El Gobierno dispara un 44% el presupuesto para el bono social térmico ante la crisis energética

El anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 contiene un incremento sin precedentes del 44% en la partida para el bono social térmico, la ayuda con cargo al erario público para compensar los gastos térmicos ocasionados a los consumidores más vulnerables por el uso de la calefacción y el agua caliente o cocina.

Se trata de un “incremento significativo”, ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha destacado que se trata de “una herramienta imprescindible para combatir la pobreza energética en personas vulnerables y que permite paliar junto con otras medidas el incremento del precio de la energía en los mercados mayoristas”.

El Gobierno cifra en 1.270.897 los hogares beneficiarios por esta ayuda, para la que los presupuestos del Estado de 2021 destinaron 105 millones de euros, por lo que el presupuesto para 2022 sería de 151 millones.

El bono es un pago único anual cuya cuantía depende del grado de vulnerabilidad y de la zona climática en la que se ubique la vivienda habitual del beneficiario. En caso de tratarse de un consumidor vulnerable severo o en riesgo de exclusión social, la ayuda se incrementa en un 60% con respecto a la que le corresponde por su zona climática.

En septiembre, el Gobierno impuso un tope del 5% a la subida de la tarifa regulada del gas, conocida como TUR, en un Real Decreto que incluye un recorte millonario a las eléctricas que la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, se muestra ahora abierta a retirar si la UE toma medidas ante la crisis energética que azota Europa.

El precio del gas en los mercados internacionales ha tocado esta semana máximos históricos. Esto ha propiciado que el precio medio diario del mercado mayorista de electricidad español vaya a marcar este jueves un récord de 288 euros el megavatio hora (MWh). Para el viernes, el llamado pool va a caer un 20%, pero se sitúa en 229,2 euros, el segundo precio más alto para la historia.

La creación de un bono social térmico fue una de las primeras medidas que llevó a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez para mitigar la pobreza energética. Con el objetivo de aliviar la carga económica de las familias vulnerables a la hora de afrontar la factura energética, en 2018 se aprobó un real decreto-ley con el que se reforzaron las medidas de protección de los consumidores, se ampliaron los supuestos para acceder al bono social eléctrico y se puso en marcha, por primera vez, este mecanismo.

Este bono se concede automáticamente para los hogares que tienen el bono social eléctrico, que costean las comercializadoras de electricidad y para el que las asociaciones de consumidores han pedido esta semana que se conceda también automáticamente (en este caso, hay que pedirlo y el trámite es farragoso), porque calculan que solo llega al 30% de los posibles beneficiarios. La Estrategia contra la Pobreza Energética 2019-2024 contemplaba la concesión automática del bono eléctrico, que de momento no se ha implementado.