Nueva negociación para prorrogar los ERTE. El Gobierno, sindicatos y empresarios afrontarán en los próximos días el diálogo para intentar acordar la continuidad de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por la pandemia, cuyo actual mecanismo y condiciones terminan el 31 de enero. En estos momentos, todavía hay unos 750.000 trabajadores acogidos a estos expedientes.
La primera reunión para abordar el futuro de los ERTE por la COVID-19 está fijada este 8 de enero, como adelantó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Las sucesivas prórrogas acordadas entre el Ejecutivo y los agentes sociales han apurado los plazos de negociación, cada vez más compleja. En la última, los empresarios mantuvieron la presión hasta última hora, con un acuerdo alcanzado 'in extremis' poco antes de que terminara el plazo de vigencia de los expedientes.
Para dar “certidumbre” a empresas y trabajadores, la ministra de Trabajo pidió a los agentes sociales que intenten llegar a un acuerdo antes del 15 de enero, aunque destacó que hay que respetar los tiempos del diálogo social.
Los últimos datos publicados por el ministro José Luis Escrivá, del 22 de diciembre, apuntaban que hay algo más de 750.000 trabajadores en ERTE, una cantidad que va cambiando. El dato está muy alejado respecto a los 3,4 millones de personas que llegaron a estar acogidas por este mecanismo de suspensión o reducción de empleo en los peores momentos de la pandemia.
Habrá prórroga, pero hay que definir las condiciones
Yolanda Díaz y José Luis Escrivá son los responsables de los dos ministerios que se sientan con los agentes sociales a definir la continuidad de los ERTE. Ambos ministros han expresado que no está en duda la prórroga de este mecanismo de “hibernación” del empleo, que ha logrado evitar una gran destrucción de puestos de trabajo. Díaz y Escrivá han repetido que continuará “mientras sea necesario”. Sin duda, es más allá de este 31 de enero.
La clave, más allá de determinar el próximo plazo de vigencia de los ERTE, consiste en definir de qué manera van a continuar, si mantendrán sus condiciones, se modificarán o se limitarán.
El sistema de ERTE que ha funcionado desde octubre desplegó diferentes tipos de expedientes de regulación temporal de empleo, en función de distintas situaciones, y sectorializó por primera vez el sistema, con una lista de actividades consideradas por defecto “especialmente afectadas” por la pandemia. Se crearon por ejemplo dos modalidades de ERTE por rebrotes en función de si obligan al cierre o la limitación de la actividad de la empresa y se acordaron ayudas a las empresas en la cotización que, en el mejor de los casos, alcanzaban el 100%. Para los trabajadores afectados por los expedientes se mantuvo la cuantía de la prestación de desempleo (del 70% de la base reguladora) y el llamado 'contador a cero'.
Los sindicatos y las patronales mayoritarias coinciden en la petición de que los ERTE se mantengan hasta que concluya esta situación excepcional de la pandemia, que parece tener un horizonte más cercano con el inicio de la vacunación. La patronal CEOE pidió recientemente que se mantuvieran los ERTE y las ayudas a los autónomos, que también caducan este 31 de enero, “adaptándolas en plazos y condiciones y simplificando los procedimientos”.
Mientras que en UGT piden que la prórroga sea “sine die”, en CCOO apuntan que lo más relevante es el compromiso de su mantenimiento por parte del Gobierno. Así, no creen que sea un obstáculo para la negociación si de nuevo se decide prorrogar por “tres o cuatro meses”, mientras exista la garantía de que los ERTE se mantendrán pasado ese plazo si siguen siendo necesarios.
Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO, destaca que el último sistema acordado es una “buena referencia” para negociar el mecanismo que continuará a partir de febrero. “Creemos el acuerdo de septiembre intentó cubrir todas las posibilidades que se podían dar y ahora podemos mejorarlo con algunas cuestiones que se han ido corrigiendo sobre la marcha”, explica, sobre elementos que han requerido de interpretaciones de la Dirección General de Trabajo y que ahora deberían clarificarse en el nuevo decreto.
Los empresarios hasta el momento han tenido dos batallas principales: mantener lo más altas posibles las exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social de las compañías en ERTE e intentar acabar con la cláusula de mantenimiento del empleo de seis meses tras un expediente, así como el veto a los despidos objetivos.