Poner en alquiler un piso propio para pasar las vacaciones o para ofrecer estancias cortas va a ser más difícil a partir de ahora. El proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler –que debate el Senado– limita la posibilidad de que los particulares alquilen sus viviendas de forma temporal para uso vacacional.
El texto modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), por la que se regía hasta ahora este negocio, y deja de amparar “la cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa”. Es decir, este tipo de alquileres dejan de estar regulados por la LAU sin que haya otra ley que les ampare.
En la práctica, esto supone que el alquiler vacacional quedará regulado por las normas de cada comunidad autónoma, que en algunos casos contienen restricciones y que en otros ni siquiera existen, y que podría dejar a muchas de estas viviendas al margen de la ley. Por ejemplo, en Madrid, las actividades de hospedaje deben llevarse a cabo en suelo terciario, esto es, comercial y de servicios, lo que dejaría fuera a miles de viviendas: sus propietarios ya no podrían alquilarlas por su cuenta.
“Nos tachan de competencia desleal y de intrusismo, pero nosotros también hacemos las retenciones correspondientes de IRPF, pagamos IVA e impuesto de sociedades igual que cualquier otra empresa”, asegura David Tornos, presidente de la Asociación de Gestores de Viviendas de uso Turístico (Asotur), que asegura que los negocios legales están interesados en que el sector se regule para evitar la competencia desleal que suponen los particulares o las páginas web que ofrecen alquileres en negro.
Tornos denuncia las presiones de los hoteleros y señala que el dinero que ahora ganan los propietarios pasarán a ganarlo ahora grandes empresas. “Somos los primeros que estamos en contra de los alquileres informales, pero si el sector no se regula bien, se hará aún más clandestino. Si hay gente que necesita el dinero, va a seguir alquilando sus viviendas”, dice Tornos.
La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) considera negativo que “se elimine la libertad de cualquier ciudadano para poner en alquiler y para contratar un alquiler siempre que se cumplan las obligaciones tributarias”. “Va a quedar un vacío legal, la gente no va a saber a qué atenerse, no lo van a saber los que ponen en alquiler sus pisos ni los que los contratan. Ni es prudente ni procede en una situación como la de ahora, en la que mucha gente alquila sus pisos porque lo necesita económicamente”, defiende Fernando López Romero, responsable de asuntos económicos de Ceaccu.
El experto en mercado inmobiliario José Luis Ruiz Bartolomé también critica esta medida, que ve contraria al espíritu que precisamente pretende impulsar la norma: facilitar los alquileres. “Huele a lobby hotelero”, asegura.
Para Almudena Ucha, directora general de Rentalia –un buscador de casas de vacaciones–, el cambio “perjudica a un gran número de propietarios”. “Provocará que la misma vivienda con las mismas condiciones de habitabilidad pueda ser registrada en la oficina de Turismo de una Comunidad Autónoma pero no pueda en otra”, explica.
“Defendemos que exista una regulación única del sector, y que esté enfocada a asegurar la calidad y el registro de los alojamientos turísticos, pero no podemos apoyar una reforma que supondrá una limitación de los derechos de los propietarios de viviendas. El alquiler de casas de vacaciones es una alternativa más dentro de la oferta de alojamientos temporales, y que supone la opción preferida por muchos viajeros principalmente extranjeros. El turismo en España vive un momento de contracción de la demanda interna y este tipo de medidas solo consiguen que los turistas tengan menos alojamientos entre los que elegir a la hora de plantearse unas vacaciones”, asegura Ucha.