de Energía (cesó en diciembre de 2012) vio adelgazar su patrimonio en 158.372,35 euros, hasta algo menos de 217.000 euros. Antes de llegar al Ministerio de Industria, Marti fue consejero y vicepresidente de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE).
El nuevo comisario Europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, declaró tras su cese como ministro de Agricultura y Medio Ambiente 1.634.944 euros en activos, 97.005 menos que al tomar posesión. Y el actual presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, cesó en marzo pasado como secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad declarando 103.113 euros de patrimonio, unos 34.500 menos que al llegar a ese cargo.
El único que salió ganando tras su paso por el Gobierno fue el ex secretario de Estado de Seguridad Ignacio Ulloa, que, tras poco más de un año en el cargo (cesó en enero de 2013), declaró un patrimonio de 94.722 euros. Poca cosa, eso sí: su patrimonio apenas creció en 739,4 euros.
Habrá que esperar al año que viene para conocer la declaración de bienes del exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que anunció su dimisión el 23 de septiembre y que el mes pasado comunicó al Congreso que, tras más de tres décadas en política, ha dejado su escaño con un saldo negativo de 1.258 euros en su única cuenta corriente.