Tras indemnizar a ACS y su socio Dundee Energy con 1.350 millones de euros por el cierre del fallido almacén de gas Castor y abonarles 300 millones más el año pasado, el Gobierno reclama ahora 3,6 millones a los promotores del proyecto por “vicios, defectos y faltas” en la infraestructura, según recogen las últimas cuentas de Escal UGS, concesionaria del depósito submarino clausurado en 2014.
El Real Decreto-Ley que en octubre de ese año indemnizó a Escal por el cierre del almacén determinó que sus socios serían responsables de “eventuales vicios o defectos en su ejecución” durante diez años.
La primera reclamación llegó en julio pasado. La Dirección General de Política Energética y Minas, actual Ministerio de Energía, abrió un “procedimiento de reclamación de responsabilidad” basado en informes de Enagás, responsable de su hibernación, para exigir los citados 3,6 millones: 1,1 millones por “deficiencias”; 1,475 millones por “mejoras en caso de una hipotética vuelta al estado operativo”; y 1,115 millones, por “discrepancias en el cierre de garantías entre Escal y Enagás”.
La reclamación supone un 0,21% de los más de 1.650 millones que ACS y su socio canadiense han cobrado desde el cierre del almacén a cargo de los consumidores de gas. Ambos recibieron el año pasado otros dos pagos millonarios que suman 300.147.682 euros. El último y más importante, 295.585.814 euros, adelantado en febrero por El Confidencial, corresponde a la compensación reconocida en noviembre de 2015 por el entonces Ministerio de Industria en concepto de “retribución financiera” e “inversiones y costes de operaciones y mantenimiento” desde julio de 2012, fecha del acta provisional de puesta en servicio, hasta octubre de 2014.
De esa cifra, 253,3 millones correspondían a retribución financiera y otros 42,3 millones, a costes de operación y mantenimiento, según Dundee, que en septiembre esperaba cobrar el 75% de esa cifra a finales de 2016.
Así ha ocurrido. La compensación no podía hacerse efectiva hasta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cerrase la liquidación definitiva del sistema gasista para el ejercicio 2014. La Sala de Supervisión Regulatoria de Competencia la aprobó el pasado 24 de noviembre. El pago fue reconocido por la Dirección General de Política energética y Minas el 17 de Noviembre de 2015 en una resolución que no se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ni en la web del Ministerio de Energía.
Su contenido trascendió parcialmente tras una reclamación de El Confidencial al Portal de Transparencia. La compensación estaba recogida en el artículo 4.3 del Real-Decreto Ley que oficializó el rescate del Castor. La liquidación definitiva del gas para 2014 tampoco está disponible en la web de la CNMC.
Preguntado por este asunto, el Ministerio de Energía dice no saber qué parte de esos 285 millones cobró Escal el año pasado porque “corresponde a la CNMC efectuar las liquidaciones a cada agente del sistema gasista”. “Desde el Ministerio no sabemos por tanto cuándo se ingresan las cantidades al no ser nuestra esta competencia”, añade el departamento de Álvaro Nadal, que subraya que “las resoluciones por las que se aprueban liquidaciones a un agente concreto no son públicas, al contener datos confidenciales de la actividad económica de la empresa”.
Según fuentes del sector, el 75% de esos 285 millones, unos 213,8 millones, los ha cobrado en efectivo Escal tras la aprobación en noviembre de esa liquidación. El resto, 83.752.312,88 euros, ha ido a parar al déficit de tarifa del gas, que arroja la cifra récord de 1.025 millones de desajuste en 2014, frente a poco más de 300 millones en 2013. El incremento, según fuentes del sector, se explica en buena parte (unos 300 millones) por los costes del Castor. Escal UGS deberá financiar esos 83,7 millones en 15 años, el tiempo en el que los consumidores tardarán en devolvérselo, con intereses.
Escal quiere más
A Escal no le bastan esos 285 millones adicionales. El 20 de noviembre de 2015, presentó recurso de alzada ante Industria “al no estar en conformidad con las cantidades finalmente reconocidas”. Pedía 15.623.509 euros más, según se desprende de sus cuentas, en las que señala que, a septiembre de 2016 (cuando se firmaron) no había obtenido respuesta del ministerio. Escal también pide “la devolución de todos los avales sujetos a la concesión”, que a 31 de diciembre de 2015 sumaban 23.717.478 euros. ACS no ha respondido a las preguntas de eldiario.es sobre este asunto.
Esos más de 285 millones se suman a 4.561.868 euros que Escal cobró en marzo pasado, según sus cuentas. Fueron reconocidos por el entonces Ministerio de Industria en otra orden aprobada el 17 de diciembre de 2015, a tres días de las elecciones generales de ese año, “en concepto de costes de mantenimiento y operatividad de las instalaciones” por el periodo comprendido entre el 3 de octubre de 2014 y el 30 de noviembre de ese año, cuando Enagás se hizo cargo de la instalación.
En total, 300 millones abonados el año pasado, adicionales a la indemnización de 1.350 millones que la concesionaria cobró en noviembre de 2014 tras la decisión de “hibernar” la instalación después de una sucesión de terremotos en la costa de Castellón. Esos 1.350 millones por el “valor neto de la inversión”, que permitieron a la constructora y su socio cancelar una emisión de bonos de 1.400 millones, los pagarán los consumidores en sus recibos de gas, y con intereses, durante 30 años. La factura del rescate supera así los 1.650 millones, sin contar los intereses.
El cierre definitivo del Castor está pendiente de un informe encargado al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que se retrasa desde hace meses y que, según el Ministerio de Energía, todavía no ha llegado.
Sortear la quiebra
Esos nuevos pagos de 300 millones han permitido a Escal sortear la quiebra y hacer frente a un crédito por ese importe que vencía el 20 de diciembre y que la concesionaria del Castor firmó el 19 de noviembre del 2014 con el banco francés Natixis. Su finalidad era “financiar a la Sociedad el importe aún no abonado por la Administración permitiendo así la devolución de determinadas obligaciones financieras con empresas del Grupo”.
El préstamo estaba dividido en dos tramos y la mayor parte, 240 millones, estaba destinada a financiar préstamos de la propia ACS a Escal. En febrero de 2015, Dundee, que tiene el 33% de esa sociedad, lo impugnó y solicitó su anulación, por entender que esos 240 millones se utilizaron para financiar “exclusivamente” a ACS.
La intención de Dundee era llevar el caso a un arbitraje ante la Corte Internacional de París, pero en julio pasado la Audiencia Provincial de Madrid dictaminó que “el procedimiento deberá seguir los trámites legales habituales en lugar de ser sometido a arbitraje”, según Escal UGS. Los dos representantes de Dundee en el consejo de administración de Escal UGS se han negado a firmar las cuentas de 2015 “por disconformidad”.