El Gobierno eliminará en 2025 la tasa de reposición en la administración que limitaba la oferta de empleo público

El área de Función Pública ha arrancado en las últimas semanas su andadura separada de nuevo del Ministerio de Hacienda e incorporándose al de Transformación Digital. El nuevo ministro encargado, José Luis Escrivá, ha comparecido este miércoles en el Congreso para exponer las líneas maestras de su departamento para esta legislatura. Los nuevos responsables de Función Pública reconocen la necesidad de reforzar las plantillas de la administración y recuperar el empleo perdido durante la crisis de 2008. Por ello, entre otras medidas, se pondrá fin a la tasa de reposición, el límite que imponía el Gobierno central a las ofertas de empleo público.

La medida se encuadra dentro del plan del Ejecutivo de modernizar y reforzar la administración en la provisión de servicios públicos para acercarse a los modelos nórdicos. La tasa de reposición es un porcentaje que se estableció en los años noventa. Se actualiza en cada ley de Presupuestos Generales del Estado y limita el lanzamiento de plazas en las ofertas de empleo público anuales en función del número de jubilaciones que se van a producir.

Fuentes del Ministerio reconocen que esta medida, que ha permanecido durante décadas vigente, ha tenido efectos no deseados en el pasado ampliando problemas que no se han solucionado. Uno de ellos es que la limitación de plazas públicas que se podían ofertar, que durante la crisis ni siquiera coparon las jubilaciones en la administración, ha provocado un aumento de la interinidad en el empleo público.

Estas fuentes explican que la medida no entrará en vigor para este año, ya que precisa de una puesta en común con todas las administraciones. Se aspira a que su eliminación, ampliamente reclamada por los sindicatos como demanda histórica, se producirá en los Presupuestos Generales del año 2025.

El Gobierno reconoce un gran reto generacional en la administración general del Estado que lleva a que en la próxima década más de la mitad de los trabajadores se habrán jubilado, siendo una de las plantillas públicas más envejecidas en el ámbito de la OCDE. En el refuerzo de plantillas, este aspecto será tratado como prioridad por Función Pública, con el objetivo a medio plazo de recuperar el empleo que se perdió en la crisis de 2008 y recuperar el peso del empleo público de otros países desarrollados.

El Ejecutivo reconoce la necesidad de tratar en los próximos años de dar solución a unas plantillas que se encuentran muy tensionadas con la mayor carga de trabajo planteado por la ampliación de servicios (IMV, bono cultural, becas, cheque de 200 euros...) o la gestión de los fondos de recuperación.

La estrategia del Gobierno ya tuvo un primer paso a finales del año pasado cuando se aprobó mediante Real Decreto la Ley de Función Pública. Esta medida incluye cuestiones como una mejora de la planificación estratégica de las plazas necesarias en las distintas organizaciones de la administración, un plan para captar talento joven, la creación de bonos por desempeño y por carrera profesional o creando la figura del directivo público.

“Cuanto mejor y más cualificados estén los trabajadores públicos, mayor será el crecimiento de la productividad, el capital humano es fundamental”, ha explicado Escrivá en el Congreso. “El capital humano es central”, ha insistido, situando estos aspectos en el centro de su presentación. “Países como Dinamarca o Suecia tienen una tasa de empleo público 10 puntos por encima de la nuestra”, ha incidido.

Los planes del Gobierno van más allá de dotar de mayores manos a la administración. La estrategia se encuentra desarrollada en el tercero de los consensos que ya planteó Escrivá el lunes en el Congreso que pretende desarrollar su Ministerio. Estos consensos incluyen un plan para el impulso de la inteligencia artificial, tanto en el sector público como el privado, un segundo centrado en el desarrollo de las capacidades tecnológicas del país y, por último, la transformación de la Administración pública.

Este último punto es el que ha desarrollado Escrivá este miércoles. Además del refuerzo laboral de la Administración, el ministro ha planteado un plan para mejorar la evaluación de las políticas públicas, desarrollando la ley aprobada el año pasado, que incorpora herramientas para la mejora del servicio público con el objetivo de ser más eficiente. Aquí entrarán algunos aspectos vinculados al uso de la inteligencia artificial que aporte soluciones a problemas de las políticas públicas.

Fin a la cita previa obligatoria

Uno de los principales objetivos de la estrategia planteada por Escrivá este miércoles es la mejora de la atención al ciudadano. Entre otras cuestiones, se reformarán las plataformas digitales que ya existen con el objetivo de agilizar y facilitar el acceso de la población a los servicios públicos de manera centralizada. En este sentido, entra en juego uno de los anuncios realizado por el ministro el pasado lunes, que incluye una nueva ley de ciberseguridad, con el objetivo de hacer al sector público más resiliente frente a las amenazas.

Otro de los aspectos fundamentales de este punto es también la eliminación de la obligatoriedad de la cita previa. El Gobierno reconoce que la atención al público es fundamental para buena parte de la población en trámites como su jubilación. Por ello, fuentes del Ministerio explican que se va a tramitar una reforma de la ley para eliminar la obligación de tener una cita previa como se instauró durante la crisis del coronavirus.

Acompañan a estas medidas una ampliación de los servicios de la web de la administración o del uso del teléfono 060, de manera que se apuesta por una omnicanalidad que no deje atrás a la atención física. Para otros trámites, los que se realizan por escrito, Función Pública aplicará una mejora del lenguaje administrativo que permita la convivencia de los documentos legales que son imperativos con cartas que contengan información clara y sencilla.