Aunque asegura que lo hará de manera “inminente”, el Gobierno no termina de lanzar el proceso de licitación de los estudios técnicos en los que debería basarse para decidir sobre un eventual desmantelamiento del fallido almacén de gas Castor, clausurado por el Ejecutivo del PP hace más de cuatro años tras una sucesión de microseísmos en la costa mediterránea.
El pasado 22 de noviembre, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, llegó a asegurar en sede parlamentaria que el proceso de licitación de esos estudios ya estaba en marcha.
“Sobre cómo y cuándo se va a proceder al desmantelamiento, en este momento el Gobierno ha encargado los estudios necesarios para identificar las distintas alternativas que hay y los riesgos, medioambientales y de todo tipo, que cada una de ellas conlleva”, dijo.
“Está en exposición pública el concurso para la elaboración de ese informe, que es el que el Gobierno utilizará para su actuación en todo el asunto del almacenamiento del Castor”, añadió Abascal en su debut ante la Comisión de Transición Ecológica del Senado como respuesta a una pregunta del senador de ERC Miguel José Aubà, que le reclamó “que el desmantelamiento se realice lo antes posible”.
Días después, en una respuesta por escrito a ese mismo senador fechada el 7 de diciembre, el Gobierno dio otra versión: “El inicio de los estudios previos para analizar las medidas adecuadas que permitan garantizar la seguridad de las personas y el medio ambiente, en caso de que el Consejo de Ministros adoptase el desmantelamiento de dichas instalaciones, requiere previamente de su definición y posterior contratación, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la normativa en materia de contratación pública. En la actualidad se están valorando dichas necesidades de contratación, por lo que no se puede concretar el horizonte temporal para el inicio, en su caso, de los trabajos”.
Dos meses después de la comparecencia de Abascal en el Senado, la licitación no se ha puesto en marcha. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica atribuyen el retraso a los mayores requisitos previos que exige la nueva Ley de Contratos públicos para poder iniciar un procedimiento de estas características.
Esas fuentes señalan que el pliego de condiciones “llegará a la mesa de contratación de forma inminente”, “en las próximas semanas”, sin precisar qué plazos se manejan para tener listos esos trabajos que permitirán tomar la decisión sobre el Castor. No está claro que sea en esta legislatura.
Un asunto incómodo
El Castor es otro de los muchos frentes que tiene abiertos el súperministerio que dirige Teresa Ribera, que estos días tiene pendiente, entre otras cosas, remitir a Bruselas el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que clarificará, por ejemplo, la senda de cierre de las centrales nucleares. El fallido almacén de gas es un asunto incómodo para la ministra, que firmó la declaración de impacto ambiental que permitió construirlo cuando era secretaria de Estado de Cambio Climático en el segundo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El pasado 19 de junio, Ribera se comprometió en el Senado a buscar los informes técnicos que, supuestamente, decía haber recabado el Gobierno de Mariano Rajoy tras un estudio de la Universidad de Harvard y el MIT de Massachusetts presentado en mayo de 2017 que aconsejó mantener la hibernación de la instalación.
El objetivo de esos estudios, dijo la ministra, sería “saber cuándo y en qué condiciones se podría desmantelar en condiciones de seguridad”. Pero no aparecían.
“A fecha de hoy no conozco esos informes, no los tengo, no los he encontrado y todavía no tengo constancia de a quién se han encargado ni en qué momento están, pero me parece que es una cuestión extraordinariamente importante porque, además, abre un abanico de preguntas que deben ser contestadas”, dijo Ribera, que se comprometió a “averiguar dónde estamos y presentar esa información de forma transparente”. En el caso de que los informes no aparecieran, prometió “encargarlos rápidamente”.
El Castor fue clausurado mediante un real decreto ley posteriormente declarado inconstitucional que dio soporte legal a la millonaria indemnización abonada a su promotora, la constructora ACS, con cargo a los consumidores de gas. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, los pagos mensuales fueron anulados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hace un año.
Hace unas semanas, Santander, Caixabank y Bankia, las entidades que adelantaron a ACS los 1.350 millones que facilitaron el cierre del fallido almacén y que el Gobierno se comprometió a devolverles en 30 años a través del recibo del gas, denunciaron al Estado ante el Tribunal Supremo para reclamar esos pagos, “más los daños causados”. Se desconoce cuál sería el coste de desmantelar la instalación, cuyo mantenimiento (a cargo de Enagás) cuesta unos 9 millones que el Gobierno finalmente no ha cargado a los peajes del gas.