El Gobierno inicia la ratificación de los convenios de la OIT contra el acoso laboral y sobre teletrabajadores

El Consejo de Ministros ha dado la luz verde este martes a la ratificación de los convenios contra la violencia y el acoso laboral y el referido a los derechos de los trabajadores a domicilio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), explican fuentes gubernamentales a elDiario.es Tras cumplir los trámites previos, el Gobierno envía a las Cortes su voluntad de ratificar ambos tratados internacionales a los que se había comprometido el Ministerio de Trabajo.

Se trata en concreto de los Convenios 190 y 177 de la OIT. La ministra de Trabajo Yolanda Díaz anunció justo antes de que se destara la pandemia su voluntad de ratificar el primero de ellos, de 2019, contra la violencia y el acoso en el trabajo. El paso tenía una relevancia especial porque iba a suponer la entrada en vigor del tratado internacional, que necesita de la ratificación de al menos dos países y en ese momento solo había iniciado el proceso Uruguay.

Pero llegó la pandemia y el proceso previo a la ratificación se alargó ante otras urgencias fruto de la crisis del coronavirus. El segundo estado en ratificarlo finalmente fue Fiji y se han sumado desde entonces Argentina, Ecuador, Mauricio, Namibia y Somalia. Ahora, el Ejecutivo ha completado los “dictámenes y trámites preceptivos previos” y da el primer paso para que España se una a la ratificación del convenio.

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha destacado hasta la fecha la importancia del convenio 190 contra la violencia y el acoso por varias novedades en su perspectiva protectora. Por un lado, incluye dentro del acoso no solo el que se ejerce de manera vertical (de un superior a una persona subordinada) sino también aquel que se produce entre iguales (un compañero de trabajo a otro).

Además, la ministra de Trabajo ha subrayado su alcance a los becarios y becarias, aunque no sean asalariados, así como en aquellos espacios que están al margen del centro de trabajo, como reuniones fuera de la oficina, los viajes de trabajo y los cursos de formación laboral, en los que también se debe proteger frente al acoso laboral.

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo ha resucitado un intento previo de ratificación del convenio 177 sobre el trabajo a domicilio, que considera que está en disposición de firmar ahora que España ha acordado y aprobado la Ley sobre Trabajo a Distancia. Este tratado es mucho más antiguo, de 1996, aunque entró en vigor en el año 2000 y solo lo han suscrito hasta la fecha 12 estados.

El Convenio 177 pretende reconocer a los teletrabajadores o trabajadores a domicilio los mismos derechos básicos que a otros asalariados, tales como, jornada de trabajo razonable, el descanso, la protección de la salud y seguridad, así como el derecho a libertad sindical y negociación colectiva, entre otros.

Una vez el Consejo de Ministros aprueba el acuerdo para adherirse a ambos convenios, son las Cortes las que deben autorizarlo. Una vez avalado por el Parlamento, se expide el instrumento de ratificación por el Ministro de Asuntos Exteriores y, al final del proceso, es aprobado en el BOE con la fecha de entrada en vigor.

A la espera del Convenio 189 de empleadas del hogar

Hay otro Convenio de la OIT que España se ha comprometido a ratificar en innumerables ocasiones, pero que hasta la fecha no lo ha hecho. Se trata del Convenio 189 de trabajadores y trabajadoras domésticos. Es una demanda histórica de las empleadas del hogar, ya que reconoce una protección social de este colectivo equiparable al resto de trabajadores, lo que acabaría con su falta de acceso al desempleo, entre otras situaciones.

En concreto, el convenio establece que “todo Miembro, teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico y actuando en conformidad con la legislación nacional, deberá adoptar medidas apropiadas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general con respecto a la protección de la seguridad social, inclusive en lo relativo a la maternidad”.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció en abril que el Gobierno ya había comenzado los trámites preceptivos previos para suscribir el tratado. Por el momento, sigue esa fase preliminar, explican desde el Ministerio de Trabajo.