El Gobierno ha recibido este jueves la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el 'modelo 720' como la crónica de una muerte anunciada. El Ministerio de Hacienda ha reconocido que venía preparando una corrección de este controvertido sistema para la declaración de bienes y derechos en el extranjero, que ha sido tumbado por la justicia comunitaria. Por ello, ha avanzado María Jesús Montero que se va a aprovechar una ley en tramitación en el Congreso o en el Senado para cambiar este documento y su modelo sancionador antes del 31 de marzo, cuando vence el plazo para la declaración del año 2021.
Montero ha reconocido los problemas de esta norma y ha señalado a su predecesor en el cargo, Cristóbal Montoro, quien creó este modelo en el año 2012. “Fue una declaración bastante actual respecto a la amnistía fiscal del PP”, ha señalado la ministra de Hacienda, asumiendo que se estudiará la “letra pequeña” de la sentencia para estudiar si al Estado le tocará suspender alguna de las sanciones que se impusieron y que ahora han sido sentenciadas por el TJUE.
La ministra ha señalado que esta declaración la realizan cada año 60.000 ciudadanos residentes en España. “Es un volumen limitado”, ha señalado. Montero ha reconocido que hacía años que se habían suspendido las sanciones por incumplir con este modelo previendo la anulación por parte de la justicia europea. Previamente, se estima que se habían impuesto 230 millones de euros en sanciones a quienes no cumplieron con el deber de declarar en tiempo y forma sus bienes en el extranjero. Desde la puesta en marcha en 2012 se han declarado 225.000 millones de euros.
En cualquier caso, Montero ha asegurado que el posible impacto para el Estado no superaría los 230 millones de euros de sanciones que se habían aplicado previamente. “Puede ser que no todas se puedan ver afectadas, solo aquellas que se puedan considerar abusivas respecto a la infracción que se cometió”, ha señalado.
La sentencia del TJUE pone en evidencia al modelo español en dos detalles. El primero, la cuantía de las multas por no cumplir en tiempo y forma con la obligación de declaración. En segundo lugar, el sistema que impide que prescriban estas infracciones. Ambas cuestiones, apunta la justicia europea, iban en contra de la libertad de circulación de capitales en la UE.