El Gobierno niega un atasco en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la tramitación de las líneas urgentes de avales públicos para dar liquidez urgente a empresas y autónomos afectados por el coma económico inducido para frenar el coronavirus.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital indican que la inmensa mayoría de estos avales los concede automáticamente el ICO una vez que los bancos, tras analizar los riesgos de cada operación, suben la documentación a la plataforma habilitada al efecto.
Salvo error informático, “es imposible que haya un atasco”, apuntan desde el departamento de Nadia Caviño. El ICO señala que “el sistema está totalmente automatizado” y “todas las operaciones que cargan los bancos en esta extranet están validadas al día”.
Son los comités de riesgos de los bancos los que evalúan la inmensa mayoría de estos créditos, pensados sobre todo para pymes y autónomos, a los que van dirigidos 30.000 millones de los 40.000 liberados hasta ahora en dos tandas. El total previsto es de 100.000 millones. Para pymes y autónomos, el Estado cubre a través del ICO hasta el 80% del riesgo.
Las únicas operaciones que analiza directamente el banco público son las de mayor cuantía, más de 50 millones. Y hasta ahora son “contadas”, explica el ministerio. Hasta el jueves se habían presentado y/o aprobado por el banco público tres, aunque “hay alguna más de la que se tiene conocimiento de forma informal”.
Fuentes del sector indican que el propio ICO pidió al inicio de este proceso a las entidades que las grandes operaciones para empresas de gran tamaño y con historial crediticio se quedaran fuera de este paraguas con aval público, con el objetivo de no agotar los recursos disponibles. Así, la inmensa mayoría de los créditos los evalúan las propias entidades, con mucha más experiencia sobre el terreno. En la anterior crisis (de 2010 a 2012), el ICO gestionó una línea de créditos para autónomos y pymes (Línea ICO Directo) que acabó con una morosidad del 83%, según reveló hace dos años un informe del Tribunal de Cuentas.
Para esta línea de liquidez, hay un equipo específico en el ICO que, según fuentes internas, no supera las 20 personas. Economía no precisa cuántos efectivos son. El ICO tiene una plantilla total de 300 personas. Pero “el problema no está ahí”, subraya el ministerio.
El sistema de avales públicos para empresas y autónomos afectados por la crisis del coronavirus se anunció el 17 de marzo, pero solo está en funcionamiento efectivo (con efecto retroactivo) desde el 6 de abril. En los primeros días, algunas entidades aprovecharon para exigir la contratación de productos adicionales, como seguros, para otorgar estas líneas, lo que propició una investigación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
En estas dos semanas, tanto las entidades como el ICO han tenido que ajustar sus sistemas informáticos, lo que lleva su tiempo, pero tras algunos problemas iniciales y cierta lentitud al inicio del proceso, apuntan desde una de las principales entidades, “la cosa empieza a correr”.
Las solicitudes implican un proceso arduo de toma de documentación, de análisis de riesgos y de envío, con lo que más del 90% del proceso recae en las entidades. “Así que es más fácil que el atasco, en caso de haberlo, esté en la banca”, reconocen en el sector, que desde que estalló esta crisis, además de gestionar estas líneas, ha tenido que hacer frente a otras medidas como la moratoria hipotecaria para afectados por la COVID-19. Y no todos los bancos van al mismo ritmo: algunos ya han agotado la cuota de préstamos ICO que tenían asignada y otras entidades todavía no.
Desde alguna entidad se está señalando al ICO para justificar el retraso en la llegada de los fondos. Es el caso de un autónomo que tenía preconcedido un crédito de unos 75.000 euros con cargo a esta línea de avales con una de las grandes del sector, que le ha comunicado por escrito que “ante el retraso que se está produciendo” y sin que se les hayan referido de momento cuándo se efectuarán los correspondientes abonos, el banco va a facilitar directamente el dinero con fondos propios, “anulando la cláusula de garantía del ICO y sin tener que hacer nada más por parte del cliente”.
Esa entidad ha indicado al solicitante que es el ICO el que sufre en la actualidad un “importante atasco” con la asignación de estos créditos y que al haber asignado a cada entidad un determinado cupo, el organismo estaría sufriendo retrasos en sus resoluciones (una información que choca con la oficial proporcionada por el ministerio a este medio). Indican que desconocen el criterio por el que se ordenan los pagos y que tampoco saben el motivo por el que no se han puesto aún en funcionamiento las nuevas disposiciones de fondos.
Quejas de las patronales
“El problema es que no está llegando ese dinero por la tramitación. Se ha implementado un poco tarde, el ICO tarda otros 12 días... De momento van entrando las empresas grandes y medianas. Nosotros hemos planteado que se haga una línea de avales de las sociedades de garantía recíproca que hay en las Comunidades Autónomas que van a ayudar muchísimo a pymes y autónomos”, señalaba esta semana en una entrevista a eldiario.es el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.
Según una encuesta de Cepyme, la mitad de las pymes españoles han solicitado un aval del ICO, a las que les ha sido denegado al 27%. De todas las que han solicitado este tipo de ayudas públicas, el 39% se queja de que el trámite ha sido muy complicado. La patronal de los autónomos, ATA, también ha pedido agilizar el proceso. Según su presidente, Lorenzo Amor, solo cuatro de cada 100 ha obtenido un préstamo ICO. “Un ritmo muy lento teniendo en cuenta que la demanda es ocho veces superior”, según ha dicho Amor.
El sindicato ACCAM, vinculado a Bankia, aseguraba esta semana que “la complejidad de tramitar cualquier operación ICO se ha visto incrementada en esta ocasión por el incremento en el volumen de documentación requerida y por los numerosos cambios de criterio que se han producido, tanto en tramitación como en concesión”, si bien se daba por “superada esta dificultad añadida”. Economía también niega esos supuestos cambios de criterio.
Hasta este viernes, las entidades financieras habían registrado en el ICO un total de 131.243 operaciones por un importe de 17.418 millones, de los que el Estado ha avado 13.424 millones. Casi el 99% del total correspondía a pymes y autónomos, un colectivo sobre el que el Gobierno está haciendo especial énfasis al considerarlo el más vulnerable ante el parón de la actividad económica generado por la crisis sanitaria del coronavirus.
Así, pymes y autónomos concentran 129.571 operaciones por un importe de casi 12.738 millones de los que el Estado ha avalado 10.181 millones. Para las empresas más grandes, se han registrado 1.672 operaciones con una financiación total de 4.678 millones, de los que el ICO ha avalado de media el 69%: 3.243 millones de euros.