El Gobierno mantiene entre sus planes la puesta en marcha de un nuevo sistema de financiación de las carreteras, que contemple el pago por uso. Un sistema que debe contar con consenso político, que permita su aprobación en el Congreso, también social y con los distintos operadores del sector, según han indicado fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Este sistema va en paralelo a la Ley de Movilidad Sostenible, cuyo anteproyecto ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. El texto abre ahora su fase de consulta pública, que el Gobierno prevé dure un par de meses, para que llegue a las Cortes antes de que acabe el año y la Ley esté aprobada antes de que concluya 2023.
Este texto es un compromiso con Bruselas, para la recepción de los fondos europeos, y no recoge como tal el cobro por uso de las carreteras, pero sí se contempla su puesta en marcha.
Diferentes alternativas
En concreto, el Anteproyecto “faculta al Gobierno a realizar un estudio de alternativas para establecer un mecanismo de financiación que permita garantizar los fondos necesarios para el correcto mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado”, cuyo déficit, en el mantenimiento de las vías, el Ministerio calcula en unos 8.000 millones de euros.
“El texto no define ni concreta ningún modelo, y además establece que el mecanismo que se plantee deberá tener en cuenta criterios de equidad territorial, seguridad vial y sostenibilidad ambiental”, indican desde la cartera encabezada por Raquel Sánchez. Y, de nuevo, apuntan que el sistema “buscará un amplio consenso social y político y se ajustará a las circunstancias económicas”.
Pero que esté recogido en el Anteproyecto como una opción no impide que esta ya esté sobre la mesa, analizándose. “El Ministerio ya ha empezado a trabajar en las ideas iniciales del estudio de distintas soluciones”, indican las citadas fuentes.
Un planteamiento que ya se hizo en la mesa de negociación con los transportistas en diciembre, para frenar la huelga previa a Navidad. “Va a haber el debate, será participativo y se van a buscar consensos. No se va a esperar a que esté la Ley”, añaden. En cambio, no desglosan qué planteamientos o alternativas están barajándose.
Compromiso con los transportistas
Además, si se pone en marcha recogerá que los transportistas puedan trasladar el coste al precio final que cobran a sus clientes.
“Mantenemos el compromiso con los transportistas, que son el eslabón más débil, con menos capacidad de negociación en la cadena”, indican desde el Ministerio. “Tienen poca capacidad de trasladar a precios los costes de producción, cuando les toca trabajar perdiendo dinero tenemos un problema económico y social”, añaden.
Por ello, añaden, si se incluye un nuevo coste en el sistema, la manera de equilibrarlo es que sea obligatorio que los transportistas puedan trasladarlo.
Tasas en las zonas de bajas emisiones
El anteproyecto de Ley también abre la puerta a los ayuntamientos a activen tasas por circular en zonas de bajas emisiones contaminantes.
De esta forma, los ayuntamientos tienen la opción de poner en marcha una tasa de “circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones”. Pero será cada administración la que decida y aplique sus competencias.
“Para crear esta tasa es necesaria una habilitación con rango de ley, lo que permite garantizar que las condiciones básicas sean homogéneas en todo el territorio, aunque cada municipio podrá decidir si implementa la tasa o no”. De momento, indican desde el Ministerio, Barcelona es uno de los consistorios que ha mostrado su interés en poner en marcha una tasa de estas características.