El Gobierno y la patronal defienden en Europa el despido improcedente de 33 días frente a la demanda de UGT

El Gobierno, así como la patronal, han defendido en Europa el actual sistema de despido improcedente en España. UGT ha difundido este viernes de la postura del Ejecutivo y de los empresarios a la demanda presentada por el sindicato ante el Comité Europeo de Derechos sociales. En contra de lo defendido por la vicepresidenta Yolanda Díaz hace unas semanas, las alegaciones del Gobierno respaldan el actual sistema de despido en España y consideran que da acceso a una “indemnización adecuada”. La indemnización, de 33 días por año trabajado, fue aprobada por la reforma laboral del PP.

Las alegaciones del Gobierno, que ha consultado elDiario.es, defienden el actual sistema de una indemnización tasada con ciertos días por año trabajado, 33 días en el caso de los improcedentes. Entre sus argumentos, consideran que este modelo “exonera al trabajador” de “la carga de acreditar los daños efectivos” que le produce su despido.

El Ejecutivo reconoce en su escrito que la reforma del PP rebajó la cuantía de los 45 a los 33 días por año, pero no obstante argumenta que sigue teniendo un “mayor coste” que el procedente, de 20 días por año. Eso, sumado a otras medidas –como que se han aumentado algunos casos de despidos nulos– provocan que el actual sistema de despido sea “disuario” para los empresarios.

Por otro lado, de forma algo contradictoria, el Gobierno añade que el actual sistema es garantista puesto que los trabajadores ya están teniendo acceso a reparaciones mayores en algunos casos excepcionales donde así lo consideran los tribunales. Se refiere a las recientes sentencias que han elevado la indemnización a denunciantes aplicando precisamente la Carta Social por entender que la indemnización legal era insuficiente.

Diferencias en el seno del Ejecutivo

El criterio que ha mandado el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, es contrario a la postura que viene defendiendo la vicepresidenta y ministra de Trabajo. Yolanda Díaz se opuso hace unos días en el Congreso que exista una indemnización tasada y se inclinó por un sistema diferenciado, “reparativo” con el trabajador, en el que se tenga en cuenta sus circunstancias personales. Además, concluyó de manera clara que la legislación actual provoca que el despido sea “demasiado barato”.

Las alegaciones oficiales del Gobierno enviadas al Comité europeo son muy distintas. Rechazan de hecho expresamente un sistema con indemnizaciones diferenciadas según los casos, que argumentan que podría ir en contra de los trabajadores. “Asociar costes mayores de despido a ciertos colectivos respecto de otros provoca un problema de mayor dificultad de empleabilidad para colectivos que ya sufren de por sí, generando –o intensificando, en su caso– problemas de discriminación”, recoge el documento.

Desde el Ministerio de Trabajo responden que “las alegaciones corresponden al Ministerio de Justicia” y recuerdan que “la posición del Ministerio de Trabajo y Economía social es la que ha planteado la vicepresidenta segunda” en el Parlamento.

En UGT señalan que “las alegaciones son del Gobierno”, sin señalar a ningún ministerio por su autoría. Además, el vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján, ha recordado este viernes en una rueda de prensa que “Abogacía del Estado hay en todos los ministerios”.

Un debate para la próxima legislatura

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha instado a que este debate sobre el despido forme parte de las discusiones para las próximas elecciones, ya que ha reconocido que no dará tiempo a ser abordado en esta legislatura. El sindicato prevé que el Comité Europeo de Derechos Sociales se posicione en el caso de España a finales de 2023 o principios de 2024.

En este sentido, UGT urgirá a los partidos políticos a que se pronuncien y definan sus posturas sobre el despido, para que los trabajadores conozcan las posturas de unos y otros a la hora de decidir su voto.

Ante el 'no' del PSOE a recuperar la indemnización por despido de 45 días por año trabajado, en la votación de una moción presentada por ERC hace unas semanas, en el sindicato no han querido pronunciarse sobre si temen un viraje de los socialistas en este sentido. En el pasado, el partido ha defendido la derogación de la reforma laboral del PP, que abarató el despido improcedente y facilitó el procedente.

Pepe Álvarez ha insistido en que UGT reclamará una postura a todos los partidos y ha recordado que el punto de partida del sindicato para esta reforma es la legislación previa al mandato de Mariano Rajoy, en la que no solo había una mayor indemnización, sino también el derecho a salarios de tramitación, entre otras medidas.

De todos modos, la resolución del Comité Europeo “será ley”, ha recordado Pepe Álvarez y España se verá obligada a cumplir con su dictamen. Si concluye que el sistema de despido no cumple con la normativa europea, como ya ha resuelto en Italia y Francia, se abrirá paso a una reforma que el sindicato espera que se canalice a través del diálogo social.