El Gobierno impedirá cierres de nucleares con las piscinas llenas de combustible para evitar otro caso Garoña

El Gobierno no quiere que se repita la experiencia de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que sus propietarias, Iberdrola y Endesa, cerraron unilateralmente hace una década dejando en su piscina todo el combustible y endosando el problema de su gestión a la empresa pública Enresa.

A falta de cinco años para el arranque del apagón nuclear progresivo pactado en marzo de 2019 con las eléctricas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sacado a consulta un nuevo reglamento sobre instalaciones radiactivas que sustituirá al vigente, de 1999.

El texto transpone parcialmente la normativa europea en esta materia y, además, en él “se detallan más las condiciones previas al inicio de un desmantelamiento para garantizar que, salvo situaciones excepcionales justificadas, Enresa pueda iniciar las labores encomendadas sin que haya combustible en el reactor o en las piscinas de almacenamiento”, explica el departamento de Teresa Ribera.

El nuevo texto, a consulta pública hasta este martes, trata en suma de que no se reedite la historia de la central burgalesa. En Garoña, por “circunstancias particulares”, como señala el nuevo plan de residuos radiactivos que prevé aprobar el Gobierno próximamente, “no ha sido posible planificar su desmantelamiento ni las actividades preparatorias durante la etapa final de operación”.

Según fuentes gubernamentales, el nuevo reglamento persigue “evitar que se reproduzca lo que ha sucedido con Garoña, donde Enresa se tiene que hacer cargo de la central con combustible en la piscina”, cuando el cometido de esta empresa pública es desmantelarla y gestionar el almacenamiento de sus residuos en condiciones de seguridad.

El reglamento vigente ya especifica que el titular de una nuclear, antes de la concesión de la autorización de desmantelamiento, debe “haber descargado el combustible del reactor y de las piscinas de almacenamiento”, cosa que no ocurrió con Garoña y sí con la otra nuclear clausurada en las últimas décadas, la de Zorita, que era propiedad de la antigua Unión Fenosa (la actual Naturgy) y cerró en 2006.

Si no se ha descargado el combustible, la norma vigente dice que el titular debe disponer de un plan de gestión del combustible gastado aprobado por el ministerio, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En el caso de Garoña, este organismo no ha dado su visto bueno a ese plan hasta este año.

Nuevo artículo

El nuevo reglamento incluye un nuevo artículo sobre “Condiciones previas a la concesión de la autorización de desmantelamiento de centrales nucleares”.

En él se aclara que el titular “deberá haber acondicionado los residuos radiactivos generados durante la explotación”, como ahora, “o, en su caso, haber establecido los acuerdos oportunos con el futuro titular de la autorización de desmantelamiento”, Enresa.

“Adicionalmente, deberá haber descargado el combustible nuclear del reactor y de las piscinas de almacenamiento”. “Con carácter excepcional”, el Gobierno puede eximir de esta obligación. Pero con condiciones: se deberá aportar un estudio justificativo “de la necesidad de que el desmantelamiento se inicie sin que se haya descargado el combustible gastado de la piscina de almacenamiento, en el que se detallen las circunstancias excepcionales que concurren”; una memoria “que detalle la asignación de responsabilidades”; un estudio económico comparativo entre esta alternativa y la de sacar los residuos; y un calendario de actuaciones.

Garoña se desconectó de la red en diciembre de 2012 por decisión unilateral de su propietaria, Nuclenor, sociedad conjunta de Endesa e Iberdrola, lo que le valió una multa de 18,4 millones de euros por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que confirmó el Tribunal Supremo a finales de 2018.

Las mayores eléctricas estaban enfrentadas entonces al Gobierno del PP por los impuestos al sector que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Trataron de presionar usando como moneda de cambio el futuro de esa pequeña central, de solo 466 megavatios (MW) de potencia. Tras desconectarla, llegaron a plantear que volviera a operar hasta 2031, cumplidos 60 años. Hasta el último momento, el gobierno de entonces intentó frenar su cierre, pero mantuvo los impuestos a las eléctricas. Finalmente se dio por vencido en 2017. 

Según fuentes gubernamentales, “si se hubiera esperado a que Garoña vaciara la piscina, el comienzo del desmantelamiento se habría retrasado, con la consiguiente pérdida del personal de Nuclenor y del empleo asociado al desmantelamiento” y a las actuaciones para revitalizar la actividad económica en la zona mediante las denominadas políticas de transición justa.

Dos fases

El cierre precipitado de Garoña obligó a Enresa a diseñar el desmantelamiento en dos fases. La primera, que todavía no ha empezado (la actual se denomina “de transición”), consiste en sacar el combustible de la piscina y cargarlo en contenedores metálicos de doble propósito para su posterior traslado al almacén temporal individualizado (ATI) construido por Enresa en 2018.

En paralelo, empezará a realizarse el desmantelamiento de equipos y componentes del edificio de turbina. Y en la segunda fase, se desmantelará el edificio del reactor, incluida la piscina de combustible.

Ante la experiencia de Garoña, el nuevo plan de residuos apuesta por “asegurar un tiempo suficiente”, de “al menos” tres años“, antes de que las nucleares dejen de operar, ”para diseñar y planificar adecuadamente el desmantelamiento teniendo en cuenta los plazos de evaluación del CSN, e iniciar las actividades relativas al vaciado de piscinas“ que se utilizan para enfriar el combustible gastado. 

Eso fue imposible con Garoña. Casi todos sus residuos están todavía en su piscina y solo este año Enresa ha podido empezar a trasladarlos al ATI. El primer contenedor de residuos, fabricado por la compañía española Ensa, y con una altura de 4,85 metros, 2,1 metros de diámetro y un peso (una vez cargado) de 71 toneladas, se almacenó en el ATI el pasado verano. Las operaciones, dirigidas por Nuclenor, todavía hoy titular de la planta, requirieron de más de 160 horas para preparar el contenedor, trasladarlo a la piscina, cargar los primeros 52 elementos de combustible gastado, extraerlos y trasladarlos al ATI.

Tras la carga y traslado de los otros cuatro contenedores que hay disponibles, ya durante la primera fase del desmantelamiento y con la central bajo la titularidad de Enresa (se espera que el traspaso se materialice en 2023) se sacará el combustible que queda en la piscina con otros 44 contenedores en proceso de fabricación.

En total hay en Garoña 2.245 elementos de combustible gastado, 440 toneladas de uranio. De ellos, hay 14 “clasificados preliminarmente como dañados”, según el CSN, porque “presentan falta de estanqueidad” y van a requerir de un nuevo tipo específico de contenedor, según la última revisión del plan de gestión del combustible gastado de la central de principios de este año.

Las operaciones de carga de todos los contenedores y el vaciado de la piscina se prolongarán hasta finales de 2025 si no hay retrasos. En la segunda fase, con siete años de duración, se desmantelará el reactor y el resto de edificios con implicaciones radiológicas, siguiendo con las actividades de descontaminación, desclasificación y demolición de edificios, para concluir con la restauración ambiental del emplazamiento.

Con el ATI de Garoña convertido en el futuro en un almacén temporal descentralizado (ATD), los residuos permanecerán allí durante cerca de medio siglo hasta que esté en funcionamiento la solución definitiva para enterrarlos a medio kilómetro de profundidad, el futuro almacenamiento geológico profundo (AGP).

Una vez descartada la opción de un almacén temporal centralizado (ATC) para los residuos, hace unos días los máximos responsables de Enresa y el CSN pedían que una ley blinde el futuro AGP para que su ubicación se elija con el máximo consenso.