El Gobierno fía el recorte del déficit a un aumento del 29% de la recaudación hasta 2026

El Gobierno ha remitido este viernes a Bruselas el Programa de Estabilidad para el periodo 2023-2026. El documento, un trámite obligado antes del 30 de abril cada año sobre el cuadro económico a medio plazo, incluye una hoja de ruta para el anunciado descenso del déficit durante los próximos años. El Gobierno lo fía a un aumento de los ingresos, especialmente los tributarios, y una senda a la baja en los gastos públicos. En concreto, el programa establece un aumento del 29% en los ingresos por impuestos hasta 2026.

En concreto, el documento que han estado ultimando durante esta semana en el Ministerio de Asuntos Económicos establece que los ingresos fiscales de todas las administraciones públicas del Estado pasará de los algo más de 330.000 millones de euros en 2022, hasta los 425.240 millones de euros en 2026, siendo especialmente alto el crecimiento este año (del 8,8% ya presupuestado), para ir moderándose durante los siguientes. El Gobierno desvincula el crecimiento esperado de los ingresos de la evolución de la inflación “El previsible menor crecimiento del IPC en 2023 y siguientes no constituye un factor de riesgo para los ingresos”, asegura el documento.

El Ejecutivo ya había anunciado este jueves una aceleración en el descenso del déficit durante los próximos años. Así, había adelantado un año el descenso del desfase de las cuentas públicas hasta el 3%, como fijan las normas fiscales europeas. Será finalmente en 2024 y no en 2025 cuando el Estado alcance esa anhelada cifra presupuestaria. Se irá reduciendo hasta el 2,5% para el ejercicio 2026, según apuntaron el Ministerio de Hacienda y el de Asuntos Económicos este jueves.

Ampliando el foco y estudiando el conjunto de los ingresos, incluyendo las cotizaciones sociales y otros conceptos, el Ejecutivo marca una hoja de ruta a Bruselas en el que los ingresos pasarán de los 570.000 millones de euros de 2022, a los 704.391 millones en 2026. Con ello, el porcentaje de ingresos públicos sobre el PIB pasará, según el cuadro trazado por el Gobierno en el programa de estabilidad, del 43% del pasado ejercicio al 43,8%. La presión fiscal en España pasaría del 38,7% del pasado año al 40,6% en 2026, acercándose a los niveles habituales en Europa.

Estas estimaciones positivas de ingresos las achaca el Gobierno a la tendencia de la economía. A ello le fía la buena evolución de la recaudación tributaria durante los cuatro próximos años. “Podemos concluir que el crecimiento estimado de los ingresos tributarios en el periodo 2023-2026 se explica, por un lado, por el cuadro macroeconómico proyectado por el Reino de España, marcado por un crecimiento sostenido de las variables económicas y por el otro, por factores estructurales que derivan de un cambio en los comportamientos sociales de los agentes”, apunta el Gobierno. Entre estos cambios de comportamientos, el Ejecutivo señala al aumento de pago con tarjetas, una tendencia vinculada también al descenso del fraude fiscal.

De hecho, el Programa de Estabilidad presentado este viernes a Bruselas contiene una actualización del cuadro macroeconómico en el que el Gobierno mantiene su previsión de crecimiento de este año, del 2,1%, apoyado en el incremento del PIB del 0,5% del primer trimestre anunciado este mismo día. Es la misma estimación que trazó en los Presupuestos Generales del Estado de 2023.

Una estimación que supera la lanzada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) recientemente, que se quedó en el 1,5%, y también la del Banco de España (1,6%) o de la OCDE (1,7%). El Gobierno también es más optimista que el FMI de cara a 2024, para cuando adelanta que el PIB avanzará un 2,4%, mientras que el organismo internacional se quedó en el 2%. La AIReF considera que tanto la senda del PIB real y nominal resultan factibles y, por tanto, avala el escenario macroeconómico de medio plazo planteado por el Gobierno.

“Con toda la prudencia derivada del incierto contexto internacional, todo apunta a que la economía española se mantendrá en una senda de crecimiento robusto durante el periodo 2023 – 2026, impulsada por el empleo, la demanda interna y el Plan de Recuperación”, asegura el documento que ha remitido el Gobierno a Bruselas este viernes.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo confía en que la buena tendencia de la economía permita reconducir gastos. El Gobierno estima que el peso del gasto público sobre el PIB se pueda reducir del 47,8% de este pasado ejercicio al 43,8% de 2026. Es decir, una reducción de un punto y medio sobre el PIB en cuatro años. O lo que es lo mismo, durante la próxima legislatura.

El pasado año, con el arranque de la guerra en Ucrania y los compromisos de España con la OTAN, el foco estuvo puesto en este documento en el aumento del gasto en Defensa. El Ejecutivo fijó que para 2025 se alcanzaría un gasto en Defensa del 1,2% del PIB, que ahora eleva hasta el 1,3% del PIB, tanto en aquel año, como en el siguiente. El compromiso se encuentra en el 2%. Las principales caídas en el gasto están vinculadas a la paulatina retirada de las ayudas vinculadas primero a la COVID y después a la subida de los precios.

El consumo, motor de crecimiento

En el desglose de las previsiones del Ejecutivo, destaca la resistencia del consumo de las familias pese al daño de la inflación. “El consumo privado será uno de los motores principales del crecimiento, impulsado por el buen comportamiento del empleo y el despliegue de las medidas y reformas”, incide. Y, del mismo modo, resalta la confianza de una desaceleración del crecimiento del gasto público, que iría en línea con el objetivo de reducir el déficit.

Por otra parte, afirma que “el ritmo de crecimiento de la inversión se acelerará en 2024” gracias al despliegue del Plan de Recuperación. Además, asegura que “el mercado laboral mantendrá su dinamismo, alcanzándose una tasa de paro inferior al 10% al final del horizonte de previsión (en 2026, desde el 12% actual). Supone la creación en el periodo de 1,1 millones de puestos de trabajo.

“El sector exterior mantendrá una contribución ligeramente positiva durante el periodo de previsión, excepto en 2024, en el que la pujanza de la demanda interna explicará el crecimiento económico”, añade el documento.

El Gobierno sitúa como principal riesgo del cuadro macroeconómico enviado a Bruselas una posible persistencia mayor de la inflación y un endurecimiento de las condiciones financieras. El escenario que maneja el Gobierno contempla una contención de los efectos de segunda ronda. Así, apunta a que los márgenes empresariales “deberían estar marcados por la estabilidad” tras alcanzar en 2022 los datos precrisis sanitaria. Esto se produciría “gracias a la competencia efectiva y un entorno de rebajas en los costes de la energía”. Por otro lado, sostiene el Ejecutivo, los salarios “irán recuperando progresivamente poder adquisitivo a lo largo del periodo de previsión”. El principal riesgo vendría provocado por una sorpresa de la inflación subyacente de la zona euro durante la segunda parte del año 2023 que podría conllevar una intervención más agresiva por parte del BCE, lo que presionaría a la baja el crecimiento económico.

El otro riesgo citado es el de la estabilidad financiera. Aunque señala que el reducido nivel de endeudamiento de los hogares y el alto nivel de liquidez hacen que el riesgo de un contagio de la crisis vivida en la banca estadounidense y suiza sea limitado, “es necesario reforzar el seguimiento del sector financiero y de las implicaciones de la subida de tipos de interés en términos de impacto sobre las finanzas de los hogares y la posible restricción crediticia a las empresas”.