La vida sigue y después del parón electoral por los comicios europeos y el trajín por las leyes de abdicación y proclamación, el Consejo de Ministros se reúne el viernes para lanzar la primera propuesta de calado en este 2014. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, anunciará las líneas maestras de su anunciada reforma fiscal, una reforma que afecta de una forma u otra a todos los españoles que consuman, trabajen o tengan una empresa.
Las filtraciones previas a la presentación de este Anteproyecto de Ley permiten reconstruir en parte los principales ejes de la propuesta, que pivotan sobre una rebaja generalizada del IRPF que afectará a todos los tramos de este impuesto.
El Ejecutivo lleva al menos dos años trabajando de una forma u otra en esta reforma, muy demandada por todos los agentes económicos, ya que la última reforma de calado se remontaba a 1997. Sin embargo, el nuevo marco se hace en un contexto de restricciones presupuestarias, incipiente recuperación y prolegómenos electorales, tres circunstancias que afectarán el alcance y la envergadura de los cambios. El Gobierno quiere revertir la subida de impuestos que hizo nada más llegar al poder, y que le ha pasado una alta factura entre sus votantes, a priori contrarios a las subidas tributarias.
La rebaja de impuestos que anticipa el Ejecutivo se considera precipitada por parte de las instituciones internacionales que están tutelando la evolución económica de España. Tanto la Comisión Europea como el FMI han advertido de que apenas hay margen para una rebaja de impuestos si se quiere consolidar el camino de la reducción del déficit.
Pero el desastre electoral de las europeas y las campañas electorales para las municipales y generales de 2015 aprietan al Ejecutivo que necesita vender ya un descuento en los impuestos que se note en el bolsillo de los contribuyentes. Así, el impuesto sobre la renta, IRPF, pasará a tener cinco tramos frente a los siete actuales, y se reducirá en todos los tramos. Formalmente, no podrá haber tipos marginales superiores al 50% (ahora hay un tramo en el 52%) y el tipo mínimo estará por debajo del 24%. También los autónomos percibirán el cambio mediante el cambio en la retención, que se prevé baje del 21% actual al 19%.
Estos cambios se notarán inmediatamente en las nóminas de 2015, pero no está claro si serán de tal alcance que logren revertir la subida de impuestos que se inició en 2011 y que se bautizó con el eufemístico término de “recargo temporal de solidaridad”. Montoro anunció que para 2014 este recargo no estaría operativo pero, finalmente, y debido a la necesidad de cumplir con el objetivo de déficit, tuvo que prorrogar al menos otro año más esta subida. Es muy complicado que solo en un ejercicio se logre revertir el efecto de tres años de este recargo tributario, por lo que se hará de forma escalonada en un recorte que se cifra en los 5.000 millones de euros.
Lanzarse a la piscina
Pero la euforia del Ejecutivo respecto a la recuperación económica le ha llevado a lanzarse a la piscina de la rebaja tributaria pese al criterio de muchos expertos. Hacienda capea las críticas con sus tradicionales argumentos de que más dinero en el bolsillo de los ciudadanos significa más consumo, un criterio que no utilizó cuando subió los impuestos (también el IVA) hace más de dos años. Además, fían a la creación de empleo y a la mejora de la actividad económica cubrir las necesidades recaudatorias que permitan mantener la financiación de los servicios públicos en el nivel actual sin acometer nuevos tijeretazos.
Cabe recordar que los cambios metodológicos en la medición estadística del PIB, de obligado cumplimiento por el INE, regalarán a Montoro tres décimas de reducción de déficit en 2014, lo que le da un colchón para cumplir con el objetivo este año. Sin embargo, los recortes de impuestos serán operativos en 2015, cuando ya se haya absorbido el impacto de estos cambios.
Además de esta rebaja del IRPF, que afecta alrededor de 17 millones de declarantes, la posibilidad de que la reforma tapone los agujeros del impuesto será una de las piezas clave a tener en cuenta en el borrador que se conozca mañana. La necesidad de remendar el diseño de los principales impuestos, auténticos coladores por el alto número de bonificaciones que se premian en este momento, es una de las principales peticiones de los expertos en fiscalidad.
El Ejecutivo no ha dado muchos datos de qué privilegios fiscales pueden tener su final en 2015, más bien al contrario, ha anunciado más incentivos para las familias con hijos, entre otras medidas, aunque se harán por la vía de subir los mínimos exentos y no por la de crear nuevas bonificaciones. De cómo se cubran y si se cubren los agujeros del colador se podrá frenar la previsible sangría en la recaudación que provocaría una rebaja de impuestos que mantuviera el diseño actual.
Menos impuestos para empresas
Hacienda ya ha anticipado que hará una rebaja del tipo que pagan las grandes empresas, que pasará del 30% al 25% nominal. Este gravamen es más teórico que real, ya que prácticamente ninguna empresa paga esa proporción de impuestos sobre beneficios, gracias precisamente a que Sociedades está trufada de deducciones para empresas. El tipo efectivo que pagan algunas grandes empresas está alrededor del 12%, lo que lo situaría como uno de los más bajos de la UE. La filosofía es reducir el tipo nominal para que con la eliminación de las desgravaciones suba el efectivo.
El impuesto de Sociedades es uno de los que más ha sufrido durante la crisis y ha caído año tras año. Además del problema de las múltiples deducciones, es importante recordar que es un impuesto que solo se paga por las empresas que tienen beneficios y que sufre mucho por la ingeniería fiscal y la deslocalización de los beneficios. En total, el recorte de impuestos para las empresas se ha cifrado en 2.600 millones de euros. Para las pymes el tipo se quedaría igual en un 25%.
En cualquier caso, el segundo impuesto que más nutre las arcas del Estado (después del IRPF) es el IVA, y sobre su posible subida se ha especulado mucho en los últimos meses. La propuesta de los "sabios", el comité de expertos al que el Gobierno encargó un prototipo de reforma, era iniciar un programa de devaluación fiscal, que pasa por una bajada de cotizaciones sociales compensada por una subida del IVA. Esta fórmula, que tiene como teórico objetivo incentivar las exportaciones, fue apadrinada también inicialmente por la Comisión Europea y el FMI, y defendida en España especialmente por el servicio de estudios de BBVA.
Sin embargo, en las últimas semanas, se ha desinflado el ímpetu hacia este tipo de estrategia fiscal y todo apunta a que el Ejecutivo apenas tocará el impuesto que grava el consumo, salvo algunos bienes que Bruselas ha pedido que se armonicen con los tipos generales que se gravan en Europa. En cualquier caso, una subida del IVA se puede hacer en cualquier momento y, de hecho, se dice que su efectividad es mayor si no se anuncia por adelantado.
Si finalmente no hay devaluación fiscal, será la constatación de que la propuesta de los sabios ha caído, a grandes líneas, en saco roto. Pocas de sus propuestas parecen haber sido tomadas en consideración, a la espera de conocer más detalles en los próximos días. Lo cierto es que Montoro ya se desligó por adelantado de cumplir los designios de estos expertos.
Otros cambios en el alero
El problema de raíz al que se enfrentaban los sabios es que muchas de sus reformas pasaban por tocar o modificar sustancialmente impuestos que en la actualidad son de competencia autonómica. Aunque el Ejecutivo central tiene como misión dibujar el marco presupuestario, las comunidades autónomas tienen competencias sobre muchas de las figuras fiscales, como Patrimonio, Sucesiones, el tramo autonómico del IRPF y otros impuestos que graban sobre todo la vivienda. Durante el largo proceso parlamentario que queda por delante a este anteproyecto de ley, estas serán sin duda algunos de los impuestos que se intenten modificar. Hacienda ha forcejeado estos días por suprimir el impuesto sobre Patrimonio, pero tiene que vencer las reticencias de varias comunidades.
Otro cambio sustancial con el que se ha especulado es la posibilidad de gravar más a los que tengan una segunda vivienda, algo que todavía no está confirmado. Lo que sí se creará a buen seguro es una nueva panoplia de impuestos especiales, que fiscalicen las actividades que tienen perjuicio medioambiental. También se ha anticipado que el criticado régimen de módulos por el que tributan algunos autónomos no se eliminará, como pedían algunos expertos, y solo se limitará a algunos sectores, eliminando por ejemplo la posibilidad de que los transportistas se acojan a este sistema que según los expertos, facilita bolsas de fraude.
Se especula también con que se bajará la fiscalidad del ahorro, lo que ha llevado a algunos expertos a decir que esta es una reforma que favorecerá sobre todo al capital. El gran ausente puede ser un programa de lucha contra el fraude que los expertos reclaman y del que adolecía la propuesta inicial de los expertos.