El Ministerio de Fomento ha pedido al Instituto Nacional de Estadística que acelere y conceda “la máxima prioridad” a la elaboración de una estadística oficial que refleje la evolución de los precios del mercado del alquiler y que le sirva para “asegurar el cumplimiento de los compromisos” en materia de vivienda. La información de portales inmobiliarios privados como idealista o Fotocasa dejará de ser la única disponible para conocer la evolución de lo que se paga en España por vivir de alquiler. Esta estadística ya fue anunciada por el último ministro de Fomento del PP, Íñigo de la Serna, en plena escalada de precios, pero no llegó a llevarse a cabo.
Los datos oficiales que ofrezca esta estadística, según fuentes de Fomento, son un requisito para la elaboración de índices de precios, es decir, para establecer límites a porcentajes desmedidos de subidas de las rentas en zonas tensionadas, tal y como reclama Unidos Podemos.
La idea del Ministerio, según la carta que ha remitido la semana pasada la secretaria general de Vivienda, Helena Beunza, al INE, y a la que ha tenido acceso eldiario.es, es “profundizar en una visión integrada del problema de la vivienda” y vincular los resultados de esta encuesta con “determinadas variables que reflejen la situación social y económica de los hogares y que pueda servir de base para determinar zonas de mercado en las que existe una mayor presión alcista y una reducción de la oferta de alquiler asequible”. Dicha vinculación, matizan fuentes del departamento, la podrá efectuar quien esté interesado en analizar la tensión de determinados mercados inmobiliarios con datos oficiales, pero no se prevé que la haga el INE.
Fomento considera que hay “una situación de extrema necesidad” en materia de alquileres. Por ello, aunque el plan estadístico en el que se engloba este sondeo sería el correspondiente al cuatrienio 2021-2024 reclama que “se adopten las medidas necesarias” para disponer de esta “Estadística de alquiler de viviendas no destinada a fines turísticos” antes de ese periodo. Ofrece al INE para ello “todo el apoyo técnico necesario” del departamento.
Hasta el momento este organismo publica la variación anual de lo que gasta el conjunto de hogares españoles en alquiler, que incluye los hogares que han renovado sus contratos (y el alquiler pasa a ajustarse al de mercado), pero también los que tienen un contrato suscrito en años anteriores, en los que la renta se actualiza generalmente por el IPC general.
Temas separados
Unidos Podemos cree que esta estadística y los índices de precios son temas separados, y se mantiene en la idea de rechazar el decreto de vivienda que se va a votar este martes en el Congreso, han confirmado fuentes de esta formación. Ven muy positivo que se vaya a elaborar este sondeo, que llevan tiempo reclamando incluso por escrito, pero creen que los controles de las subidas abusivas los deben hacer las comunidades autónomas con criterios que se deben fijar en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Este martes se convalida o deroga en el Congreso el decreto de reforma de dicha ley, que aprobó el Gobierno el pasado diciembre. Previsiblemente será derogado, salvo que el PSOE consiga apoyos de grupos con un número amplio de diputados, como el PP o Ciudadanos. La portavoz del grupo, Irene Montero, afirma que siguen en el “no” porque consideran que se han incumplido los compromisos del pacto presupuestario a pesar de la ampliación de años de contrato de tres a cinco o siete si el arrendador es persona jurídica.
Los precios del alquiler cerraron 2018 con una subida del 18,5%, según el portal pisos.com, con Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca en cabeza de las capitales más caras. En las tres provincias en las que se encuentran estas ciudades el esfuerzo de las familias para pagar su alquiler supera el 40% de sus ingresos, más de lo que se recomienda, por ejemplo, para conceder una hipoteca. En este contexto, los desahucios de alquiler hace tiempo que han superado a los de las hipotecas.
Y aunque los expertos creen que los precios de la vivienda podrían moderar su crecimiento en 2019, tras años de encarecimientos acumulados, quienes tienen que renovar su contrato se encuentran con alzas ilimitadas, frente a lo que ocurre en otras ciudades del mundo como Berlín o París, donde se han implantado controles con resultados desiguales. Limitaciones que son los que Unidos Podemos quiere importar a España, en contra del criterio de los inversores en este jugoso mercado, entre otros.