El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el Real Decreto Ley que permite al Estado asumir una posición de control en la Sareb, conocida popularmente como banco malo. La norma, que entra en vigor este jueves, incluye más detalles sobre el cambio de estatus de esta sociedad que absorbió el ladrillo tóxico de la banca rescatada en 2012 y que ha provocado, casi una década después, que el Estado haya tenido que engrosar su deuda pública en 35.000 millones de euros. La principal cuestión que figura en la norma aprobada esta semana en el Consejo de Ministros es que, como ocurriera con Bankia, la Sareb seguirá siendo privada y no formará parte del patrimonio del Estado aunque este tenga el control del accionariado.
Lo que hace la nueva norma es corregir la de 2012 que creó la Sareb para permitir que el Estado, a través del fondo del rescate bancario (FROB), pueda superar el 50% de las acciones, algo que no era posible hasta la fecha. El Gobierno toma esta decisión después de que en marzo del año pasado se constatara, tras la obligación por parte de Eurostat, que la deuda que queda pendiente en el banco malo —35.000 millones de los 50.000 millones iniciales— es pública, ya que estaba respaldada por el Tesoro. También afecta el fiasco de esta herramienta llamada a limpiar los balances de los bancos afectados al déficit del Estado.
El FROB, accionista también del 16% de CaixaBank tras la absorción de Bankia, tiene el 45,9% de las acciones de Sareb, mientras que el resto está en manos del sector privado, tanto bancos (salvo BBVA) como aseguradoras. Con la nueva norma, se podrá superar el 50%, en una operación que el Gobierno defiende que no conllevará nuevos desembolsos ya que se hará con precios testimoniales. Pese a que esto supone, de facto, que el Estado controlará la sociedad, quiere evitar convertir a la Sareb en una empresa pública. “Se prevé que el FROB pueda llegar a una posición mayoritaria en el capital de Sareb sin que ésta adquiere la condición de sociedad mercantil estatal”, señala el preámbulo del Real Decreto aprobado el martes. “La sociedad se mantendrá sometida al ordenamiento jurídico privado”, subraya.
Esta situación recuerda a la de Bankia. También en 2012, el FROB desembarcó en el capital de la entidad bancaria y se hizo con la mayor parte del capital. Esta participación se redujo hasta el entorno de un 62% del banco, que nunca operó como una entidad pública. Sus propios gestores, con José Ignacio Goirigolzarri —hoy presidente de CaixaBank— a la cabeza, eludían esa posibilidad y funcionaron con independencia. El FROB, de hecho, ni formaba parte del consejo de administración.
La justificación que da el Gobierno para que la Sareb siga en el ámbito privado y no se convierta en una sociedad mercantil del Estado se basa en que se busca “garantizar que la potencial toma de control no suponga un cambio en su capacidad de actuación como instrumento de resolución”. Considera el Ejecutivo que es la mejor manera de que cumpla con sus objetivos de desinversión paulatina de los activos que tiene en su cartera procedentes de la crisis financiera.
El Real Decreto, sin embargo, sí habilita al Estado a controlar los salarios de la cúpula de la Sareb. Este tema ha sido en el pasado polémico en el seno de la sociedad que, aunque no era pública, sí que tenía al FROB como principal accionista. El asunto llegó al Congreso en preguntas parlamentarias, aunque el Gobierno, entonces del PP, las despachó justificando que los altos salarios de la sociedad —una media de 105.000 euros— correspondía a las remuneraciones del sector financiero e inmobiliario. Esa media entre costes de personal y número de empleados se ha moderado hasta los 94.000 euros. En el último ejercicio con las cuentas publicadas, 2020, el entonces presidente de la sociedad, Jaime Echegoyen, cobró 375.375 euros, aunque en algunos ejercicios su salario se acercó a los 500.000 euros. Echegoyen fue relevado en 2021 por Javier García del Río.
El Gobierno, de este modo, asimilará la remuneración de los altos cargos de la compañía a la de otras empresas estatales, inferiores a las que venían cobrando hasta la fecha. “Se considera necesaria y urgente la sujeción de las políticas remuneratorias de la compañía al principio de eficiencia presupuestaria”, señala el Real Decreto. Aunque se da tres meses a la Sareb para que se adapte a su nueva realidad societaria, el Ejecutivo hace que este apartado sea una realidad desde el mismo día en que entra en vigor la reforma de la norma, este jueves.
Cuestión de semanas
Por el momento no hay un plazo fijado para que el Gobierno comience a ejecutar la operación para asumir el control de la entidad. El Gobierno no busca hacerse con el 100% de las acciones, sino que el objetivo es superar el 50% para controlar la toma de decisiones. Actualmente tiene el 45,9%, por lo que precisa poco más del 4% para superar esa barrera. Fuentes del sector señalan que, aunque no existe urgencia por acometer estos traspasos, es cuestión de las próximas semanas.
El Ejecutivo pretende que esta operación no suponga un mayor coste para las arcas públicas, de ahí que se hable del precio “testimonial” de un euro. Al tiempo, las citadas fuentes del sector confían en que se puedan compensar fiscalmente la mayor parte posible de las pérdidas que han sufrido, y así amortiguar el impacto de estas operaciones. Este sería, apuntan, el asunto a negociar entre el Gobierno y los accionistas. Además del FROB, son accionistas de Sareb Banco Santander (22,3%), CaixaBank (12,24%), o Sabadell (6,6%). El resto de accionistas quedan por debajo del 3%. Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos descartan que se vaya a intentar alcanzar el 100% en esta toma de control.
El cambio de status para la Sareb llega más allá de la propiedad o del control de los salarios. El Gobierno explica en el Real Decreto que se habilita al banco malo para ceder viviendas a entidades públicas o entidades no lucrativas, “incorporando así la utilidad social dentro del objetivo de optimización de valor”. De este modo, se pretende “reforzar” una serie de cesiones que se habían producido en el pasado dentro de la política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la Sareb, convirtiéndola en una línea dentro de la estrategia. Organizaciones sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o partidos como Unidas Podemos han reclamado en el pasado que las viviendas propiedad de la Sareb pasasen al parque público de viviendas y sirvieran para alquileres sociales.
El decreto también modifica algunos aspectos formales de la Sareb. Por ejemplo, desaparece la comisión de seguimiento de la entidad. Esta comisión estaba formada por representantes de Asuntos Económicos, Hacienda, la CNMV o el Banco de España y controlaba que se cumplieran los objetivos estratégicos de la sociedad. “El seguimiento de la actividad de la sociedad y la comprobación del cumplimiento de sus objetivos se realizará directamente a través de los órganos de control de la sociedad” tras la toma de control por parte del FROB, apunta el Real Decreto.
Además, las decisiones del FROB sobre la gestión de las acciones, participaciones, etc. las tomará su comisión rectora en una composición reducida —sin el Banco de España y la CNMV—, con el objetivo de evitar “la participación de los supervisores en las decisiones estratégicas y corporativas de una entidad supervisada”. Estas decisiones serán tomadas por una comisión compuesta por la presidenta del FROB, Paula Conthe, tres representantes de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos y dos del Ministerio de Hacienda.