El Gobierno ha aprobado hoy la reforma bancaria que permitirá acceder al consejo de administración de un banco a una persona con antecedentes penales siempre y cuando el Banco de España dé el visto bueno a su “honorabilidad”. La medida anunciada hoy tras la reunión del Consejo de Ministros beneficia directamente al consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, condenado en firme por una denuncia falsa.
Alfredo Sáenz fue parcialmente indultado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mientras estaba en funciones para eliminar de su expediente los antecedentes penales, aunque dicha decisión fue anulada por el Tribunal Supremo.
El texto recoge que para definir la honorabilidad de la persona objeto del nombramiento se deberá valorar si se ha sido condenado por la comisión de delitos dolosos y la sanción por la comisión de infracciones administrativas. Para “valorar” esta condena se deberá estudiar si el posible cargo tiene una sanción en firme y de qué gravedad, si los delitos son contra terceros, el tiempo transcurrido, la existencia de “atenuantes” o la reiteración de condenas.
Una vez que se tiene toda esta información, la comisión de nombramientos deberá comunicar su decisión al Banco de España con la información completa que deberá dar el visto bueno en el plazo de diez días. En definitiva, se estudiará más a fondo el pasado penal de los miembros de las cajas pero no se excluye por completo la posibilidad de que un condenado llegue a ser nombrado si se encuentra la justificación para ello.
La honorabilidad se exigirá también a los directores generales y aquellos trabajadores que tengan cargos “clave en la entidad”. En el caso de que un consejero o alto cargo ya nombrado incurriera durante el desempeño de su cargo en alguna falta a la honorabilidad, se deberá comunicar el cambio al Banco de España en un plazo máximo de dos semanas.
Además, se estudiará también la competencia profesional y los conocimientos financieros de los cargos nombrados. Por esta vía se quieren evitar situaciones como las que han llevado a muchos consejeros a asegurar que no tenían los conocimientos suficientes como para desempeñar correctamente sus cargos. Para evitar “errores del pasado”, según Economía, se impondrá que la mayoría del consejo tengan estos conocimientos.