El Gobierno descarta cambiar la Ley de Vivienda aunque el CGPJ se pronuncie en contra

El Gobierno de coalición mantiene su intención de llevar a tramitación parlamentaria la Ley de Vivienda el los términos que consensuaron PSOE y Unidas Podemos, independientemente de las conclusiones que acuerde el informe que acuerde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, recuerda, es preceptivo pero no vinculante.

“No nos podemos pronunciar sobre el contenido de informe que no se ha emitido”, ha indicado Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que se ha mostrado convencida de que la ley que está analizando el Poder Judicial cumple la legislación y no invade competencias autonómicas. La intención, según fuentes del sector socialista del Gobierno, es aprobar la norma en los mismos términos que salió por primera vez del Consejo de Ministros. Fuentes gubernamentales indican que “nadie se está planteando modificar la ley” y recuerdan que el CGPJ “solo se puede limitar a valorar cuestiones que afectan a la tramitación procesal”.

“Una vez que tengamos ese informe lo analizaremos. Insisto en el convencimiento compartido y en la voluntad compartida de las dos fuerzas que forman el Gobierno en que la Ley de Vivienda cumple escrupulosamente con las competencias y con las garantías jurídicas”, ha recalcado Sánchez. “Es un buen texto del que estamos convencidos de su validez. Una vez tengamos el informe lo valoraremos conjuntamente”, ha dicho sobre el socio minoritario de la coalición, que había advertido de que no aceptará cambios en el texto inicial ante la intención del CGPJ de mostrar discrepancias jurídicas. Después estarán “abiertos a la tramitación parlamentaria”, donde el Ejecutivo sí ve margen para introducir cambios.

El pasado viernes, el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones rechazó la propuesta de informe favorable al Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, presentada por el vocal progresista Álvaro Cuesta, que planteaba, aunque con objeciones, respaldar la norma que por primera vez pretende poner freno al alza de los precios del alquiler en las llamadas áreas tensionadas, situadas principalmente en grandes ciudades.

Nuevo informe

Tras este rechazo, el CGPJ tiene que publicar un nuevo informe, previsto para el próximo 27 de enero. De hecho, el Gobierno tenía previsto aprobar este martes, en segunda vuelta, el anteproyecto, coincidiendo con la aprobación del bono de alquiler para jóvenes y el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025. Raquel Sánchez ha apuntado durante la rueda de prensa que el Gobierno solicitó el informe al CGPJ el 1 de diciembre, por vía de urgencia, para que le fuera remitido en un plazo de 15 días.

Las mismas fuentes señalan que el Gobierno está convencido de que es una “buena ley, que tiene que pasar por tramitación”, proceso en el que se pueden “encontrar puntos que pueden mejorar aspectos de la ley”. “No tiene por qué haber problema para incluirlas”, añaden sobre el proceso parlamentario.

Además, recuerdan que, en este caso, el CGPJ se pronuncia sobre el texto porque el anteproyecto afecta a tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil y no a otro tipo de cuestiones sobre la legislación de Vivienda, por lo que consideran que asuntos clave como la regulación de los precios del alquiler podrán quedar intactos.