El Gobierno ha planteado a los ayuntamientos que puedan gastar una parte del superávit que han acumulado los últimos años y que permanece inmóvil en los bancos porque la legislación sobre estabilidad que se aprobó durante la anterior crisis les impide gastarlo. El Ministerio de Hacienda ha trasladado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una propuesta de acuerdo en el marco de las negociaciones que mantienen desde hace semanas que pasa por que los consistorios que tienen ahorros se los presten al Estado, que se lo devolverá en forma de ingresos no financieros para que los puedan invertir en cuestiones relativas a agenda urbana (vivienda, sostenibilidad de las ciudades, etc.), cuidados y cultura. La jugada permitiría a los consistorios disponer de 5.000 millones de euros –del total de 14.000 que tienen ahorrados– entre este año y el que viene. El resto se les reintegraría en un plazo de diez años que empezaría a contar en 2022.
La solución que Hacienda ha hecho llegar a la representación de las corporaciones locales permite a los consistorios invertir el remanente de tesorería que tienen inmovilizado en las entidades bancarias sin incurrir en déficit, algo que tienen prohibido según la norma de estabilidad de Cristóbal Montoro y el artículo 135 de la Constitución que se modificó en 2011. El Gobierno busca calmar a los regidores, que están en pie de guerra y amenazaban incluso con movilizaciones, incluidos algunos socialistas, porque reclaman poder gastar la totalidad del dinero que tienen ahorrado.
“Los ayuntamientos y diputaciones provinciales y consejos insulares de Islas Baleares, realizarán aportaciones con carácter voluntario, que tendrán carácter de préstamo a favor de la Administración General del Estado (AGE)”, señala el primer punto de la propuesta que el departamento que dirige María Jesús Montero ha hecho llegar al presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero. “Con el recurso financiero obtenido, la Administración General del Estado realizará un ingreso no financiero para las entidades locales, por un importe que se determinará con arreglo a un criterio de proporcionalidad atendiendo a la aportación que cada entidad haya realizado a la constitución del préstamo a la AGE –reza el segundo apartado–. Este importe supondrá como mínimo el 35% de los fondos aportados al préstamo a la AGE, y se podrá incrementar hasta totalizar un importe de 5.000 millones de euros entre las entidades participantes”.
Los ayuntamientos podrían, por tanto, dar voluntariamente a las arcas públicas del Estado su remanente de tesorería –aquello que no pueden gastar en este momento de acuerdo a las normas de estabilidad–. En lo que queda de año y 2021, Hacienda se lo devolvería en forma de ingresos no financieros para que puedan invertirlo en servicios públicos asumiendo el déficit. Como mínimo recibirían en estos dos años 5.000 millones. El resto se reintegraría en un plazo de 10 años. “A través de esta fórmula, los ayuntamientos podrán hacer uso de su remanente de tesorería, podrán mejorar los servicios que ofrecen a los ciudadanos y colaborar en la tarea de reconstrucción del país tras la emergencia sanitaria”, señalan desde el Gobierno.
En concreto, los consistorios recibirían este año el 40% de ese dinero con un importe máximo de 2.000 millones de euros y en el próximo ejercicio, el 60% restante, es decir, 3.000 millones, según la propuesta a la que ha tenido acceso elDiario.es.
Fuentes gubernamentales señalan que esta propuesta permite a los consistorios gastar el remanente de acuerdo a las normas y sin incumplir a ojos de la UE las restricciones respecto al déficit al mismo tiempo que se inyecta liquidez en un momento que lo necesita la economía española ante la crisis que deja la pandemia.
Hasta ahora el Gobierno ha ido haciendo excepciones a la normativa de Montoro de 2012 que impide con carácter general gastar el superávit. Las dos últimas se han producido durante la pandemia: 300 millones para gasto social y posteriormente les permitió gastar el 7% en la compra de vehículos no contaminantes para los servicios públicos. Sin embargo, los alcaldes reclamaban una flexibilización para poder invertir sus ahorros al mismo tiempo que recuerdan que PSOE y Unidas Podemos llevaban en sus programas electorales acabar con la regla de gasto que asfixia a las corporaciones locales cumplidoras.
El acuerdo propuesto por Hacienda, que tendría que convertirse en un texto con rango de ley para ser aprobado en el Congreso, permitiría a los alcaldes gastar esos 5.000 millones en tres áreas: Agenda Urbana Española y Movilidad Sostenible (incremento de la oferta de vivienda de alquiler, planes de rehabilitación o construcción de carriles bici o peatonalización de calles, por ejemplo); sistema de cuidados de proximidad –con propuestas para el aumento y mejora de programas para mayores y dependientes, ayuda a domicilio y teleasistencia– y cultura (apoyar la programación cultural en un momento de debilidad del sector por la pandemia, políticas de apoyo al sector, creación de una red de infraestructuras culturales o la actualización digital de todas las instituciones culturales: bibliotecas, museos, casas de cultura, etc).
Además, el Gobierno atiende otra de las preocupaciones de los alcaldes: el agujero que les va a quedar en los servicios de transporte por los casi cuatro meses de parón en los que los medios públicos han seguido en funcionamiento sin apenas ingresos. La propuesta de Montero es un fondo de 275 millones para compensar el déficit extraordinario generado durante el estado de alarma, así como el que se produzca hasta final de 2020 por reducción de los ingresos por tarifa y costes extraordinarios por la COVID-19. “El Fondo se podrá ampliar a 400 millones siempre que se justifique y acredite la insuficiencia de la dotación inicial”, explica el Ejecutivo.
Igualmente, el Gobierno se compromete por escrito a buscar fórmulas para incluir a las corporaciones locales en el reparto de los fondos de reconstrucción que lleguen de la UE. La negociación en Bruselas es clave para la reactivación de la economía española.
El texto también incluye algunas medidas paliativas para los ayuntamientos con problemas de liquidez mediante préstamos –en el caso de aquellos que tengan remanente negativo– o transferencias con cargo al superávit de 2019 que excepcionalmente se considerarán inversiones financieramente sostenibles y no computarán como regla de gasto.
El PP ya ha adelantado que se opondrá a esa propuesta que el alcalde de Córdoba y miembro de la FEMP, José María Bellido, ha calificado de “chapuza” y “tomadura de pelo”. El regidor conservador ha asegurado que no tiene “constancia oficial” de esa oferta de Hacienda “ninguna constancia oficial”, pero rechaza tener que entregar el remanente para que “el Estado, graciosamente”, les devuelva “parte de ese dinero”, para que puedan “destinarlo a todas las necesidades” de los cordobeses, en este caso, informa Europa Press.
En términos similares se ha pronunciado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha tildado en redes sociales de “totalmente insuficiente” esta propuesta, al igual que lo ha hecho Jaume Asens, diputado de En Comú Podem. “Nos tienen ahogados”, ha señalado Colau, quien ha remarcado que “los ayuntamientos somos la primera trinchera para responder a la crisis social y punta de lanza de los avances democráticos”. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, por su parte, ha reclamado un “frente común” de los consistorios de Catalunya contra lo que ha calificado de “incautación”.