El Gobierno ha aprobado este viernes un real decreto ley de medidas urgentes en el sector energético que, entre otras cosas, liquida el famoso impuesto al sol, amplía el bono social eléctrico para los consumidores vulnerables y lo extiende a la calefacción, prohíbe a las eléctricas la práctica del ‘puerta a puerta’ y suspende dos impuestos a la generación de electricidad para intentar aplacar la actual escalada de los precios de la luz.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, ha explicado que la medida estrella del Gobierno para intentar abaratar el recibo, la suspensión del impuesto a la generación eléctrica anunciada hace unas semanas en el Congreso, durará seis meses. Además, irá acompañada de una medida equivalente (también por seis meses) para el impuesto de hidrocarburos, lo que abaratará la producción de electricidad con gas natural (centrales de ciclo combinado).
El impacto en la factura de suspender esos impuestos (que las eléctricas repercutían a los precios del mercado) será de “alrededor del 4%”, según Ribera. Se trata de suspender esos gravámenes durante seis meses “e ir trabajando en la gran reforma del mercado”, que “no está claro que sea el óptimo”.
En materia de renovables, el Gobierno va a extender el plazo de tramitación de los más de 9.000 megavatios (MW) de potencia que adjudicó el anterior Ejecutivo mediante un sistema de subastas, más allá del próximo 31 de diciembre. “O ampliábamos ese plazo”, ha dicho Ribera, o “era muy difícil poder llegar” porque solo estaban tramitados 80 MW.
El decreto incluye también, tal y como anunció Ribera en el Congreso el mes pasado, un paquete de medidas relativas a la pobreza energética y los consumidores vulnerables. Se refuerza el bono social de electricidad elevando un 15% los umbrales de consumo que tienen derecho a descuento, y se crea un nuevo bono social para calefacción. Además, se amplían los beneficiarios de este instrumento a las familias monoparentales y a las familias dependientes de grado I y II. Ribera ha recordado que el 85% de las familias con un solo progenitor e hijos menores de 6 años están encabezadas por mujeres.
La ministra ha avanzado que se trata de medidas pensadas para este invierno, hasta que se perfile la Estrategia Nacional para la lucha contra la Pobreza Energética que debe perfilarse dentro de seis meses y en el que hará que los criterios de renta “tengan prioridad”. Preguntada por el hecho de que el bono social de la luz (y ahora también el de calefacción) va a seguir beneficiando a todas las familias numerosas, independientemente de su renta, Ribera ha dicho que en esa futura estrategia la renta deberá ser “un elemento determinante” en la fijación de las políticas que la acompañen.
En materia de protección de los consumidores, el Gobierno va a prohibir la práctica del “puerta a puerta”, tras detectarse numerosos abusos de los comerciales que, subcontratados por las eléctricas, tratan de convencer a los clientes de que abandonen la tarifa regulada (PVPC) y se pasen al mercado libre, que es más caro y ya copa cerca del 60% del mercado doméstico.
Además, se incluirá más información en las facturas, informando los consumidores de las ventajas de contratar la tarifa de discriminación horaria, con precios mucho más baratos en las horas valle (por la noche y por la mañana). Y se permitirá a los usuarios ajustar su potencia contratada, porque actualmente el hogar medio, según Ribera, utiliza una potencia “muy superior” a la requerida.
El paquete de medidas también incluye la anunciada derogación del denominado “impuesto al sol” que puso en marcha el Gobierno del PP para las instalaciones de autoconsumo eléctrico con más de 10 kilovatios de potencia, aunque nunca se llegó a aplicar por la ausencia de desarrollo reglamentario.
“Por fin este país se libra del gran absurdo del que se han mofado observadores internacionales como es el impuesto al sol”, ha señalado Ribera, que ha instado a “aceptar con total normalidad que hay productores mucho más diversos” y ha recordado que “un país tan rico en sol como es España” cuenta con apenas un millar de instalaciones de este tipo, frente a “más de un millón en Alemania”.
En relación con el autoconsumo, el decreto también reduce trabas burocráticas, en especial para el autoconsumo compartido, y simplifica los trámites para la puesta en marcha de instalaciones de pequeña potencia.