El Gobierno estudia volver a suspender el impuesto a la generación de electricidad ante la escalada del recibo

El Gobierno estudia volver a suspender el impuesto del 7% a la generación de electricidad, como ya hizo a finales de 2018, ante la espectacular escalada del mercado mayorista eléctrico, el conocido como pool.

La ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, ha señalado este miércoles en el Congreso que “no es descartable que en situación tensa como esta haya que volver a hacer lo que ya hicimos en su momento”, la “suspensión” de alguna figura impositiva “con carácter excepcional y provisional”, para “facilitar” a los consumidores “hacer frente” a un incremento de costes que ha atribuido al encarecimiento de los combustibles fósiles.

El Gobierno ya suspendió ese tributo 6 meses, desde octubre de 2018 hasta abril de 2019, junto a una exención en el Impuesto de Hidrocarburos para desactivar el gravamen conocido como “céntimo verde” en los combustibles para producción eléctrica. El gravamen más importante es el impuesto a la generación, que aporta al sistema eléctrico (no financia las arcas públicas) unos 1.500 millones anuales. Grava con un 7% el valor de la generación de todas las centrales y en buena medida se traslada al precio mayorista (esto es, lo acaba pagando el consumidor).

Las eléctricas lo han recurrido sistemáticamente en los tribunales, sin éxito. Fue avalado por la Justicia europea en marzo pasado y por el Tribunal Constitucional en julio de 2017. Lo introdujo la reforma eléctrica del Gobierno de Mariano Rajoy en diciembre de 2012 para intentar embridar el déficit tarifario, aunque el propio PP lleva años pidiendo su supresión.

Cuando suspendió esos impuestos, Ribera explicó que tendría un impacto en torno al 4% sobre la factura de los consumidores domésticos, aunque entonces el precio medio del megavatio hora en el mercado mayorista era inferior al actual.

“Este Gobierno debe ser sensible y debe preocuparse por los consumidores, por lo que no descartamos medidas provisionales hasta tanto se aborde en profundidad con rigor y congruencia la reforma de nuestra fiscalidad energética”, ha dicho Ribera este miércoles. “Ya lo hemos hecho y probablemente lo tengamos que hacer en el futuro inmediato”, ha señalado durante una interpelación urgente del PP para rendir cuentas sobre el encarecimiento del recibo.

“Nos preocupa enormemente la evolución del precio de la electricidad, las previsiones de precios del gas y las previsiones de precios del CO2 y sobre todo nos preocupa su impacto en el recibo de las familias, la industria y las pymes”, ha señalado la vicepresidenta, en el día en el que el mercado mayorista marca el tercer precio más elevado de la historia. La espiral alcista se ha agudizado tras la entrada en vigor, el 1 de junio, de la nueva factura que penaliza las horas más caras y en pleno pulso del Gobierno con las eléctricas para tratar de recortar los denominados “beneficios caídos del cielo” que reciben la tecnología hidroeléctrica y la nuclear por el encarecimiento del CO2.

Ribera ha dicho que el “problema estructural” del mercado eléctrico son los combustibles fósiles, “los más caros, los que marcan el precio que se paga a toda la electricidad en el mercado mayorista”, y “la única medida estructural ha de ser dejar de depender de los combustibles fósiles”, que son “los que marcan esos precios que tanto nos espantan” y “caen como una losa” sobre los consumidores de “toda Europa”, aunque “de manera especialmente grave” al mercado ibérico por su menor capacidad de interconexión.

La responsable de Transición Ecológica ha anunciado también que, junto con el Ministerio de Hacienda y el de Industria, Transición Ecológica prepara una dotación extra de 100 millones de euros en créditos para compensar a la industria por el espectacular encarecimiento del CO2, que ha propiciado la actual escalada del pool eléctrico.

La vicepresidenta ha defendido la nueva factura eléctrica por tramos horarios porque permite incentivar el ahorro y la eficiencia y no se ha pronunciado sobre la petición de dos ministros de Unidas Podemos de adelantar a las 22.00 horas el tramo más barato de la nueva factura.

Ribera ha señalado que, más allá de las posibles medidas extraordinarias, el mercado eléctrico necesita soluciones “estructurales”, como el proyecto de ley que ha aprobado el Gobierno para sacar de la tarifa el coste de las primas a las renovables y cargarlo al conjunto de consumidores eléctricos y al anteproyecto que prevé atacar los denominados “beneficios caídos del cielo” de hidráulica y nuclear. Esas medidas no van a entrar en vigor en el corto plazo.

La vicepresidenta ha defendido que, pese el episodio alcista de estos días, España ha logrado una reducción “histórica” del diferencial de precios de su mercado mayorista de electricidad con respecto a Alemania y Francia en los dos últimos dos años y medio. “Quien compre hoy electricidad para 2022 y 2023 en España ya lo hace más barato”, ha asegurado.