Iban a ser tres meses y se han convertido en tres años. En 2015, el Gobierno aprobó la ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que incluía un cambio importante en la estructura y autonomía del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social: la creación del Organismo Estatal de la inspección. En su desarrollo, la norma establecía que los estatutos para poner en marcha este órgano debían aprobarse en un plazo de tres meses desde su entrada en vigor, en julio de ese año. Lejos de octubre de 2015, casi tres años después, el Ejecutivo aprueba estos estatutos y anuncia el “nuevo” Organismo Estatal, así como la aprobación de un Plan Estratégico para los próximos dos años.
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha sido el encargado de comunicar en la rueda de prensa posterior al Consejo la aprobación del Plan estratégico para 2018-2020 y del proyecto de real decreto “por el que la Inspección pasa a ser un organismo autónomo, que es uno de los objetivos que el Gobierno pondrá el marcha este mismo año”.
Los inspectores, desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social así como la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), celebran que “por fin” se aprueben estos estatutos. “Llevamos un retraso de tres años, la ley de julio estableció un periodo de tres meses. Por eso es muy importante que por fin se apruebe el real decreto, era una de nuestras demandas continuas porque el refuerzo institucional que suponía la ley quedaba un poco en agua de borrajas”, explica Isabel San José, presidenta del Sindicato de Inspectores.
Fermín Yébenes, portavoz de UPIT, subraya este retraso en un punto tan importante como el cambio de la organización de la Inspección: “La creación del Organismo Estatal es importante porque supone más autonomía par la Inspección respecto al Ministerio de Empleo, lo que garantiza que sea más profesional, menos politizada. Es necesario para actuar de manera más independiente”.
Sin partida específica en los Presupuestos
Además, el Organismo Estatal supone una nueva organización y relación con las comunidades autónomas, así como la creación de varios consejos para dirigir su actuación y garantizar la participación de los sindicatos y las organizaciones empresariales. Isabel San José destaca la importancia de que el órgano comience a funcionar “lo antes posible, antes de finalizar el año esto debería estar resuelto” y de que no se quede en un cambio superfial.
“Es necesario que este organismo autónomo cuente con las dotaciones presupuestarias, las estructuras organizativas y todo el entramado básico suficiente y necesario para que el organismo autónomo pueda desplegar sus potencialidades y cumpla con las expectativas depositadas en él”, argumenta la presidenta del sindicato de Inspectores.
Sobre la dotación presupuestaria, fuentes del Ministerio de Empleo afirman que en las cuentas presentadas esta semana para este 2018 no hay una partida específica para el Organismo Estatal ni para el Plan Estratégico, aunque aseguran que puede funcionar con los recursos asignados a la Inspección. Dentro del Organismo Estatal se crea la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, “un nuevo paso para una coordinación reforzada y una colaboración institucional más intensa en la lucha contra el fraude laboral”, asegura Empleo.
Plan estratégico para los próximos dos años
Méndez de Vigo también ha anunciado las líneas generales del Plan Estratégico de la Inspección de Empleo y Seguridad Social para 2018-2020, que da continuidad y amplía en su margen de acción al Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social que se aprobó en 2012.
Los ejes principales del Plan del Gobierno consisten en: el refuerzo del control de la contratación temporal injustificada y de la contratación a tiempo parcial y de los contratos formativos; el mayor control de horas trabajadas y del tiempo de trabajo; la priorización del ámbito de discriminación por género, que incluye la especialización de inspectores, “el lanzamiento de campañas específicas” y la mejora de la supervisión de la brecha salarial y de la negociación colectiva para evitar cláusulas discriminatorias; nuevas unidades de Inspección especializadas en prevención de riesgos laborales, dado el aumento de la siniestralidad; y un mayor control de los falsos autónomos.